Martes, 30 de agosto de 2016

MENU

¿Cuáles serían los fundamentos de un acuerdo de gobierno de la oposición?

El 14 de agosto el Senador Bordaberry publicó en El Telescopio un artículo titulado “Coordinación y acuerdos, no fusión”, donde planteó la necesidad de que los partidos de la oposición llegaran a acuerdos cuyo objeto sería “coordinar un accionar que le permita ser una verdadera opción de gobierno”. En el mismo sentido, el Senador Larrañaga declaraba poco después que “un partido político en solitario no podrá hacer frente por sí solo a los desafíos que deberá enfrentar”[1] en la próxima década. El Senador Larrañaga planteó que es necesario que se construyan “bases de acuerdo” entre los partidos en algunas áreas públicas claves “como la educación, salud, seguridad y política internacional” de forma que se logren las mayorías parlamentarias que el próximo gobierno necesitará.

Es interesante pues hacer el ejercicio de analizar cuáles serían esos temas en los cuales la oposición debería llegar a acuerdos de forma de lograr que la ciudadanía perciba que un gobierno conformado por partidos actualmente en la oposición sería capaz de una acción ejecutiva eficaz y eficiente.

Existe la tentación de ir directamente a los temas específicos a abordar, sin embargo es conveniente analizar algunos de los valores que los partidos de oposición comparten, y que los diferencian del partido de gobierno. La explicitación de esos valores es un instrumento valioso al momento de elaborar soluciones colectivas y de garantizar un apoyo cohesivo y permanente al momento de implementarlas.

 

La defensa del ciudadano

El partido de gobierno marcó su enfoque en esta materia con la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario[2] de 2005, cuando se liberaron cerca de mil presos –sin ninguna selectividad- con el objetivo de descongestionar las cárceles. Lo relevante de aquella medida es que ninguna evaluación se hizo sobre su potencial impacto sobre la seguridad pública. También se refleja su visión en el convencimiento que las penas no tienen ningún efecto disuasivo sobre la actividad delictiva. Hace poco algunos tuiteros mencionaban –con acierto- que existía una contradicción entre ese escepticismo y la relevancia asignada por la Intendencia de Montevideo a la aplicación de multas de tránsito[3]. Frente al delito el mensaje subyacente parecería ser que es la sociedad quien lo genera y que padecerlo es la forma de expiar sus culpas.

Todos los partidos de oposición consideran que la prioridad está en la preservación de la seguridad de los ciudadanos. El tema de la seguridad pública es visto aquí como una cuestión de derechos humanos, comenzando por el más fundamental de todos: el derecho a la vida de los ciudadanos inocentes. Las penas no son visualizadas como un mero castigo, sino como la vía por la cual se protege a la sociedad de quienes la agreden y como un espacio temporal y físico para la rehabilitación. La rehabilitación pasa a ser un objetivo por el cual hay que rendir cuentas y cuyos resultados deben ser transparentes a la ciudadanía.

 

La educación

El 10 de diciembre de 2008 se aprobó la Ley General de Educación gracias al voto oficialista en el Parlamento. Entre otras consecuencias, esta ley consagró la integración de los sindicatos docentes en el Consejo Directivo Central y en los órganos desconcentrados. A pesar de que cada vez se dedican más recursos a la educación los resultados son cada vez peores. En cualquier medición internacional que se realiza Uruguay ha pasado de los lugares de orgullo que lo caracterizaban a posiciones mediocres o directamente vergonzantes. Frente a la incapacidad para cambiar la realidad muchas veces se opta por disimularla bajo mecanismos tales como el “pase social” o atacar aquellas iniciativas de la sociedad civil que dejan en evidencia la raíz del problema al generar soluciones educativas efectivas, como es el caso del Liceo Jubilar. La promesa de “cambiar el ADN de la educación” suena a chiste frente a una situación en la cual las autoridades son incapaces de introducir el más mínimo cambio fruto del bloqueo gremial.

Existe un consenso en los partidos de la oposición en cuanto a que la educación de niños y jóvenes no puede estar supeditada a intereses gremiales, muchos de los cuales son más ideológicos que económicos. Al mismo tiempo, los partidos de la oposición comparten que es necesario dar a los padres un mucho mayor protagonismo en el proceso educativo –como derecho y como obligación-, tal como lo dispone el artículo 41 de nuestra Constitución. También existe una visión en común en cuanto a que es necesario conceder mayores niveles de autonomía a los diversos centros educativos, para lo cual deben concederse a quienes los dirigen auténticas facultades de gestión. A nivel central esto tiene que estar acompañado por objetivos claros –estrictos en los resultados, flexibles en los medios-, diseño de sistemas de incentivos para directores y docentes alineados con esos objetivos, así como mecanismos de seguimiento y evaluación adecuados.

 

Inserción internacional

Con el advenimiento de Lula en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina el MERCOSUR dejó de ser un instrumento que impulsara la integración de Uruguay al mundo. Es cierto que las tradicionales políticas proteccionistas de Brasil siempre fueron un obstáculo al logro de acuerdos de comercio con otros bloques o países del mundo, especialmente los desarrollados, pero el gran bloqueo vino de la mano de las políticas de sustitución de importaciones que implementaron tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández. Era ridículo el procurar generar comercio con el resto del mundo cuando el MERCOSUR aceptaba pacíficamente que Argentina bloqueara inclusive el comercio regional. El MERCOSUR pasó así a ser un grupo de afinidad ideológica. Los cambios de gobierno en Argentina, Brasil y Paraguay han dejado a Uruguay sin aquella sintonía y generado situaciones de desgaste innecesarias. El 13 de mayo la Mesa Política del Frente Amplio difundió una declaración donde afirmaba que en Brasil se había dado un “golpe de Estado parlamentario”. El 16 de agosto el Ministro Nin Novoa afirmó en el Parlamento que Brasil había querido “comprar el voto de Uruguay” con relación al traspaso de la Presidencia del MERCOSUR a Venezuela, a la cual catalogó como una “democracia de origen”. El Ministro Bonomi realizó declaraciones al Semanario Búsqueda publicadas el 18 de agosto donde sostuvo que la “receta” del gobierno del Ing. Mauricio Macri en Argentina fomentaba la pobreza y la indigencia.  En diciembre del año pasado el Ministro Murro, preocupado por la fuga de empresas hacia Paraguay, sostuvo que en ese país “lamentablemente el desarrollo de normas laborales, de normas de seguridad social y libertad sindical es muy bajo”.

Los partidos de la oposición tienen en estos temas una posición marcadamente distinta. En declaraciones formuladas en el 2009 el Senador Bordaberry sostuvo en un encuentro con integrantes de la Asociación de la Prensa Extranjera en Uruguay que en política exterior los países “no tienen amigos sino intereses” y que Uruguay “debe abrirse para hacer negocios con todo el mundo, independientemente de las ideologías”. Unos días después el entonces Senador Abreu, ex Canciller, declaraba[4]: “Ha quedado demostrado que los diferentes países no tienen amigos sino intereses. Cuando estos prevalecen no hay ideología ni identidad que pueda detenerlos”. Ambos representantes de los partidos tradicionales parafraseaban la famosa frase de Lord Palmerston: “Las naciones no tienen amigos o enemigos permanentes, sólo intereses permanentes”[5].

 

Igualdad de oportunidades iniciales versus igualdad de resultados finales

El diputado frenteamplista y maestro, Enzo Malán, pidió en la sesión del miércoles 13 de julio de la Cámara de Diputados modificar el sistema de elección de abanderados para que deje ser el premio a los mejores estudiantes y todos puedan portar la bandera nacional, la de Artigas y la de los Treinta y Tres Orientales. El Diputado Malán sostuvo que “La bandera es un premio a los mejores. El problema es que ser abanderado se convierte en una etiqueta que se asocia al éxito, a la inteligencia y al deber ser, no a lo cívico, a la educación ciudadana ni al patriotismo. Algunos han convivido muy bien con este sistema de abanderados, pero otros sienten que es un estigma”. La Cámara remitió sus palabras a las autoridades de la educación. La elección de los abanderados entre los mejores alumnos es uno de los típicos símbolos de la sociedad meritocrática que se construyó a lo largo del siglo XX, cuyo resultado fue la clase media más sólida de toda América Latina. Este caso que hemos expuesto es el más emblemático de un patrón que se ha afianzado en la última década y que prioriza la igualación a toda costa, en donde el éxito, la inteligencia o el deber pueden ser considerados un “estigma”[6]. En el mismo sentido, nuestro sistema educativo no considera que los niños con capacidades intelectuales superiores exijan mecanismos que permitan aprovechar todo su potencial en tanto ello no sería “igualitario”, considerando que deben perder el tiempo en un proceso estándar que lo único que les aporta es aburrimiento. Si bien Uruguay ha crecido sostenidamente por un período de más de diez años, fue el único país de América Latina en donde la clase media no creció[7]. En este período la distribución del ingreso mejoró en Uruguay, pero ello no fue consecuencia de una mayor movilidad social sustentada en la educación, sino fundamentalmente en la mejora de la situación económica general provocada por un escenario externo favorable, la imposición progresiva a los ingresos y las transferencias estatales. Buena parte de la disminución de la pobreza se tradujo en un aumento de la población vulnerable, esto es, familias con ingresos similares a los de clase media –sin serlo-, altamente dependientes del Estado. El Ministro Murro ha manifestado su preocupación por el deterioro de la cultura del trabajo, cultura que era típica de la sociedad meritocrática de la que veníamos. Existe sin embargo una racionalidad económica en ese deterioro, que está asociado a que la diferencia entre el trabajo bien y mal hecho ya no se traduce en muchos casos en la retribución.

Los partidos de oposición comparten la necesidad de volver a dar al esfuerzo, el trabajo y el mérito la relevancia que la sociedad uruguaya les había otorgado. Existe un convencimiento en común que el Estado debe garantizar a todos las herramientas que permitan capacitarse y prosperar, pero no debe penalizarse el éxito ni premiarse el parasitismo.

 

La capacidad de gestión

Para mucha gente de izquierda la capacidad de gestión es una de las tantas fantasías del sistema capitalista concebidas para justificar los privilegios de la clase empresaria: no hay nada que aprender, ni experiencia relevante para adquirir, bastando el sentido común y objetivos claros. Cuando a quienes comparten esa concepción se les exige rendición de cuentas de los resultados obtenidos lo que contestan es que han gastado. Cuando se les plantea que los resultados son insuficientes responden que el problema es que necesitan más recursos. Es así que hemos llegado, por ejemplo, a un Ministerio del Interior que cuenta con un presupuesto de 900 millones por año y 33 mil policías. En Uruguay hay 800 policías cada 10.000 habitantes, cuando el promedio internacional es de 230.

En los partidos de la oposición existe una visión compartida en cuanto al carácter sustantivo de la capacidad de gestión. Las instituciones públicas plantean desafíos que exigen iguales o mayores capacidades profesionales de gestión que las instituciones privadas. En ese sentido es previsible que los acuerdos a los que se arribe no sólo refieran a procesos de selección más exigentes para aquellos que tendrán a su cargo la gestión de recursos humanos y materiales, sino marcos institucionales que lleven a que ese nivel de exigencia no dependa de la voluntad política circunstancial.

Estos valores que hemos analizado parecen ser una base sólida para la construcción. Son valores que hablan de una sociedad de clase media basada en el fomento de la superación personal de cada uno de sus integrantes, una sociedad donde el Estado cumple un papel subsidiario pero profesional, protegiendo a sus ciudadanos de quienes no respetan las leyes y brindando las condiciones que permitan a cada individuo llegar hasta donde su voluntad, sacrificio y talento permitan.

 


 

[1]     “Larrañaga: ‘lo que dije lo sostengo y lo ratifico’, República.com.uy, 27/08/16, http://www.republica.com.uy /larranaga-lo-dije-lo-sostengo-lo-ratifico/580119/
[2]     El bautizar “Humanización y Modernización del Sistema Carcelario” a un proyecto con este propósito se enmarca en un estilo que luego nos dio otros giros semánticos tales como “más y mejor MERCOSUR”, “consolidación fiscal” y “democracia de origen”.
[3]     Hay tres explicaciones alternativas que puede explicar esta aparente contradicción: 1. Las multas no disuaden, pero permiten recaudar, 2. Los ciudadanos –a diferencia de los delincuentes- eluden los castigos, 3. Las multas son efectivas porque los ciudadanos perciben que las probabilidades de que les apliquen una si cometen infracciones son más altas que las probabilidades percibidas por los delincuentes de ser atrapados.
[4]     “Abreu pidió actual estratégicamente ‘porque los países no tienen amigos sino intereses’”, ElAcontecer.com.uy, 18/04/2009.
[5]     Muchos atribuyen erróneamente la frase a Charles de Gaulle, cuando en realidad la suya es otra paráfrasis: “Los países no tienen amigos, sino intereses”.
[6]     No queda claro si el estigmatizado es el que se destaca –el “traga”- o el que debe padecer la molesta contemplación del merecido éxito ajeno.
[7]     “La clase media y el futuro de Uruguay”, Leonardo Veiga, El Telescopio, 07/08/2015,  http://eltelescopio.com.uy/la-clase-media-y-el-futuro-de-uruguay/

Leonardo Veiga

Autor: Leonardo Veiga

Contador Público, Universidad de la República; Licenciado en Administración, Universidad de la República; Master en Dirección y Administración de Empresas, IEEM; CPCL, Harvard Business School, EE.UU., PhD Universidad de Navarra. Es profesor de Gestión de la Innovación y de Economía Política (IEEM/UM) y de Prácticas Desleales de Comercio y Defensa Comercial (CEA/ADAU). Es miembro del directorio del Centro de Innovación Tecnológica SEPÉ. Fue consultor del Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE), del Plan de Desregulación del Comercio Exterior y las Inversiones (PLADES), miembro del Board del Global Entrepreneurship Monitor, Director del MBA del IEEM/UM y Coordinador de la carrera de Contador Público en la FCCEE/UM.