Miércoles, 8 de agosto de 2018

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Arrestos ciudadanos y patrullajes vecinales

Dos fenómenos novedosos comienzan a aparecer en nuestro país. Arrestos ciudadanos y patrullajes vecinales. A estas modalidades se suman más de 70 mil vecinos organizados como “Vecinos Alertas”.

Estas nuevas prácticas denotan un sentimiento de angustia, de indefensión, de orfandad y hasta de una “sensación” de hastío con el incremento de la delincuencia y una percepción de omisión en la respuesta del Estado que no protege a la gente.

Se trata de ciudadanos cansados de padecer la inseguridad que imponen los delincuentes. Y que se organizan para protegerse, prevenir, disuadir, y hasta para recupera espacios, en una función que tendría que hacer el Estado. Son personas que se organizan para cumplir una función que el Estado no cumple: dar seguridad.

La Constitución de la República es clara al disponer en su Artículo 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.

Ahora bien, justamente la desprotección que hoy vive y sufre la población en materia de seguridad, ha impulsado a que se multiplique los arrestos ciudadanos y hasta que se generen algunos grupos que realizan especies de patrullajes barriales o vecinales, con el peligro que todo ello conlleva.

 

¿Cómo está regulado la figura del arresto ciudadano en nuestra legislación?.

En el viejo Código del Proceso Penal  -CPP-,  Ley  Nº 15.032, se establecía en el  Art. 121  lo siguiente: “(Detención por un particular).- En los casos del artículo anterior, los particulares están facultades al mismo efecto y entregarán inmediatamente el detenido a la autoridad”.

Actualmente en el nuevo Código del Proceso Penal  -CPP-,  Ley  Nº 19.293, en su  Art. 220  se establece: “(Detención en flagrancia delictual).- La persona que sea sorprendida en flagrancia delictual deberá ser detenida aun sin orden judicial.  En las mismas circunstancias cualquier particular podrá proceder a la detención y entregar inmediatamente al detenido a la autoridad.

En tales casos se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Público, el que pondrá al detenido a disposición del tribunal competente, adoptando las medidas pertinentes o solicitando su adopción, cuando corresponda, a aquel.”

Y recordemos que la Ley Nº 18.315 (de Procedimiento Policial) en su artículo 47 define que ha de entenderse por flagrancia.

“Se entiende que hay delito flagrante:

  • A) Cuando se sorprendiere a una persona en el mismo acto de cometerlo.
  • B) Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación y, al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o testigos presenciales hábiles, como partícipe en el hecho delictivo.
  • C) Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encontrare a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito”.

Mientras que el nuevo Código del Proceso Penal  -CPP-,  Ley  Nº 19.293, se establece

“Artículo 219. (Flagrancia delictual).- Se considera que existe flagrancia delictual en los siguientes casos cuando:

  • a) una persona fuere sorprendida en el acto de cometer un delito;
  • b) inmediatamente después de la comisión del delito, una persona fuere sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo;
  • c) en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuere hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito”.

 

¿Cuáles son entonces las claves para poder proceder a un “arresto ciudadano”?

  • Solo estaría admitido ante casos de delito flagrante es decir en el momento que se comete el ilícito o en la instancia inmediata posterior.
  • La persona solo puede proceder a detenerlo e inmovilizarlo -como un policía-, pero no excederse en un trato violento, ni con agresiones.
  • Se deberá utilizar “solo la fuerza necesaria” para capturar al delincuente, sin excesos.
  • No se deben generar lesiones personales, por uso excesivo de la fuerza.
  • Debe realizarse la más inmediata entrega del detenido a la autoridad.

Además del peligro que implica esta modalidad, de que un particular, con uso de la fuerza detenga a otra persona a la cual se enfrenta, con un desenlace incierto y con posibilidades de lesiones o heridas para ambas partes, se corre también el riesgo de caer en  algún tipo de delito, como el de lesiones personales al detenido o el de justicia “por mano propia” previsto por el Artículo 198 Código Penal – Sobre delitos contra la administración de la justicia, donde se entiende: “(Justicia por la propia mano)  El que, con el fin de ejercitar un derecho real o presunto, se hiciera justicia por su mano, con violencia en las personas o las cosas, en los casos en que puede recurrir a la autoridad, será castigado con 20 U.R. (veinte unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables) de multa.”

 

Otro capítulo, tal vez más complejo es el de los patrullajes vecinales.

En principio, los mismos deben reputarse jurídicamente como admitidos, en virtud de que el artículo 10 de la Constitución que dice que “ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”. En otras palabras, se entiende que todo lo que no está prohibido, está por ende permitido. Y no hay norma que prohíba a los particulares vigilar o cuidar su cuadra, su barrio o vecindario.

No obstante, los problemas aquí también son varios. Que van desde la falta de capacitación y entrenamiento para una tarea de alto riesgo, como las derivaciones de un eventual enfrentamiento con delincuentes, hoy generalmente armados y dispuestos a todo, hasta las consecuencias de lesiones o incluso pérdida de vidas.

Se puede admitir, que tienen un efecto disuasivo, que incluso logran cierta reducción de los delitos y que en otros países están regulados, reciben apoyo de las autoridades que incluye capacitación y equipamiento, entre otros aspectos. Pero en nuestro país nada de ello existe. Por ende están librados a actuar sin un marco legal de respaldo, y sin preparación alguna. Se mueven en una zona gris y en extremo peligrosa.

Tienen como ventajas operativas, su conocimiento del barrio, del movimiento habitual de los vecinos, captan mejor que nadie las situaciones sospechosas e inusuales y hasta la actitud de extraños prestos a delinquir.

El reto de patrullar y velar por la seguridad del barrio no es tarea sencilla para los vecinos. Aparte del factor riego, implica un gran esfuerzo, tiempo, dinero, rondas nocturnas y sacrificio de los vecinos.

Hay antecedentes exitosos en Santa Cruz en Bolivia, en Las Condes en Chile con el Plan Preventivo de Seguridad “Vigilancia Vecinal Compartida”, también en los EE.UU en distintas ciudades, donde incluso la policía los incentiva y organiza como el caso del Departamento de Policía de Oakland, entre otros diferentes países.

Como corolario recalcamos, que lo que no debe perderse de vista es que quien debe brindarnos seguridad es el Estado. Es su deber constitucional y su responsabilidad para con los ciudadanos. No corresponde a los vecinos tener que patrullar, ni realizar arrestos.

Guillermo Maciel

Autor: Guillermo Maciel

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República; de la Universidad de la Empresa y de otros centros de estudios superiores. Director General del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay de 1999 a 2005. También se desempeñó como asesor del Ministro del Interior durante 1998. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República de 1996 a 1999. Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas. Consultor especializado en seguridad ciudadana; y autor de varios trabajos publicados sobre la materia.