Domingo, 10 de junio de 2018

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Bloqueos de las cuentas oficiales: un retroceso

El año pasado, el Presidente de los Estados Unidos bloqueó a una ciudadana que le había hecho un comentario en su red social de Twitter.

El bloqueo es una acción por la que cualquier usuario de twitter puede no permitir a alguien tener acceso a su red social. El Presidente Trump se enojó por una foto y comentario que esta ciudadana publicó y como respuesta no le permitió acceder más a su cuenta.

El Instituto de los Caballeros de la Primera Enmienda de los Estados Unidos –organización académica de la Universidad de Columbia– entendió que eso no estaba permitido.

Para ellos el titular de una cuenta, un funcionario público –y más, un presidente de la república–, no podía bloquear a ningún usuario.

Presentaron una demanda ante la Justicia para prohibirle al presidente de la nación más poderosa del mundo que bloqueara a un ciudadano y no le permitiera seguirlo en las redes sociales.

La semana pasada, la jueza Naomi Reice Buchwald –del distrito de Nueva York– sentenció que el presidente de los Estados Unidos no puede bloquear a un usuario y le ordenó levantar el bloqueo. Así lo resolvió, por entender que el bloqueo es una violación a la libertad de expresión y al legítimo derecho que tiene todo ciudadano de informarse sobre las actividades de su presidente,.

Presidente que usa mucho las redes sociales, en especial Twitter. Tiene más de 50 millones de seguidores en esta red y lleva escritos decenas de miles de mensajes.

Todos sabemos lo que significan hoy en día las redes sociales a partir del desarrollo de Internet y, ni que hablar, de los smartphones.

Que una institución oficial bloquee a un ciudadano afecta principios básicos, principios en los que nuestro derecho constitucional coincide con el norteamericano.

Hubo un antecedente similar en Costa Rica hace más tiempo: justamente, la presidencia de ese país había bloqueado a un ciudadano y el Tribunal Constitucional dijo que eso no se podía hacer.

Esto que de repente puede parecer menor ante las urgencias que tiene el país, creo que no lo es, porque –como enseñaba Justino Jiménez de Aréchaga– la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, y esto que relatamos es una forma de censura.

Podrá discutirse si un funcionario en su cuenta particular puede bloquear o no a alguien, pero no en su cuenta oficial, y menos lo puede hacer una institución pública.

Aquí hay una delgada línea de interpretación.

Resulta claro que si un ciudadano no desea comunicarse de forma alguna por las redes con otro ciudadano tiene todo el derecho de bloquearle. En definitiva es el mismo derecho que tiene de hablar o no hablar directamente con otra persona.

Distinta es la situación de una institución oficial a cuya información todo ciudadano tiene derecho de acceder aún cuando a esta no le gusten los comentarios que se le hagan.

Sin embargo, en el Uruguay, algunas instituciones públicas han comenzado a bloquear a usuarios y, a mi juicio, eso es equivocado.

Los funcionarios públicos en sus cuentas personales creo que pueden hacer lo que quieran. Quizás la duda se presente respecto de las cuentas de quienes ejercen cargos de relevancia, como el Presidente, el vice Presidente, los Ministros, Legisladores o Intendentes.

En estos casos podría sostenerse que si bien las cuentas son personales la información que se brinda es de interés público.

A mi esto me llevó a reflexionar hace un tiempo. Aparecía una persona que se escudaba atrás de un seudónimo o un numero, ponía una foto falsa de perfil y comenzaba a insultarme. Mi primer reacción fue bloquear. Es mi cuenta y me relaciono con quien quiero, pensé.

Con el tiempo me pareció mas útil y justa otra herramienta: la que permite silenciar. Con ella se logra que el otro se informe y se exprese, pero yo no tengo que enterarme de las barbaridades o insultos que dice.

Me recuerda una enseñanza: quien odia se hace más daño a si mismo que al odiado. El que está silenciado e insulta o agrede se hace daño a si mismo no a aquel a quien va dirigidas esas acciones que lo ha silenciado y ni si entera.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado tiene a consideración, desde el 7 de febrero de 2017, un proyecto de ley por el cual «se prohíbe el bloqueo de personas usuarias en cuentas oficiales, institucionales y gubernamentales de las redes sociales».

Entiendo que no hay duda que una cuenta oficial no debe bloquear a nadie; tiene que aguantar los comentarios. Y si no se los quiere aguantar, silenciar.

Esto permite no escuchar lo que les dicen pero no veda la posibilidad de expresarse y menos aún de informarse.

Falta poco para el próximo tiempo electoral, sería una buena señal, defensora de los derechos de la libertad de expresión, aprobar esta prohibición de los organismos gubernamentales de bloquear a ciudadanos en las redes sociales.

Pedro Bordaberry

Autor: Pedro Bordaberry

Abogado, Senador, 57 años.

  • http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com Beatriz Bugallo Montaño

    Muy buena la nota. Circunstanciales gobernantes se piensan que el lugar que ocupan en una Institución redunda en una identidad persona-Institución… pero un timonel no es lo miemos que un barco. Ser soporte de un cargo politico tampoco es lo mismo que ser dueño de la nave.