Lunes, 28 de mayo de 2018

MENU

Bajando a tierra

Las cátedras de literatura comparada corren el riesgo de perderse una nueva categorización de géneros en nuestro continente.

La ficción que emana de las declaraciones de las cumbres presidenciales merecen una clasificación novedosa que permita combinar el realismo mágico – no en vano nacido en nuestra región – con la irresolución en materia de acción por parte de los protagonistas de esas reuniones luego de emitir sus pretenciosas manifestaciones visionarias plasmadas en los documentos finales de dichas reuniones.

En ese sentido la reciente Cumbre de las Américas efectuada en Lima sirve de ejemplo de ese accionar, en que luego de evitar manifestarse colectivamente sobre la tragedia venezolana comparable en materia de emigrados al drama sirio – sin una guerra que la justifique – se aboca a enfrentarse al tema de la corrupción.

En forma novelada a través de siete capítulos se asumen 57 compromisos – supuestamente para la posteridad – no sin antes advertir que lo hacen “de conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados y con los tratados multilaterales y bilaterales de los que somos parte, así como con los principios reconocidos, como el respeto a la soberanía y la no intervención”

Los siete capítulos refieren a:

  • Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
  • Transparencia y acceso a la información
  • Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales
  • Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas
  • Cooperación jurídica internacional
  • Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción
  • Seguimiento e informes

Cabe reconocer como positivo que frente a un fenómeno multidimensional no se adopte una postura simplificadora y se reconozca que los mecanismos para el combate de esta aberración que corroe fuertemente a los sistemas democráticos requiere a su vez respuestas plurales y diversas.

En América Latina la lucha contra la corrupción ha comenzado a convertirse en una prioridad y se empieza a cobrar conciencia que una solución duradera deberá requerir de acciones sostenidas en muchos frentes.

Se reconoce que una de las dimensiones del problema exige el perfeccionamiento de las instituciones, pero en nuestro continente plagado de discursos volubles del dicho al hecho hay un gran trecho.

Los antecedentes internacionales señalan que la eficacia de una estrategia anticorrupción necesita disponer de marcos jurídicos sólidos, perseverancia en las actividades de cumplimiento y un constante compromiso a nivel nacional, así como se requiere un liderazgo consistente y creíble para obtener un amplio respaldo público a lo largo de períodos que se prevén sean de larga duración.

Así en lo que hace a esta temática  varios países de nuestra región – entre ellos el nuestro –  se encuentran realizando continuados esfuerzos para integrarse a la OCDE y ya participan en algunas comisiones a las que han accedido cumpliendo con algunas buenas prácticas que dicho organismo patrocina.

Por eso resulta extraña la escasa o nula difusión que ha tenido un foro promovido por dicha institución hace ya más de un año.

Esto contrasta con la rápida difusión que han tenido las prácticas referidas a la transparencia fiscal en materia de ingresos públicos y la puesta en marcha de muchas de sus disposiciones más allá de los requerimientos originales promovidos por dicha entidad internacional.

Es extraña la nula difusión de las recomendaciones sobre corrupción emanadas de dicho foro que se contrapone a la repercusión que tuvieron las practicas sobre transparencia fiscal recaudatoria que generaron, en su momento,  un coro de diligentes difusores espontáneos como ha sucedido en nuestro país

Este silencio estentóreo – valga el oxímoron – no auspicia la sana intención demostrada por las diversas autoridades de cada país de adecuarnos a las normas internacionales sobre transparencia.

Por ejemplo en una situación como la que se vive actualmente en nuestras entidades públicas podría servir de atinada orientación lo que se discute en el ámbito  que conforman las naciones que padecen de los mismos problemas que nos afectan y que han desenvuelto una notoria experiencia en el tema.

Desde el punto de vista económico la corrupción distorsiona los mercados y crea un injusto sistema competitivo, desestimula la inversión tanto interna como externa y socava la credibilidad de las políticas públicas.

Afecta, asimismo, el bienestar ciudadano y la distribución del ingreso socavando la posibilidad de participar en forma igualitaria en la vida económica y social.

De allí que la mayor transparencia es esencial para frenar la corrupción, ya que esta aumenta la posibilidad de detección a un determinado nivel de aplicación de la ley.

Existen análisis detallados a nivel internacional de gran difusión que instauran buenas prácticas en materia de transparencia y suponen un fortalecimiento sostenido de cristalinidad en la gestión pública y el ámbito fiscal tanto de ingresos como de egresos gubernamentales.

Dado este panorama la aplicación de instrumentos que transparenten la administración financiera del Estado hacia la ciudadanía debe ser prioritario  y una forma de bajar a tierra las proclamadas buenas intenciones de las cumbres presidenciales.

Los 57 compromisos enunciados por la Cumbre de Lima deberían concretarse en medidas concretas por variadas razones, a saber:

  • Para reflejar de la manera más integral posible la forma en que el gobierno cumple con sus responsabilidades. De tal manera que la ciudadanía y sus representantes puedan participar de manera efectiva en la discusión de las prioridades presupuestarias propuestas por la administración para lo cual se requiere de mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de información que reflejen de la manera mas integral posible la forma en que el gobierno cumple con sus responsabilidades.
  • Reconocer que en un mundo cada vez más integrado económica y financieramente la transparencia fiscal tiene un valor económico.

Esto deriva del desarrollo de estándares internacionales en la materia que permiten generar información para analizar la estabilidad y el crecimiento económico

Estos estándares permiten establecer comparaciones entre los distintos países con una variada gama de mediciones y son la fuente de índices y calificaciones diferenciales que se reflejan en el denominado ” riesgo país ” cuyo relacionamiento con las tasas de interés es notorio en materia de endeudamiento público

Frente a este panorama ¿cuál es la situación en nuestro país?

En lo que hace a la solidez institucional reclamada por la experiencia internacional uno de sus aspectos es contar con un organismo que se ocupe del tema y en ese sentido disponemos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)

Su presidente – en declaraciones recientes – nos ilustra que: “que la población aspira a un mayor control y reclama que los funcionarios estén atentos ante cualquier irregularidad: Cuando la gente deja de confiar en todo, es muy difícil”, dijo.

Pero agregó que en nuestro país “la gente todavía nos reclama mucho, se enoja, y eso es muy bueno. Pero hay que mostrarle de alguna manera que los corruptos no quedan impunes, sean del partido de que sean”.

Sostuvo que es diferente “lo que dice la ley en cuanto a las potestades y cometidos de la Jutep y lo que pasa en la realidad”.

“Porque lo que dice la ley es que la Jutep es el órgano superior de control en materia de corrupción. Y habla puntualmente de detectar, prevenir, erradicar y sancionar los actos corruptos”.

“Desde el punto de vista legal” la Jutep “tiene cometidos muy amplios (…) eso dice la ley.

Pero no hacemos todo eso, de hecho hacemos bastante menos. En parte porque respetamos los aspectos que no han sido reglamentados y en parte porque no tenemos ciertas potestades como investigación y sanción, y eso limita el alcance y queda supeditado a la buena voluntad que recibe la denuncia”.

Si a estas declaraciones sumamos la falta de sanciones a las observaciones del Tribunal de Cuentas, las escasas auditorias internas en las diversas unidades ejecutoras, la omisión del Poder Legislativo en crear una Comisión que se encargue de analizar las principales observaciones del organismo superior de contralor nuestra panorama no es muy halagueño.

Y a su vez es compartible la afirmación del jerarca de la Jutep “si no se trabaja en esta problemática, en tres o en cinco años podemos estar como los que están peor en nuestro continente”.

En el caso que se pueda alcanzar el éxito en lo que propone el presidente de la Jutep la ingeniería jurídica exculpatoria no tendría un futuro asegurado.

Otro caso de desocupación.

Isaac Umansky

Autor: Isaac Umansky

Contador Público y Economista (UdelaR). Desempeñó el cargo de Contador General de la Nación y Director de la Comisión Nacional de Informática en el período 1985-1990. Profesor Economía, Finanzas Públicas y Administración en la F.C.C.E.E. (Udelar). (1969-1984). Consultor nacional e internacional en proyectos de Administración Financiera Pública y Gestión Pública (BM, BID, CEPAL, Agencia de Cooperación Sueca y la Unión Europea en Chile, Costa Rica, México, Bolivia y Cuba (Desde 1990 hasta la actualidad). Ex Presidente de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto (ASUCYP) durante varios períodos. EX Vicepresidente de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) 2 períodos. Miembro del Consejo Internacional que emite las Normas y Estándares del Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Período 2010-2012.