Domingo, 23 de agosto de 2015

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Denuncian que los cambios en la ley del aborto profundizarán las barreras de acceso

El grupo feminista Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) considera que el dictamen judicial por el que se anulan algunos artículos del decreto que regula la ley del aborto, vinculados a la objeción de conciencia de los médicos, “profundiza las barreras” a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Así como la ley pretendió salvaguardar la conciencia de algunos legisladores/as sobre la libertad de decisión de las mujeres, el fallo del TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) optó por favorecer a aquellos profesionales que le dan la espalda a las necesidades y a los derechos de aquellas que cursan un embarazo no deseado”, según un comunicado divulgado hoy.

La ley fue aprobada en 2012 y el decreto que la reglamentó permite la objeción de conciencia de los médicos y del personal sanitario, pero limita su aplicación a la no prescripción del fármaco abortivo o a no realizar la interrupción del embarazo, aunque los obliga a participar en todos los procedimientos previos y posteriores.

La sentencia del TCA anula los artículos del decreto que acotaban esta prerrogativa, al considerar que la ley por sí sola ya contempla “el más amplio de los conceptos de objeción”, explicó Gianni Gutiérrez, abogado de los médicos que presentaron el recurso ante la Justicia.

Por otro lado, el grupo feminista destaca que, según datos obtenidos por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Organización, en zonas del interior existen porcentajes “inauditos” de ginecólogos objetores de conciencia pertenecientes al sistema de salud pública.

Así, de acuerdo con sus datos, en Young o Mercedes el 100 % de los profesionales dedicados a esta especialidad médica son objetores de conciencia, así como el 92 % en Salto, el 87 % en Paysandú, el 82 % en Soriano o el 43 % en Río Negro.

Según MYSU, la sentencia “refuerza” una de las principales barreras para efectuar los abortos en el país y afecta “directamente a aquellas mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad”.

El ministro de Salud anunció que, de inmediato, solicitará a las instituciones sanitarias un registro de los profesionales que han objetado por escrito, al considerar este requisito como el único que avala la objeción de conciencia, de acuerdo al dictamen del TCA.

Además, indicó que la sentencia obligará a desarrollar algunas medidas de reestructuración de personal para poder atender las necesidades médicas al respecto en todo el territorio nacional.

Fuente: EFE

El Telescopio

Autor: El Telescopio