Domingo, 11 de septiembre de 2016

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Alur, Ancap, adelante.

Las decisiones tomadas esta semana sobre la subsidiaria de Ancap, Alur S.A., son una buena noticia.
El gobierno detuvo la aprobación de un convenio salarial con ajustes fuera de la realidad del país y removió al gerente general que los había autorizado.
Al removerlo se le hizo responsable de esa decisión que, evidentemente, no fue consultada con el directorio de Ancap ni, suponemos, con el directorio de Alur.
Decimos “suponemos“ porque el directorio de Alur está integrado por directores de Ancap.
Una decisión de esa envergadura tomada por un gerente sin consultar a los directores de la empresa amerita que sea removido.
Más cuando se suma a errores de Alur que motivaron renegociaciones de contratos hacia atrás que terminó pagando Ancap.
Alur S.A. es un caso paradigmático de las equivocaciones de las administraciones del Frente Amplio.
Todo se originó en una ley del año 2007 que estableció como obligatoria la mezcla de biocombustibles.
Una ley que fue cuestionada en Sala por el entonces Senador Isaac Alfie pero que fue aprobada con los votos del Frente Amplio y algunos otros legisladores.
Esa norma autorizó a Ancap a trasladar al precio de las naftas y demás combustibles el costo de la mezcla de biocombustibles.
Se dijo que ello era para promover el desarrollo del Uruguay y cuidar el medio ambiente.
En ese momento Ancap tenía dos caminos: meterse a producir los biocombustibles o promover que privados se los suministraran.
Optó por utilizar una sociedad anónima de su propiedad, Alur S.A., para producir desde el Estado los biocombustibles.
Le aseguró a Alur S.A. (es decir a ella misma) pagarle el costo de producción más un porcentaje de ganancia que trasladó al precio de los combustibles (es decir al ciudadano que los compra).
Esa suerte de monopolio a la inversa tuvo el efecto que en la mayoría de los casos estas decisiones tienen.
Alur S.A. se convirtió en una empresa ineficiente, más costosa que otra similar, y que nos cobra a los uruguayos los biocombustibles mucho más caros que en otros países.
Además fue una fuente de clientelismo político.
Repartió dinero en Bella Unión haciendo política pequeña, realizó ajustes de salarios más favorables que en otros sectores del Estado, pagó remuneraciones altísimas a sus directivos, y sólo en el año 2014 (año electoral) ingresó cerca de 100 nuevos empleados.
A eso le sumó costosas campañas publicitarias que, coincidentemente, tenían lugar en los años electorales o pre electorales.
Por todo ello lo sucedido esta semana es positivo.
Pero no alcanza.
En estos meses, luego de la actuación de la Comisión Investigadora y la remoción de los directores, Ancap logró revertir los resultados negativos de los últimos años. Esos que la llevaron a perder cerca de mil millones de dólares.
Sin embargo esto no debe llamarnos a engaños.
La reversión de las pérdidas se debe a que Ancap no bajó los precios de los combustibles como debió hacerlo ante la baja del precio internacional del petróleo.
Es decir los buenos resultados son fruto de un ajuste que está siendo pagado por los ciudadanos en el precio de los combustibles.
Si con un botón basta para muestra veamos que pasa con las empresas colaterales como Alur S.A..
Estas siguen arrojando, en su conjunto, pérdidas muy importantes. En el último ejercicio fueron 54 millones de dólares lo que perdieron.
Por ello llegó el momento de tomar decisiones más profundas.
De desprenderse de esas unidades de negocios que pierden mucho dinero, año a año, desde hace mucho tiempo.
Como, por ejemplo, los negocios del cemento o la cal que nos vienen costando 30 millones de dólares por año y que exigen nuevas inversiones millonarias para poder funcionar.
Hoy estamos pagando para vender cemento y cal.
Mientras lo hacemos los competidores ganan.
Por vender el mismo cemento y cal.
En esa área de la empresa también se removió al gerente. Pero con eso no alcanza.
También estamos pagando por mezclar biocombustibles en lugar de importarlos.
Por lo menos mezclemos menos, regalemos menos dinero a terceros y achiquemos esa pérdida que tiene el país.
Busquemos una salida lo menos traumática para los trabajadores pero hay que desprenderse de estos instrumentos fruto de políticas obsoletas y populistas.
Sobre estas pérdidas y cambios venimos advirtiendo desde el año 2013 cuando interpelamos al Ministro Lorenzo en el Senado.
Lamentablemente recién ahora y luego de haber perdido cientos de millones de dólares se toman decisiones.
Bienvenidas las mismas aunque lleguen tarde pero no nos quedemos sólo en remociones de gerentes. Hay que cortar esta sangría que nos priva de dineros que necesitamos para otras áreas prioritarias.
Lo sucedido nos lleva a una última reflexión.
En el fondo de todo esto existe algo mucho más profundo.
Es esa concepción que muchos pregonan, a nuestro juicio equivocadamente, hace tiempo.
Esa concepción de que sea el Estado el que haga todas las cosas. Ese desarrollismo forzado que se manifestaba en su momento en los monopolios estatales y empresas públicas que se dedicaban a actividades por las que perdían mucho dinero.
La senda por la que transitaban y algunos aún transitan cuando piden que vuelva el SOYP o el Frigorífico Nacional.
Hoy estos sesentistas se reciclaron en su accionar, pero siguen buscando lo mismo.
Antes exigían que sólo el Estado pudiera dedicarse a determinadas actividades en forma de monopolio.
Cuando los tiempos cambiaron y se probó que lo mejor era que el Estado tuviera competencia (como por ejemplo hoy sucede con la telefonía móvil o los seguros) cambiaron su estrategia pero no el fin que persiguen.
Dejaron de cuestionar públicamente la competencia en estas actividades. Competencia que está probado otorga a los ciudadanos mejores servicios y precios.
Cambiaron su estrategia y decidieron ir por la vía de los hechos. Desde las empresas públicas invirtieron millones y millones de dólares sin importarles si esa inversión daría resultados.
De esa forma, gastando millones sin importarles la rentabilidad, pretendieron quitar del medio a cualquier competidor.
Así, en lugar de desarrollar la competencia en la producción de biocombustibles o por lo menos poner como límite la paridad de importación, metieron millones y millones de dólares en Alur.
Así, pese a que con una fábrica de cemento alcanzaba para toda la producción nacional de la que tenían menos del 50% del mercado, metieron millones y millones de dólares en dos fábricas en Ancap y Cementos del Plata S.A..
Así, pese a que las dos empresas de telefonía celular, juntas, invertían 6 millones de dólares en publicidad, Antel invirtió más de 20 millones.
Así, pese a que se podía recurrir a habilitar el triple play y la inversión privada en fibra óptica, destinaron centenas de millones de dólares para asegurar de esa forma el monopolio de Antel.
A ello le sumaron normas en la ley de medios.
Es decir, por la vía de los hechos y de la inversión, perdiendo millones y millones de dólares, buscaron que el Estado fuera el único presente en estos sectores.
Hasta que la plata no alcanzó y quedaron a la vista los resultados ruinosos de esa estrategia de crear monopolios de hecho.
Al final del día el resultado fue el mismo que con los monopolios legales: pérdidas de millones de dólares que pagan los ciudadanos con el ajuste fiscal que se está aprobando.
Era lógico que así sucediera.
Estos caminos del Estado ocupándose de cosas de las que no tiene por qué ocuparse terminan en clientelismo, populismo e ineficiencia. Se traducen en las pérdidas que hoy está soportando Ancap.

Pedro Bordaberry

Autor: Pedro Bordaberry

Abogado, Senador, 57 años.

  • Andres Lacosta

    Sr. Pedro, no soy del partido politico, digamos que de ninguno, pero no cree usted necesario hay que “eliminar” el cancer del estado ? Hacer un estado mas liviando, que funcione correctamente, que sea bueno, que retribuya los impuestos a los ciudadanos? Es tan dificil bajar la cantidad de empleados publicos y que estos busquen otras fuentes laborales en el ambito privado? Por que si no crecemos en poblacion si crecemos en empleados publicos? Cuando avanzamos en tecnologia esto significa que se puede hacer mas y mejor con menos esfuerzo, con menos dinero, y con mejores resultados. Por que vamos a la contraria? Por que queresmo mas gente en el ESTADO si es un CANCER para la poblacion? Por que nadie plantea bajar los sueldos a los empleados publicos, bajar los sueldos a los Gobernantes ? Es inconstitucional? No se puede modificar la constitucion para beneficiar al pueblo? Cual es el sentido del Estado, de los gobernantes, de los empleados publicos si no existe pueblo ? Querer es poder me decia mi abuelo.