Martes, 4 de octubre de 2016

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Contratos estatales y control ciudadano

ANCAP ha firmado contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tanto en el territorio nacional como la plataforma continental por plazos que llegan a 30 años, en los que se incluyó una cláusula de confidencialidad mediante la cual se ha pretendido mantener las condiciones de esos contratos fuera del dominio público.

Al amparo de lo dispuesto en la ley 18381 de acceso a la información pública se ha realizado acciones judiciales que han permitido el acceso a dos contratos correspondientes uno al área continental y el otro a la plataforma marítima.

En tierra se firmaron contratos para la llamada cuenca norte, que se extiende desde el lago de Rincón del Bonete hasta el de la represa de Salto Grande, en los territorios de Durazno, Tacuarembó, Paysandú, Salto y Artigas. Esos contratos abren a la exploración petrolera casi 23.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, una superficie equivalente a la suma de los departamentos de Paysandú y Río Negro.

Los contratos vigentes en la cuenca norte de acuerdo con la información disponible en el sitio web de ANCAP son con las empresas Schuepbach y Total, firmados en febrero de 2012 y octubre de 2013 respectivamente.

Para las zonas de la plataforma continental están vigentes cinco contratos firmados el 5 de octubre de 2012, cuya vigencia se extendió, para la etapa de exploración, mas allá de los tres años originales, que vencían en octubre pasado, por otro año y medio (18 meses)

Los contratos firmados habilitan a las empresas a realizar en exclusividad dentro de las áreas predeterminadas, tareas de exploración en la búsqueda de hidrocarburos en nombre de ANCAP.

De producirse en ellas un hallazgo de hidrocarburos comercialmente explotable, los contratos otorgan a las empresas derechos de explotación sobre esos hidrocarburos por un período de 30 años que puede extenderse por 10 años más.

La confidencialidad pactada en los contratos ha prevenido el conocimiento cabal de los mismos, incluso por el sistema político. Así en ocasión de la convocatoria a los ex presidentes  en enero de este año para discutir una “política petrolera”, fue el Dr. Jorge Batlle quien indicó la necesidad de conocer los compromisos contractuales ya asumidos, solicitando y obteniendo de la Presidencia de la República que uno de sus asesores tuviera oportunidad de leer el contrato entre Ancap y Total.

Un rápido análisis permite comprobar que la confidencialidad invocada para estos contratos no cumple con las condiciones legales de la ley 18381 ya que se pretende extender esa condición más allá de lo que podrían ser secretos comerciales o industriales de las empresas involucradas y  que cuentan con la protección de la ley.

Así las acciones judiciales realizadas al amparo de la ley de acceso a la información pública (Ley 18381) posibilitaron a fines de 2012 el acceso parcial al contrato firmado con Schuepbach y en agosto de este año al firmado con la empresa Total con la excepción de los anexos al mismo que  se mantienen confidenciales.

Un análisis comparativo de los dos contratos permite verificar que ambos presentan muchos puntos en común, como una serie de definiciones entre las que se incluye la de los ”hidrocarburos no convencionales”. Estos son incluidos dentro del tratamiento general de “hidrocarburos”, dejando su explotación y los procedimientos para llevarla a cabo, al arbitrio de un “consejo de administración” donde la empresa signataria y ANCAP tienen cada una un voto y que debe alcanzar la unanimidad para tomar decisiones.

Eso conlleva el riesgo real de que las empresas pretendan utilizar en el caso de hidrocarburos no convencionales, técnicas de fracturación hidráulica (Fracking). Sin embargo, al no estar esas técnicas específicamente incluidas en los contratos, donde además se hacen repetidas referencias a cumplir en todo el ordenamiento legal del Uruguay; se abre la puerta a la prohibición por ley de ese procedimiento. Esa prohibición que está  dentro de la potestades generales del estado en la salvaguarda de los recursos hídricos subterráneos (acuíferos), no podría así ser contestada por la empresa.

Los dos contratos presentan además la particularidad de no haber sido firmados con las empresa matrices de las petroleras que licitaron las zonas.

En ambos, a pesar de las repetidas referencias en la prensa a las empresas multinacionales, están involucradas sociedades de derecho uruguayo bajo la forma de Sociedades Anónimas e incluso Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Así en el de Schuepbach aparece  “Schuepbach Energy Uruguay SRL” y en el de TOTAL una empresa denominada “Total E&P Uruguay”

Al comparar ambos contratos, se puede comprobar alguna mejora en las condiciones para el estado en el firmado en último término con Total  en relación al firmado previamente con Schuepbach. Cabe destacar que en el lapso entre ambas firmas (febrero a octubre de 2012), se desarrollaron acciones judiciales para conocer el contrato firmado con Schuepbach, al que se hicieron repetidas críticas. Algunas de ellas se ven reflejadas en las mejoras encontradas en el firmado con Total en octubre.

Entre otras cosas, en el primero ANCAP se comprometía a obtener las autorizaciones ambientales necesarias, mientras que en el segundo solo se compromete a “asistir y cooperar” con la empresa contratista a esos fines.

En ambos contratos estudiados, se habilita sin embargo el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional CCI para controversias contractuales a las que se define como “técnicas y económicas” en contrario a las disposiciones del Código de Minería.

Específicamente sobre ese tema el referido Código de Minería (Decreto Ley 15242) que dice textualmente en el Artículo 19:

“La actividad minera, cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de  la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros

Está claro entonces que al menos la cláusula de “resolución de controversias” de los contratos vigentes estaría viciada de nulidad, ya que no se podría hacerse lugar, como reza el contrato, al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en las diferencias contractuales, incluso si las mismas tienen su origen en condiciones económicas o técnicas como es generalmente el caso en cualquier diferencia contractual que se resuelve en el poder judicial. Esa condición de nulidad podría incluso extenderse a otras áreas del contrato.

Esto se habría mantenido fuera del conocimiento público si no se hubiera podido cortar con acciones judiciales la confidencialidad mal entendida que se pretendió utilizar en estos contratos que regulan el manejo potencial de un recurso natural que es de todos

Sin embargo, a pesar de que ahora tenemos conocimiento fehaciente de la ilegalidad al menos parcial en los dos contratos que se han podido analizar y por increíble que parezca, a la fecha ni una sola mano se ha alzado para denunciar estos contratos y sus ilegalidades a pesar de que desde la semana pasada esta situación ha estado en la prensa a partir del comunicado en ese sentido del Movimiento Uruguay Libre.

Paralelamente es indispensable que se aprueben los proyectos de ley para prohibir la utilización de técnicas de fracturación hidráulica antes de que alguna empresa proponga su uso en base a un texto contractual que almenos en los contratos analizados es poco específico. Eso daría además la seguridad jurídica que siempre ha caracterizado a nuestro país en el sentido de que estaría claro para las empresas la imposibilidad de utilizar esa técnica.

Así, a pesar de que una forma incipiente de control ciudadano de las actividades estatales ha podido en este caso verificar y denunciar situaciones de ilegalidad,  y potenciales riesgos ambientales y económicos en los contratos estudiados, eso cae en saco roto si desde los organismos involucrados, en este caso la ANCAP y el Ministerio de Industria Energía y Minería no se actúa en consecuencia y muy especialmente si el poder político en especial desde el Poder Legislativo no toma cartas en el asunto.

Raúl Viñas

Autor: Raúl Viñas

Magister en Ciencias Meteorológicas, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa y la Escuela de Meteorología del Uruguay. Vocero de grupo ambientalista Uruguay Libre de Megaminería.