Martes, 26 de abril de 2016

MENU

Aborto: “la clandestinidad de la práctica todavía existe”

El Telescopio conversó con la Directora de Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), Lilián Abracinskas, quién señaló que de acuerdo a las cifras que ha ido emitiendo el Ministerio de Salud Pública (MSP) “hay un aumento anual, entre un 20 y un 30 por ciento, del registro de abortos legales. Lo que no significa que haya más abortos hoy, que es legal, que cuando no lo era”. Además, con respecto a los objetores de conciencia, dijo preferir “que no intervengan en el proceso porque a la hora de la consulta nadie puede garantizar que no intenten interponer sus sistema de valores e influenciar a la mujer”. Por último, criticó “la mercantilización de la salud y la concepción de que el acceso a un servicio depende del costo de tu bolsillo”.

 

aborto3

Foto: Facebook Lilián Abracinskas

¿Ha habido un aumento en la cantidad de abortos a partir de la legalización?

No, lo que se registra es un incremento de abortos legales. De acuerdo a las cifras que ha ido emitiendo el Ministerio de Salud Pública (MSP) hemos visto que hay entre un 20 y un 30 por ciento de aumento, cada año, del registro de abortos legales. A grandes rasgos son 6700 abortos legales en 2013, 8500 en 2014, y si bien las cifras del 2015 están hasta octubre, si uno las proyecta andarán alrededor de los 10.000. Aproximadamente en los tres años son un total de 25.000 abortos legales.

Estas son cifras que distan mucho de las estimaciones que se habían hecho cuando el aborto era ilegal, que se calculaban unos 16.000 y 33.000 abortos anuales. Por tanto no se puede afirmar que este incremento que se registran en abortos legales signifique que hay más abortos hoy que es legal, que cuando no lo era.

 

¿Cuáles serían las causas del incremento anual de abortos legales?

Entre otras cosas, que la gente va conociendo que estos servicios están disponibles. Tengamos en cuenta que esto sucede casi que por una comunicación personal porque no han habido estrategias de comunicación y difusión de estos servicios ni por parte de las autoridades, ni de las instituciones de salud que brindan los servicios.

Fue muy grande el debate público en relación a la ley pero después no estuvo acompañada por dispositivos de difusión sobre la misma. Hay que revertir mucho el estigma y la discriminación a la práctica. Muchas mujeres en situación de violencia no suelen ir a los servicios porque tienen mucho miedo de que no haya la suficiente confidencialidad sobre el motivo de la consulta y por tanto se sepa. Fundamentalmente en localidades chicas, donde eso es muy frecuente.

Lo que más pasa es que la gente se va enterando que estos servicios están y lo que hay es una mayor vinculación entre oferta y demanda.

 

El concepto de aborto o la decisión de interrumpir de forma voluntaria el embarazo aún están fuertemente estigmatizados. Está el marco legal que lo rige, pero sin embargo la sociedad sigue teniendo ciertas resistencias… 

Sí. Además, el texto de la ley tampoco apoya. La ley en Uruguay sigue manteniendo el concepto de aborto como delito, lo que hace es generar las condiciones para no aplicar la pena. Cuando una práctica tiene una calificación delictiva no ayuda porque sigue teniendo un peso en el valor social de las personas que lo realizan.

Tampoco una ley por sí misma, por su sola promulgación, genera el cambio legal. Acompaña a generarlo pero tiene que ir junto a otros dispositivos. No condenar moralmente a quien lo decide, no prejuzgar, no enfatizar en que un decisión reproductiva es más valorada que otra, esos cambios culturales llevan mucho tiempo. Más en sociedades donde el valor de la maternidad es casi como el valor de ser mujer. Cualquier mujer que decide no cumplir con el mandato tiene la sanción y eso todavía no se ha revertido.

 

¿Tienen datos de la franja etárea en la que mayormente se decide abortar?

La base de datos no está discriminada y se debe mejorar. La información que brinda el MSP refiere al total, cuántos en Montevideo y en el interior del país, en salud pública y sistema mutual. Todavía no hay  por franja etárea ni por edad gestacional en que se consulta. Hay que trabajar mucho con el sistema de datos para que efectivamente podamos tener mejores condiciones. Por una cuestión esperable, muy probablemente las que más recurran a la práctica sean las mujeres más jóvenes. Muchas veces, en Uruguay, lo podes cruzar con otros datos, lo que se llama la doble insatisfacción reproductiva; las mujeres pobres tiene más hijos de los que desearían y las mujeres de clase media o alta tienen menos de los que quisieran. En el caso de las que estudian o trabajan, suelen retrasar el inicio de sus decisiones reproductivas, porque en general es muy difícil acompasar la vida productiva con la reproductiva. Entonces, es habitual, y siempre fue así, que quienes recurran a las interrupciones no tengan un peso del entorno religioso muy condenatorio, tengan niveles educativos medios o altos u otros proyectos de vida.

 

A principios de marzo Amnistía Internacional denunció las trabas del marco legal que regula el aborto voluntario en Uruguay y entre ellas destacó el uso de la objeción de conciencia por parte de los médicos.  Un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló algunos artículos de ese decreto vinculados a la objeción de conciencia de los médicos, que ahora pueden negarse a participar en los procedimientos previos y posteriores. ¿Qué piensa al respecto?

Tengo una posición muy clara. Los profesionales que hicieron este recurso, mucho de ellos, son claramente identificables como los grupos opositores al aborto. A ninguno jamás se le impidió hacer el recurso de objeción de conciencia, no estaban interponiendo este reclamo porque alguno hubiese tenido alguna dificultad para objetar conciencia, lo hicieron fundamentalmente para complicar la implementación de la ley. Con esto tratan de que no hayan recursos profesionales suficientes para la puesta en práctica. Lo que reclamaron fue realmente absurdo, pero lograron su objetivo de derogar algunos artículos. De todas maneras, una cosas que quedo positiva es la obligatoriedad de hacer una objeción de conciencia por escrito y el hecho de reafirmar que ningún profesional puede interponer sus sistemas de valores en el proceso que la mujer tiene que cumplir para lograr tener un aborto legal.

 

aborto2

Foto: Facebook Lilián Abracinskas

¿Pero la objeción no contradice, en ese punto, la interposición?

No, la objeción lo que enfatiza, es lo que reclaman los profesionales, que es el derecho a la libertad de conciencia. Ahora hay una discusión sobre una ordenanza que organice estos artículos del decreto que han sido derogados. Hay una cuestión compleja y es que se habla de la objeción parcial. Es decir, que el profesional pueda participar para asesorar en el equipo interdisciplinario pero que después haga su objeción de conciencia para prescribir la medicación abortiva o para realizar un aborto.

Personalmente prefiero que si son objetores no intervengan en el proceso porque a la hora de la consulta nadie puede garantizar que no intente interponer sus sistema de valores e influenciar a la mujer. Ya de por sí el sistema tiene varias dificultades para garantizar el cumplimiento de la norma, con lo cual es casi imposible controlar que ningún profesional que ha hecho objeción de conciencia y que intervenga en el proceso, no trate de influenciar en la decisión. Por tanto considero que si es objetor, que no intervenga en ninguna parte del proceso sino que derive a aquellos profesionales que están dispuestos a cumplir con la ley y dar el servicio.

 

En las localidades de Young o Mercedes el 100% de los ginecólogos son objetores de conciencia, así como el 87 % en Paysandú, el 82 % en Soriano y el 43 % en Río Negro. ¿Cómo se encara esta situación desde la práctica?

 En la práctica se trasladan a las mujeres a las localidades donde hay profesionales que lo realizan. Es muy complicado, pero ha sido la manera de resolver que las mujeres puedan acceder al recurso. Esto es lo que hace sospechar de que todavía sigue existiendo un circuito clandestino al cual las mujeres recurren. Cualquiera sabe que en situaciones de salud cuando se te ponen obstáculos tratas de resolverlos por otro lado, y en este caso si tenes que trasladarte a una ciudad a 80, 100 kilómetros, o a veces hasta 500, porque las mandan directamente a Montevideo, cuando pasa eso es muy difícil asegurar que en esos obstáculos no se van perdiendo mujeres que desisten de esta ruta y terminan resolviendo comprar la pastilla de misoprostol en el circuito clandestino.

Se clandestinizó lo clandestino. En su momento todos sabíamos cuales eran las clínicas que hacían abortos. Cuando el debate fue mucho más publico muchas de esas clínicas cerraron y habían dispositivos que te pasaban a buscar en una camioneta por una esquina, que ni sabías a donde te llevaban para realizar la interrupción. Ahora como la práctica más común de abortos es por medicamentos, la venta de la medicación es muy difícil de controlar ilegalmente. La percepción, tanto de profesionales que hemos entrevistado como de la gente de diferentes localidades del país, es que muchas siguen recurriendo al sistema clandestino. Además hay que tener en cuenta que hay una cantidad de mujeres que quedan por fuera de la ley. Por ejemplo, las mujeres que son inmigrantes que no tengan un año de residencia en el país, la única manera de resolverlo sigue siendo en la clandestinidad, porque los servicios legales no las contemplan. Mujeres que estén transitando por un segundo trimestre, osea que se les paso las 12 semanas, salvo que sea una situación de violación que va hasta las 14 semanas, también van al circuito clandestino. Hay toda una serie de situaciones que permitirían aseverar que la clandestinidad de la práctica todavía existe.

 

¿A qué cree usted que en el interior haya más objetores de conciencia o mayor resistencia a la decisión de abortar? 

Montevideo tampoco está tan bien. En la Red de Atención Primaria de Montevideo de los servicios públicos hay un 50% de objetores. Las razones son varias, una de ellas es que no es una práctica legitimada académicamente. Por otro lado hay una cuestión de que es un acto médico sin valor comercial, o sea no se puede pagar por hacer abortos. Sin embargo, sí se pagan actos médicos por otras prácticas como pueden ser las cesáreas o partos. Entonces muchos profesionales se meten a realizar un servicio que no está legitimado, por lo cual no les da valor profesional y además pierden tiempo para hacer otras prácticas que sí están pagas. Por lo tanto, no tienen estímulo mayor para involucrarse en los equipos que realizan las interrupciones. Además, es obligatorio que si objetas conciencia lo haces en lo público y en lo privado. En Salto hay un ejemplo clarísimo, después del sistema de salud hay una clínica muy importante cuyos dueños son objetores de conciencia, entonces no dan ese servicio y tampoco contratan profesionales que no sean objetores. Esto desencadena que si el no ser objetor me coarta la posibilidad de un trabajo en lo privado, entonces prefiero objetar conciencia.

Nosotras estamos trabajando para que se quite todo acto médico y que no se pague un plus por nada. Si estás en tu horario de atención ¿por qué te van a pagar porque además hagas un parto, una cesárea o una radioscopía, si estás dentro de tu horario?. Nosotras estamos con la propuesta que se retire todo acto médico. Por ejemplo, Florida es un departamento que no paga acto médico ninguno, ni en lo público ni en lo privado. Esto desencadena que los profesionales no quieran ir a Florida a trabajar porque no se paga acto médico. Esto es una de las consecuencias de la mercantilización de la salud y de la concepción de que el acceso a un servicio depende del costo de tu bolsillo. Esto se debe erradicar, está la intención del sistema, pero la corporación médica es muy fuerte. Los profesionales y su corporación son los que determinan las condiciones en el que el sistema instala las prestaciones.

 

Los afectados terminan siendo siempre los mismos, la población más vulnerable y con menos recursos…

Siempre. La gente que está con mayor vulnerabilidad, todas estas complicaciones son las que principalmente afecta a este sector de la población. Gente con recursos materiales o simbólicos se traslada y tiene otras posibilidades como las ha tenido siempre. Lamentablemente hasta ahora no se ha podido revertir. Hay que seguir trabajando en eso.

 

A partir de la muerte de una joven en Maldonado, Mysu exige que se incorpore “las interrupciones del embarazo durante el segundo trimestre de gestación”. ¿en que quedó esta propuesta? 

Nosotras justo habíamos relevado la situación de Maldonado. Una de las cosas que tiene este departamento es que en ninguno de los lugares funcionaba todo el equipo que exige la ley. Entonces las mujeres tienen que ir de un lado a otro del departamento para completar el circuito. Otra cosa que detectamos, también en otros lugares del país, es que si bien la ley habilita el aborto en el segundo trimestre cuando es por violación, y sin plazo cuando hay riesgo de la mujer o mal formación fetal incompatible con la vida, casi que no hay registros de abortos realizados en el segundo trimestre. Además no se ha protocolizado adecuadamente por parte del Ministerio ni se ha mandatado concretamente como actuar en este período. Entonces nos parece que además, debe capacitarse a los profesionales para que tengan otras herramientas más que el aborto por medicamento. Que la mujer pueda elegir. En estos casos, estamos aspirando a que hayan otras posibilidades de aborto y además que se protocolice mejor las situaciones de aborto en el segundo trimestre.

 

Con todo este panorama, ¿que queda por hacer?

¡Todo! Queda mucho. En la implementación de los servicios garantizar dos cosas, universalidad y acceso, o sea que las mujeres tengan el mismo derecho sin importar en que lugar del país vivan, es muy injusto que si vivís en el campo o no residís en una ciudad capital, tengas que trasladarte para algo que es la prestación. Esto presenta el problema de recursos humanos insuficientes, no solo ginecólogos, sino trabajadores sociales y psicólogos. Lo otro es garantizar calidad de atención. Hemos encontrado maltrato hacia las mujeres que abortan, actitudes discriminatorias y estigmatizantes. Y en cuanto a la ley, hay que modificarla. Es tan engorrosa en sus procedimientos que realmente muchas veces hace que no se pueda implementar correctamente. Nada peor para una ley, que por sí misma, no se pueda ejecutar. Ya hay una iniciativa del diputado colorado, Fernando Amado,  que justamente propone algunas modificaciones para que efectivamente la ley pueda ser cumplida. Y por último, hay que trabajar mucho en difusión de derechos, en servicios y en el cambio cultural para que no se discrimine a las personas por este tema como por muchos otros. En el campo de la vida sexual y reproductiva, hay demasiados mitos, tabúes y enjuiciamiento a las personas, que debe ser revertido ya que tiene un peso particular en las mujeres.

 

 

Entrevista: Milena Santos

Admin Telescopio

Autor: Admin Telescopio