Lunes, 4 de julio de 2016

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Costosas regulaciones

Se ha vuelto común ante situaciones cotidianas escuchar “debemos mejorar la regulación” o directamente “debemos dictar una regulación al respecto porque existe un vacío legal”. Tales declaraciones, tanto de autoridades como de otros “especialistas” o “entendidos” ocurren prácticamente a diario sin nadie que las contraponga o haga la primer pregunta lógica, nos vamos acostumbrando a que regular todo sea lo natural, la libertad un residuo y que el estado intervenga en todas y cada una de las cosas que hacen los integrantes de una sociedad. Pese a nuestra falta de cuestionamientos, los normal es que el sector público, previo a tomar cualquier medida que obligue a todos a modificar su natural forma de , algunas preguntas siempre deben contestarse con el mayor grado de rigor; ¿se ha calculado la relación costo – beneficio de la norma que impulsa?, ¿tiene el sector público mejor información que los privados como para mejorar el resultado final? o, ¿cuál o cuáles son los resultados empíricos en los que se basa para afirmar que la misma mejorará el bienestar general de la población?

El lenguaje utilizado en la justificación también luce “inteligente”, tomado de los organismos internacionales donde buena parte de quienes en la actualidad brindan los consejos jamás administraron una actividad real y menos aún tuvieron responsabilidades de gobierno como para conocer de las reales limitaciones y los costos que cada medida le implica a la población y, con ella, a la economía real[1]. Usualmente se habla de “políticas públicas”, término políticamente correcto y aséptico, que “suena bien” pero en general vacío de contenido.

Así todo tiene una justificación “bonita y correcta”, pero nadie ha siquiera intentado medir los costos y beneficios. Cuando las regulaciones se superponen, los costos no se suman sino que se vuelven exponenciales. Luego sufrimos las consecuencias – la realidad bajo la que vivimos -,  donde muchas actividades están frenadas, son caras, no funcionan de manera adecuada y  atribuimos la situación a causas que, en el 100% de los casos omiten inculpar a equivocadas reglas la parte que les corresponde y por tanto diagnostican de manera insuficiente o errada, proponiendo soluciones al menos incompletas. Suelen tomar parte de la verdad pero no toda.

Es cierto que, en especial desde hace dos siglos, las sociedades se han complejizado, las migraciones hacia las ciudades trajeron problemas que antes no existían, – generaron externalidades propias y necesidades de infraestructura sustancialmente mayores-, luego la constante irrupción de nuevas tecnologías introduce nuevas formas de relacionamiento, producción y comercio que cambian cada pocos años. Todo lo anterior hace que las normas bajo las cuáles vivimos deban, necesariamente, ser más profusas y complejas, al mismo tiempo que se deben actualizar a los cambios de su tiempo. Hoy día, la interrelación entre todos los integrantes de la sociedad es más intensa que años atrás y esto hace necesario más regulaciones que antaño. Hasta aquí todo sabido y seguramente con poco espacio para la discrepancia; ahora bien, es conocida la llamada teoría de la decisión pública, que estudia los inventivos implícitos de los diversos actores sociales y cómo éstos conducen a excesos de todo tipo de parte del sector público. La creación de regulaciones inútiles es parte del normal accionar de las burocracias que siempre tienen que encontrar “algo para hacer” lo que, desde ya, será muy importante, casi imprescindible para la vida de todos. Por supuesto que a esta altura del partido ya casi nada nuevo se precisa, sin embargo las burocracias se las ingenian, más aun cuando las autoridades fogonean su accionar.

La sobrerregulación introduce costos en las economías que deterioran su capacidad de competencia. Ejemplos tenemos a diario, se obliga a tener un inútil botiquín en los vehículos, se informa que las carnicerías no pueden vender fideos, nadie sabe por qué ¿será más exigente la norma bromatológica para la pasta envasada que la carne fresca?; los taxis todos deben tener mampara y no quien así lo desee; los ómnibuses con guarda están determinados por regulación y no por decisión de las compañías; se obliga a vender con tarjeta a las estaciones de servicio ¿por qué?. Las explicaciones no son convincentes en el fondo todos los casos planteados deben estar en estricto ámbito de las decisiones particulares. El último caso (las estaciones de servicio) es tan grosero que la norma ahora se flexibiliza, pero lo que se anuncia es una muestra de lo peor. Se dice que las ventas en efectivo serán sólo hasta $ 300, que en la caja no podrá haber más de $ 900, que la caja fuerte deberá ser con ranura y que la misma no podrá estar a más de 2 metros de la caja. Es para reírse realmente, si hay caja fuerte es evidente que la misma debe estar empotrada porque de lo contrario los ladrones “la cargan en la camioneta” y eso implica que las llaves no estén en el lugar y por lo tanto debe tener ranura para poder verter el dinero dentro de ella, luego a “2 metros de la cajo”, a mí me parece que deben ser 1,80. Podría seguir, la llamada “ley de inclusión financiera” es uno de los acabados ejemplos de imposiciones inconvenientes con una lógica no comprensible para quienes creemos en la libertad de elegir y entendemos que los hechos históricos solo muestran el fracaso de los dirigismos. La misma ley introduce costos que de alguna manera los pagamos todos.

Cuando la regulación es tan profusa, las contradicciones tampoco quedan fuera de las normas dictadas. A vía de ejemplo, con buen tino se estimula un uso eficiente de la energía pero al mismo tiempo se reduce la velocidad máxima autorizada en varias zonas de Montevideo, así tramos donde cuando hay vehículos nadie llega al máximo admitido pero cuando no los hay perfectamente se puede andar a 75 u 80 km por hora. El mayor consumo es de combustible fósiles que, además, contaminan el medio ambiente; el tiempo nadie lo valora. El costo implícito nadie lo toma en cuenta. Ni que hablar, de los certificados que se solicitan para cualquier trámite o los requerimientos que los bancos y otros agentes tiene con clientes que claramente no tienen peso económico alguno, inútil y costoso papeleo.

Las regulaciones pueden incluso impedir, sin que la norma las prohíba, una actividad. En esas situaciones nadie suele darse cuenta del costo.

Para imponer obligaciones de manera obligatoria deben existir razones de peso y éstas se basan en que una acción puede causar daño o costos a terceros. La norma debe ser la no regulación y ésta la excepción. Hoy  mi sensación es que la situación es exactamente la inversa, todo hay que regularlo e intervenir, luego secundariamente dejamos espacio para la libertad de las personas.

La sociedad parece anestesiada nadie, salvo algunos pocos tímidos casos aislados, levanta la voz. Allá por el año 1995 – 1996 se hizo un programa de estudio de toda regulación que “tenía contenido económico”. Muchas se eliminaron, otras no por entenderse necesarias y algunas se modificaron, por cierto que quedaron muchas sin estudiar. Sería muy bueno que el gobierno comience a revisar lo que se ha construido y también lo que recibió. Estoy convencido que unas cuantas “agencias” deberían desaparecer, lo mismo que una infinidad de normas que nada agregan al bienestar sino todo lo contrario. Parte del costo país y de las libertades personales están en juego allí.

 


 

[1] El cambio en los técnicos de los organismos internacionales ha sido notorio sustituyendo la mezcla de experiencia y conocimiento técnico por conocimiento académico, imprescindible para estudiar los temas, pero normalmente poco útil sin experiencia real.

Isaac Alfie

Autor: Isaac Alfie

Economista (UdelaR, 1984). Contador Público (UdelaR, 1985). Profesor Titular de Economía y Finanzas Públicas en la Universidad de Montevideo. Dicta clases en postgrado de esta Universidad y la Universidad Católica. Profesor de Macroeconomía en la Universidad de la República. Conferencista nacional e internacional sobre políticas públicas y macroeconomía. Consultor de Organismos Internacionales (FMI, Banco Mundial y BID, entre otros). Asesor del Ministro de Economía y Finanzas 1991 - 1994. Director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas 1995 – 2003. Ministro de Economía y Finanzas 2003 – 2005. Gobernador por Uruguay del FMI 2002 – 2003 y del Banco Mundial y BID 2002 – 2005. Senador de la República 2005 –2010. Asesor y consultor de empresas en materia económica y financiera.