Miércoles, 1 de noviembre de 2017

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Armas de fuego e inseguridad: Mitos y realidad

“Uruguay tiene una tasa de 32 armas cada 100 habitantes”. “Hay más de 1.200.000 armas en poder de la ciudadanía”. “Por cada arma registrada legalmente hay otra ilegal no registrada ”. tweet

 

De donde surgen estas temerarias afirmaciones. 

La terrible frase, “Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad”, en algunos casos parecería que puede ser una realidad.

Una de esas tantas falacias, repetida una y mil veces, y que resulta reincidente, en nuestro país, refiere a señalar que “en el Uruguay hay más de 1.200.000 armas en poder de la población civil”.

En efecto, se asevera desde hace tiempo e incluso en forma enfática y reiterada que “por cada arma legal registrada, hay otra no registrada, resultando en un total de 1.200.000 armas en un país de 3 millones y medio de habitantes“, con la presunta gravedad que se señala ello conllevaría, además de posicionar al país como uno de los más armados del mundo en relación a su población. Se sostienen en tal sentido que “la tasa para Uruguay sería de 32 armas cada 100 habitantes”.

Y luego a partir de esta especulación, sobre las armas en manos de la población civil, se sacan infinidad de conclusiones apresuradas, arbitrarias y hasta incluso algunas que podrían calificarse como intencionales.

La realidad es que no existe fundamento técnico alguno, ni estudio metodológico que respalde tales afirmacionesEn consecuencia, esa estimación de cantidad de armas de fuego en manos de la ciudadanía, y la consiguiente “tasa de 32 cada 100 habitantes” estimada, no tienen ninguna validez, ni justificación, ya que no existe método de comprobación empírica que permitan sostenerlas seriamente. Por consiguiente, la referida afirmación es solo una mera opinión. En efecto, no es más que eso, una opinión que además resulta arbitraria, subjetiva e inconsistente.

 

Tal razonamiento es tan frecuente, como falso y engañoso.

La suposición de que “por cada arma legal registrada, hay otra no registrada” es tan infundada, ilógica y absurda, como sostener que por cada recluso preso hay otro criminal el libertad delinquiendo o que por cada conductor de vehículos con libreta hay otro que maneja sin habilitación.

Como en todos los temas que refieren a la seguridad ciudadana, hay que analizar y discutir los mismos, con datos verificables, coherencia, pragmatismo, fundamentos y realismo. Sin preconceptos ideológicos, ni ideas u opiniones sustentadas en mitos o falacias.

En el caso del tema referente a las armas de fuego, en poder de civiles en nuestro país, lo preciso, auditable, confiable y real, es ceñirse a las cifras oficiales, las cuales señalan que en Uruguay hay 322.551 propietarios -personas físicas como jurídicas (lo que incluye a civiles, empresas de seguridad, coleccionistas y fuerzas de seguridad)- registrados, para poseer armas de fuego, En consecuencia lo correcto sería hablar en todo caso de que 1 uruguayo de cada 10 poseen armas de fuego. 

Pero incluso hay que reparar en que de las poco más de 600 mil armas registradas en el país, aproximadamente el 89,5% de las armas pertenecen a civiles o personas jurídicas (incluyendo a empresas de seguridad); el 3% a coleccionistas; mientras que el 6,5% está en manos de las fuerzas de seguridad estatales (Policía y Ejército).

A su vez, el último dato disponible del Registro Nacional de Armas del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), correspondiente 2017, revela que en nuestro país hay concretamente, 603.430 armas registradas. Por ende y de acuerdo con los referidos datos oficiales, la tasa real es de unas 18 armas de fuego cada 100 habitantes (sobre una población de 3.286.314 de acuerdo al último censo) y no de 32 armas cada 100 habitantes como se sostiene sin fundamento.

En consecuencia, la estimación arbitraria, de que por cada arma legal registrada hay otra no registrada no tiene asidero, ni resiste ningún análisis serio.

Una eventual cantidad de armas no registradas o ilegales, habitualmente consignadas como ‘cifra negra’ es muy difícil de precisar.

El entonces director del Servicio de Material y Armamento, Coronel Raúl Lozano, había  asegurado oportunamente que no es posible estimar cuántas armas ilegales hay en manos de la población. “No existe una metodología adecuada que permita estimar la cantidad de armas ilegales. Muchas cifras se han manejado al respecto sin un apropiado estudio metodológico, haciendo comparaciones de diferentes aspectos sin detenerse en una evaluación de los sistemas de registros de armas, su antigüedad, legislación, etc., por lo que esas comparaciones no resultan representativas de la realidad”. Y asimismo, puso en duda sobre la forma en que se manejan algunas cifras, señalando: “Creo que decir que la uruguaya es una población armada no corresponde. Históricamente, nuestros ciudadanos han tenido armas. Tal vez hay muchas armas en poder de poca gente y entonces, al hacer el número global de armas entre la población, puede dar un número per cápita que no es ni parecido a la realidad. Por otra parte, registramos desde 1944 y si bien hay muchísimas armas pienso que unas cuantas deben haber desaparecido. No creo que la nuestra sea una población armada. Ocurre que las cuentas no se pueden hacer en forma rápida”. Y con respecto al poder de fuego que ostenta la población, señaló que “no se han constatado situaciones que motiven una preocupación especial. El Servicio de Material y Armamento hizo un estudio el año pasado y no determinó que exista un mayor poder de fuego ni armas muy modernas en poder de la población” (1).

En similar sentido se manifestaba el actual director, del Registro Nacional de Armas del Ejército (RNA), Coronel Daniel Farías, señalando que “según un estudio realizado por la organización suiza Small Arms Survey en 2011 (con datos de 2007), en Estados Unidos hay 89 armas cada 100 habitantes y en Uruguay, 32. La cifra incluye tenedores de armas legales y los ilegales estimados”. Según Farías, del RNA, “ese número es “marketing” porque lo más preciso es ceñirse a los civiles registrados” (2).

Anteriormente otro jefe de división del Registro Nacional de Armas, el Coronel Edgar Méndez, había consignado que la legislación actual en materia de armas es “de punta“. Y sostuvo que la legislación es “bastante completa” y que “siempre se ha tratado de aggiornar y adaptar al resto del mundo” por lo que está “acorde a lo que va evolucionando el mundo”.  Subrayó asimismo que la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidashan hecho reglamentaciones y las están llevando adelante” y Uruguay “siempre ha firmado convenios internacionales”. “La legislación que hoy tenemos no es mala, es de punta. Lo que han hecho es aggiornar lo que se ha hecho en los años 40”, aunque admitió que “siempre todo es perfectible” (3).

El sistema de registro de armas uruguayo es de los pioneros del mundo y está asentado en un sistema de doble competencia entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Los primeros registros datan de 1944; desde entonces hasta la fecha el Estado ha llevado un registro confiable y auditable de armas de fuego.

Desde 1940, bastante temprano en comparación con otros países, Uruguay tiene una ley sobre armas. Y en 2014, se aprobó una muy estricta Ley (N.º 19.247), sobre tenencia, porte y comercialización de armas.

 

El problema son los delincuentes armados.

Está demostrado en el mundo que el problema no son las armas. En efecto, el problema son los delincuentes armados y en la calle, no los ciudadanos honestos que se arman ante el fracaso del estado en brindarles seguridad. Es la impunidad que se genera cada vez que no se resuelven y quedan sin esclarecerse los delitos. Y por ende, que debería legislarse más severamente contra los delincuentes armados y no contra la gente honesta que legalmente tramita y gestiona cumpliendo con todos los requisitos, para adquirir un arma de fuego.

En la evaluación de la tasa cada 100 mil habitantes de homicidio doloso con arma de fuego, que se realizara en la Tabla 1.6 del “Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 2011”, del “Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA“, donde se observa que en los Estados Unidos -donde hay casi absoluta libertad para adquirir armas de fuego (de todo tipo y calibre) e incluso tiene el número más alto de armas en manos de la población civil- la tasa de homicidios con armas de fuego era más baja que en Uruguay -donde hay menos armas por persona y una reglamentación mucho más rigurosa-. A su vez se constata que mientras que en los EE.UU la tasa viene descendiendo en los últimos años, en Uruguay la tendencia es la contraria y viene aumentando significativamente.

A su vez, según Small Arms Survey, Estados Unidos es el país con más armas entre civiles, con 89 armas de fuego por cada 100 habitantes, mientras que presume que Uruguay tendría 32 armas de fuego por cada 100 habitantes (tasa ya refutada). No obstante, la tasa de homicidios con armas de fuego en Estados Unidos era de 2.98 mientras que en Uruguay era de 3.43. También se observa que otros países como Suiza y Finlandia, tienen muchas más armas de fuego por habitante y sin embargo sus tasas de homicidio son sustancialmente mucho más bajas que las de Uruguay.

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Incluso el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ATF (ND) y otras fuentes indican que la posesión privada total en los Estados Unidos se acercaba más a 270-314 millones de armas de fuego, para una media de 290 millones de armas de fuego lo que representa 96 por cada 100 habitantes (4, 5, 6).

Un arma puede ser reconocida y aceptada como un fenómeno de defensa. Pero todos sabemos muy bien que las armas son peligrosas y hay que saber manejarlas. Pero el debate va mucho más allá de las armas; se refiere al decaimiento de la seguridad que estamos viviendo.

Cada comunidad, además de caracterizarse por pautas culturales determinadas, vive circunstancias particulares como consecuencia de su evolución política, social y económica, que a su vez repercuten de modo directo y determinante en el grado de eficiencia de sus instituciones.

Como ya se señaló, la situación de inseguridad general, que no es provocada por las armas debidamente registradas en manos de civiles habilitados para tenerlas, sino por las armas ilegales que usan los delincuentes.

Si una población habitualmente pacífica opta por el extremo o la necesidad de tener armarse en su domicilio o en su negocio, lo hace porque no recibe del Estado la protección capaz de hacer frente a una inseguridad cada día más preocupante, y no porque le complazcan los riesgos de un enfrentamiento a balazos, ni porque tenga un espíritu confrontativo, una conducta imprudente o una naturaleza violenta.

 

Corolario:

Allá por el año de 1764 “Césare Beccaria, marqués de Bonesana” en su tratado que revolucionó el derecho penal, Dei Delitti e delle Pene: Un Ensayo sobre los Crímenes y el Castigo, relataba, que al visitar una cárcel de la época, probablemente en su nativa Milán, se encontró con una gran piedra –arma al fin– encadenada. Al preguntar por tan insólito hallazgo, le informó el alcalde acerca de que ésta había sido condenada a prisión perpetua por haberse desprendido de un risco y cometido el crimen de aplastar y matar a un transeúnte.

Más de doscientos cincuenta años después, no deja de sorprender que para algunos, aún no esté muy claro que son los seres humanos quienes delinquen.

 


 

(1) http://historico.elpais.com.uy/121220/pnacio-683189/nacional/civiles-registraron-un-promedio-de-10-armas-por-dia-durante-2012/
(2) http://www.elpais.com.uy/que-pasa/uruguay-futbol-mate-armas.html
(3) http://historico.elpais.com.uy/121220/ultmo-683272/ultimomomento/m%c3%a9ndez-legislaci%c3%b3n-actual-de-armas-es-de-punta-/
(4) http://www.oas.org/dsp/alertamerica/Alertamerica_2011.pdf
(5) http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-9-ESP.pdf
(6) http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2007.html

 

Guillermo Maciel

Autor: Guillermo Maciel

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República; de la Universidad de la Empresa y de otros centros de estudios superiores. Director General del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay de 1999 a 2005. También se desempeñó como asesor del Ministro del Interior durante 1998. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República de 1996 a 1999. Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas. Consultor especializado en seguridad ciudadana; y autor de varios trabajos publicados sobre la materia.