Domingo, 25 de febrero de 2018

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A preparar las lapiceras

Hace unos años recibí el informe anual de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Es un libro no muy extenso en el que resume su trabajo anual y que incluye artículos informes y cifras sobre transparencia en el Uruguay.

Ese libro es uno de los varios que los legisladores recibimos a fin de año de muchas reparticiones del Estado y que, hay que decirlo, a veces es aburrido leer.

Ese informe de la Jutep contenía afirmaciones muy duras contra el Parlamento y contra el Poder Ejecutivo.

Palabras más, palabras menos, la Jutep afirmaba que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo nos resistíamos a legislar y aprobar iniciativas contra la corrupción que se entendían vitales.

Lejos de enojarme por tal afirmación me pareció que era necesario superar esa omisión que, en forma certera, señalaba la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Por ello presenté el proyecto de ley que ella reclamaba y que crea el delito de enriquecimiento ilícito.

Junto con ello presenté otras tres iniciativas que iban en el mismo sentido: un proyecto que establece la no prescripción de los delitos de corrupción, otro que prohíbe a quienes ocupan cargos públicos dedicarse a otras actividades y un tercero que crea (y amplía) las figuras del arrepentido, el informante y el agente encubierto.

Luego de presentados estos proyectos de ley comprobé que la afirmación de la Jutep acerca de la resistencia del Parlamento Nacional a aprobar estas normas era correcta.

Solicité una y otra vez que se incluyeran en el orden del día de la Comisión del Senado competente y no he logrado que sean tratados.

Ello pese a que distinguidos Senadores del oficialismo afirmaron estar de acuerdo con más de uno.

En noviembre, luego de mucho batallar, aceptaron incluir el proyecto de ley que crea el delito de enriquecimiento ilícito en el orden del día pero no hemos logrado avanzar en su tratamiento puesto que siempre surge alguna iniciativa que se prioriza.

Hace unas semanas presenté un quinto proyecto que busca terminar con el nepotismo y la corrupción.

Es sencillo.

Prohíbe a los familiares de quienes ocupan cargos como el de Presidente, Vicepresidente, Senadores, Ministros, Diputados, Intendentes, Ediles, etcétera, ser designados en forma directa y sin concurso en el Estado.

Estamos presenciando un destape de casos que le hace daño al país y al sistema político. Un día si y otro también, nos enteramos de situaciones escandalosas.

Hijos, yernos, nueras, consuegros, parejas, novias, hermanos, primos y varios más del Presidente, Senadores, Diputados, Intendentes, Ministros, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y otros jerarcas, fueron designados en forma directa para trabajar en el Estado.

Varios Senadores y Diputados de todos los partidos se pronunciaron a favor del proyecto de ley, tal cual sucediera con los otros tres presentados hace ya varios años y que todavía esperan para ser tratados en la Comisión del Senado.

Queda poco tiempo de trabajo en el Parlamento.

Un año y medio con suerte, puesto que es difícil que el año que viene, en que habrá elecciones, se aprueben leyes.

Por ello entendí necesario hacer saber a los otros partidos que si no se aprueba rápidamente este proyecto de ley recurriré a un mecanismo constitucional para lograr que se convierta en una norma vigente en el país.

Lo presentaré a la ciudadanía para que se incluya como una de las incompatibilidades constitucionales que tienen los funcionarios públicos.

Para ello se necesita primero reunir una cantidad importantes de firmas de ciudadanos, lo que podremos hacer este año, y luego someterlo a plebiscito junto con la elección nacional de octubre del año que viene.

Los tiempos apremian puesto que habría que reunir las firmas este año pero estoy seguro que los uruguayos, todos y más allá de partidos políticos, están de acuerdo en terminar con la corrupción y la falta de transparencia.

Junto con esta iniciativa se pueden incluir otras como la del Senador Lacalle Pou de limitar los fueros  de los legisladores y la del Senador Mieres de terminar con varios excesos en las empresas públicas.

La señora Vicepresidente de la República, Lucía Topolansky, se enojó conmigo esta semana. Dijo que no estaba de acuerdo con que al Parlamento se le pongan plazos y entendió que esto era una amenaza.

No entendió.

Recurrir a un procedimiento previsto en la Constitución nunca es una amenaza sino la utilización de un derecho que tenemos todos los ciudadanos.

Expresar que se utilizará el mismo si el Parlamento no aprueba rápidamente el proyecto de ley no es ponerle plazo a este.

Es sencillamente actuar en forma leal advirtiendo el camino que se seguirá y que no se tolerarán las chicanas de hacerlo dormir en una comisión sin incluirlo en el orden del día.

También y sobre todo, es evitar la omisión que señala la Jutep.

Esa que dice que el Parlamento y el Poder Ejecutivo se resisten a aprobar normas contra la corrupción.

Dada la respuesta pública de la vicepresidente, ya estoy preparando las lapiceras.

Pedro Bordaberry

Autor: Pedro Bordaberry

Abogado, Senador, 57 años.

  • Gualdemar Gutierrez

    Estimado Dr. siempre es difícil hacer cambios de este tipo. Reconozcamos que esta situación no es nueva, ahora que debo reconocer que el gobierno de turno ha hecho abuso del sistema, como es su costumbre. Porque convengamos que no esta prohibido. Muchos sistemas, o procedimientos como este, han sido dejado abierto apelando a la ETICA de la autoridad encargada de las designaciones o ingresos. Normalmente no queda registro… simplemente son ordenes verbales… alguien hace el papeleo y solo firma como cualquier tramite, como un descuido. Muchas veces es difícil asociar el nombre con el jerarca (SENDIC, le suena). La ley que UD propone seguramente intente hacer explicita esta OBVIA prohibición, PERO también le digo que hay que tener cuidado de no hacer el remedio peor que la enfermedad. Estoy convencido que todo JERARCA requiere PERSONAL de CONFIANZA para estar a su lado, y perfectamente puede ser un familiar. Entonces habría que tomar en cuenta, un LIMITE en número a estos cargos de confianza, y que MUERAN con el TITULAR que los convocó. Para otros cargos públicos Ud tendrá otras opciones, porque le aseguro que HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA. Los CONCURSOS… ya pueden presentarse para el abuso. Aún en un trabajo no estatal, el CONOCIDO tiene puntos a favor, y en el Estado no hay diferencia porque es un tema humano. RESUMIENDO: (1) personal de confianza será al CARGO que ocupa la persona que lo convoca y TODOS cesaran cuando el Jerarca abandone el CARGO, el numero de personal de confianza sera definido en la Lex; (2) hacer HERMETICO, o CORRUPTION PROOF, el ingreso de cualquier personal al Estado. Atentamente.

  • Javier Robles

    Estimado Pedro, creo que eres de los mejores legisladores que ha dado el pueblo al parlamento en los últimos 30 años.
    Me siento representado cabalmente en casi todos tus proyectos de ley. Sin duda. Sin embargo, en este último acerca del nepotismo . . . me rerpesenta en cuanto a la preocupación, pero la prohibición sin cortapisas no termina de convencerme. Lei el comentario de Gualdemar Gutierrez . . . me parece más atinado . . . número limitado de cargos de confianza y que indefectiblemente finalicen con el mandato del jerarca.
    A su vez, habría que legislar qué niveles de jerarquía deberían ser “cargos de confianza”, porque sin duda alguna debe existir el funcionario de carrera que pueda estar capacitado para desempeñar la tarea.
    Me pregunto, sinceramente . . . . ¿cuál es la razón que determina que un funcionario de carrera no pueda ser director de división (por ejemplo) y que sea imprescindible que sea “puesto a dedo” por el jerarca político de turno? Es muy evidente, por ejemplo, en el caso de Director de Hospital . . . ¿o no es evidente?
    Parece muy claro en las divisiones administrativas y de gestión de las intendencias.
    ¿Por qué las autoridades de turno tienen esta potestad de transformar en cargo de confianza los cargos de gestión?
    Por último, me sumo a la lista de quienes creemos necesario que sigas en el parlamento.Y por ello, pido respetuosamente que reconsideres y desde ya me pongo a disposición para participar.
    Saludos

  • Winston Puñales

    Estimado Senador:
    Creo poder tener certeza que para la redacción definitiva a
    ser sometida a firmas, sabrán considerar las opiniones que han empezado a ser
    vertidas.
    De mi parte aporto que la incorporación de lo medular de la
    iniciativa de limitación de fueros del Senador Lacalle puede hacer mucho por la
    iniciativa, al hacer palpable la posibilidad de control ciudadano de algunos
    excesos. Como lo esencial del proyecto del Diputado Goñi referido a la ética de
    la función, o de la iniciativa del Senador Mieres. Si se logra no extenderlo o
    caer en casuística, para que resulte definitorio al votante común.
    Asumo que alguien podrá encontrar chicanas y atajos para
    intentar eludirlo. Pero que la determinación ciudadana y la posibilidad de
    control existan puede ser valorado como un gran paso en la dirección necesaria.
    Con respeto, me sumo a quienes le han pedido y piden que
    reconsidere su decisión previa. ¿Va a plantear este desafío?, que hablen los
    votos.

  • Martín García da Rosa

    La Sra. Vicepresidente Topolansky nunca ha entendido ni entenderá jamás el normal ejercicio de los instrumentos democráticos en un escenario republicano. El Mujicato es la muestra más inequívoca y patética de lo que ocurre cuando los iluminados “vivos” llegan al poder a concretar la utopía por la que murieron muchos inocentes. Puede quedar tranquilo el Senador Pedro Bordaberry que ya están prontas las lapiceras.