Martes, 6 de septiembre de 2016

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Brasil: el fin de un proceso de temer

La destitución de la presidenta Rousseff, da por finalizado el periplo del impeachment (juicio político). Aprobado por el Senado, 61 votos a favor y 20 en contra confirma el cambio del ejecutivo de una forma que hace poco más de un año nadie hubiese imaginado. El funcionamiento institucional del presidencialismo multipartidista brasilero nuevamente abre un signo de interrogación respecto a su solidez.

Hay que ir hasta 1992 para encontrar un proceso similar de crisis e inestabilidad. Fue durante el gobierno de Fernando Collor de Mello, el cual terminó con impeachment y  destitución, asumiendo en su lugar el entonces vicepresidente Itamar Franco. De ahí en adelante, se ha reconocido en el ámbito académico, una fase de consolidación democrática.

Sin embargo, en los últimos tiempos la combinación de una serie de factores económicos, políticos y legales, abrieron el camino a un proceso que opera sobre la línea de la legalidad, pero en base a fundamentos totalmente espurios. Sinópticamente podemos ver algunos de ellos. En primer lugar, los factores económicos. El deterioro de la actividad económica gravita sobre la mayoría de los grandes procesos de desestabilización, por la sencilla razón de que los actores políticos capitalizan los descontentos para legitimar sus acciones. En condiciones normales de una democracia, ese descontento se traduce en votos y de allí que a menudo los analistas hablen del voto económico. Pero en contextos de mayor inestabilidad política, suelen ser direccionados para generar cambios políticos a través de procesos que de otro modo serían cuestionados. En lo que refiere a la economía, Brasil viene transitando una recesión económica de las más agudas de la región, con una caída interanual del PIB del 3,8%. Ello ha tenido como corolario el aumento del desempleo que alcanzó el 11, 3% en el segundo semestre de 2016, el nivel más alto desde 2012. El caldo de cultivo para un cambio por la “vía corta” tenga cierto respaldo popular.

El segundo factor es el político. A diferencia de la gestión Lula, varios analistas coinciden en señalar que una de las principales falencias de Dilma Rousseff ha sido su incapacidad para mantener la coalición que permitió al PT llegar al gobierno en el año 2003. A tal punto se resquebrajó su alianza que la maniobra del impeachment es protagonizada por un partido aliado al PT hasta hace un año, el PMDB. Y si se mira la votación del pasado 31 de agosto, puede verse que incluso varios senadores del Partido Socialista, votaron con quienes promovieron la destitución de la presidenta. Parece ser que este factor es el desencadenante de la crisis que sufrió el gobierno de Dilma. No obstante, a diferencia del sistema parlamentario (donde la pérdida de apoyo del primer ministro puede habilitar un voto de censura del parlamento que hace caer al mandatario) los presidencialismos tienen mandato a término y las posibilidades de un impeachment no están vinculadas a la pérdida de mayoría parlamentaria sino a una causa de delito.

De allí que es necesario considerar un tercer factor, el jurídico. Las acusaciones que pesaban sobre Dilma y su partido en cuanto al escándalo del “Mensalao”, “Lava-Jato” y Petrobras deslegitimaron al gobierno, con la proliferación de diversos casos de corrupción en los cuales se encontraba envuelto tanto el PT como sus aliados. Esa quizás fue una victoria legal pero sobre todo comunicativa de los adversarios al gobierno, ya que lograron enturbiar y desvirtuar el objeto del debate en el parlamento, enredando al gobierno en una retórica defensiva. Sin embargo, la acusación específica del pedido de impeachment no fue por esos casos de corrupción. Si bien en el debate parlamentario y mediático se apuntaba a estos escándalos, lo cierto es que la acusación formal que promueve el impeachment fue otra. La causa se abrió por lo que llaman “pedaladas fiscais”. Se trata básicamente de presentar balances fiscales adulterados por la vía de retrasar los pagos a los bancos para pagar las asignaciones familiares, una práctica común llevada a cabo por los distintos gobiernos tanto de nivel nacional como sub nacional. Esa causa fue la que habilitó el procedimiento de destitución previsto en la Constitución para casos extremadamente graves. Evocado en el momento justo, se transformó en un corredor legal para salir del embrollo político, en el cual está inmiscuido el sistema político.

Las motivaciones de estos procesos son objeto de debate entre académicos que analizan los motivos de la inestabilidad de las democracias presidenciales en sus nuevas formas. Es decir, crisis políticas que no derivan en un quiebre democrático, sino en remociones o renuncias de los presidentes. Entre ellos traigo a colación un interesante trabajo de Pérez Liñán[1], donde destaca algunos de los elementos que echan que permiten acercarnos a los motivos de la inestabilidad: falta de capacidad de los militares para intervenir en la política, rol de los medios de comunicación para amplificar escándalos que involucren al gobierno, capacidad del presidente para construir coalición legislativa que lo blinde del juicio político y la protesta popular.

En mi opinión, la mirada de corto plazo de quienes orquestaron la caída de Rousseff perdió de vista el altísimo costo político que se puede pagar a futuro. Se asienta un antecedente nocivo para el sistema presidencialista. Máxime teniendo en cuenta que estamos frente a un sistema político sumamente complejo en cuanto al número de partidos y legisladores con capacidad de veto. Ostenta el parlamento más fragmentado de América Latina, siendo necesario el armado de coaliciones para la consecución de la mayoría. También presenta un alto nivel de transfuguismo político (cambio de dirigentes de un partido a otro), y atado a ello, un sistema electoral de voto fuertemente personalizado, lo cual es contrario al voto partidista que da más estabilidad al sistema. Con este contexto, en un futuro, el gobierno A o B podría tener dificultades políticas para mantener su coalición, la oposición tendrá a mano un antecedente nefasto para cargarse al gobierno sin necesidad de transitar por nuevas elecciones.

 


 

[1] Aníbal Pérez Liñán (2009) Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina

Alejandro Guedes

Autor: Alejandro Guedes

Politólogo. Egresado de la Faculta de Ciencias Sociales.Se encuentra cursando la maestría en Ciencia Política (UdelaR). Integrante del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política.