Lunes, 15 de agosto de 2016

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Bienvenida la libertad

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la posibilidad de que los cable operadores brinden servicios de internet tuvo diversas repercusiones.

El fallo de la Corte, frente al reclamo de Monte Cablevideo, declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que prohibía a estas empresas prestar servicios de telefonía y transmisión de datos. Dicho artículo fue incluido en la comúnmente llamada ley de medios para darle legalidad al monopolio de hecho que detentaba Antel, basado en una decisión política sin sustento legal.

Monte Cablevideo y, de mantenerse la misma sentencia frente a otros reclamos, otros operadores de cable o la misma DirectTV quedarían por ende habilitados para hacerlo.

Quienes entendemos que en este y otros campos debe primar la libertad y no la limitación no podemos dejar de alegrarnos por esta sentencia.

Uruguay era, junto con Cuba, uno de los dos países en el mundo que tenían esta limitación. Sin embargo, la remoción de esta barrera inconstitucional provocó dos reacciones que llaman a preocupación.

La primera fue la de la Ministra de Industria, Carolina Cosse, que primero minimizó el alcance de la sentencia expresando, al conocer el fallo, que “ese es un problema en el que no hay que trabajar“. En una segunda instancia señaló que el gobierno esperará más fallos de la Corte para tomar decisiones.

Estas declaraciones generan preocupación. Ante un fallo de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo debe atenerse a ello y no esperar que se presenten más interesados a pedir la misma. Monte Cablevideo debe tener la posibilidad efectiva de ejercer sus derechos, ahora que es más que claro que la decisión política limitante es contraria a la Constitución.

La segunda reacción que genera incertidumbre es la de los propios cable operadores que señalaron, a través de la Cámara que los aglutina, que ya tienen un acuerdo con Antel y que la sentencia lo que hace es colocarlos en una mejor situación para renegociar su contrato. Antel provee actualmente los accesos al exterior y les permite a los cable operadores un acceso limitado por contrato.

Quiere decir que lo que la ley prohibía en forma inconstitucional parece que se logrará por la vía contractual, sólo que ahora los operadores estarán en “mejores condiciones de negociar”.

Nadie desconoce la libertad que tienen los cable operadores para negociar con quien quieran, incluido Antel. Lo que preocupa es que quienes se lamentaban de falta de competencia y libertad en el mercado, que no les permitía negociar con quien quisieran, hoy se apresuren a asegurar por la vía contractual el monopolio estatal.

Más preocupante aún es la enorme inversión de más de 600 millones de dólares que hizo Antel en el período pasado en interconexión de internet.

Inversión que podría haber sido realizada por lo menos en parte, por privados y que hubiera permitido destinar recursos estatales a otras cosas. De hecho, Antel ha usado todo su peso político para evitar que Claro, que instaló a su costo una red de fibra óptica, la pueda usar.

De todas formas la sentencia de la Suprema Corte tiene un beneficio enorme para el país: consagra la libertad del suministro del servicio. Ya sea generando nuevas condiciones de negociación o introduciendo nuevos jugadores al mercado.

Ello, como siempre sucede cuando se aumenta la libertad y la competencia, redunda en beneficios para el usuario, ya sea reduciendo los precios o mejorando el servicio.

Admin Telescopio

Autor: Admin Telescopio