Lunes, 12 de septiembre de 2016

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(Des)inteligencia en democracia: ¿en qué falla Uruguay?

El pasado viernes 2 de septiembre, el semanario Brecha publicó una completa crónica que repasa distintos hechos de espionaje ilegal durante el actual período democrático[i].

El informe revela datos que, si bien no resultan ajenos para un importante sector del sistema político, constituyen un verdadero escándalo en el que, además del obvio involucramiento del personal castrense encargado de realizar tareas de espionaje ilegal en democracia, se destaca la discrecionalidad de distintos actores del gobierno en el manejo de la información; cuestión que tampoco resulta novedosa en esta arena de política pública.

Los hechos se remontan al año 2015, cuando, tras el fallecimiento del coronel Elmar Castiglioni –exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE) y exsubdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN)–, las autoridades incautaron un considerable volumen de información –copias de archivos originales de inteligencia militar– que él mismo había ocultado en su domicilio particular.

Hasta el momento, la información ha sido manejada en absoluta reserva. Sin embargo, el semanario Brecha logró acceder a los dos informes elaborados en paralelo por Isabel Wscherbor, en nombre de la Secretaria de Derechos Humanos del Pasado Reciente, y Álvaro Rico, Decano de la Facultad de Humanidades y coordinador del equipo de historiadores de la Universidad de la República, que fueron encargados por la jueza Beatriz Larrieu.

Al menos dos cuestiones de las recogidas por Brecha a partir de estos informes merecen ser resaltadas y adecuadamente contextualizadas.

En primer lugar, la continuidad en lo que refiere a las actividades realizadas por la inteligencia militar en el periodo de facto. Según recoge el semanario de los informes en cuestión, “[…] surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos y organizaciones sociales durante todo el periodo que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos criterios que la dictadura”.

Dentro de los objetivos más destacados se encuentran el actual Presidente de la República Tabaré Vázquez y su hermano el subsecretario del interior Jorge Vázquez, los expresidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, la primer ministra de defensa del FA Azucena Berruti, así como también los actuales legisladores del FA Macarena Gelman y Rafael Michelini, y el nacionalista Gustavo Penadés, entre otros. De igual forma, el documento da cuenta del espionaje a sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

En segundo lugar, es de destacar la discrecionalidad y el oscurantismo en el manejo de la información.

Nuevamente, según cita Brecha del informe elaborado por Wscherbor,  “El Estado ha tenido la tendencia a privatizar o seleccionar a los actores que tienen competencia de investigar sobre este período, generando procesos de desclasificación parcial o selectiva de la documentación, lo que constituye una política de poca transparencia con relación al tema…”.

Recuérdese que en febrero del año 2006, bajo la titularidad de Azucena Berruti en la cartera de defensa, se concretó un sorpresivo allanamiento en una antigua unidad militar que permitió dar con archivos que se encontraban hasta ese momento en el departamento militar E2; posteriormente, se desclasificaron distintos archivos. Sobre este asunto afirma el informe de Wscherbor que “[…] en el caso de la Secretaria de Derechos Humanos de los 51 Dvd [en los que se encontraba respaldada la información hallada en el año 2006] entregados como copia de lo realizado, sólo se ubicaron 35, y no habían sido entregados formalmente al archivo de secretaría, sino que habían quedado en posesión del equipo de historiadores que trabaja en convenio con la Universidad de la República. Al momento del relevamiento de la documentación que debería estar preservada por este organismo, nos encontramos con antecedentes de estas características, que no dan garantías públicas para su adecuada preservación…”.

Hasta el momento, ni las Fuerzas Armadas ni el recientemente nombrado Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, han hecho declaraciones oficiales sobre estos sucesos. En cambio, según consigna La República, fuentes no reveladas del Ejército se desmarcaron de inmediato de Castiglioni afirmando a dicho diario que “[…] el Ejército no tenía ya desde hace años la capacidad técnica para hacer algo tan fino, tan bien hecho como para que recién se descubra, 20 y poco años después, que se hacían seguimientos, infiltraciones; no lo creo, por lo menos el Ejército no…[ii].

Por su parte, en entrevista con La Diaria, la exministra de defensa Azucena Berruti consideró “absolutamente inexplicable” el espionaje militar destacando que “hay que hacer lo que la justicia resuelva”, al tiempo que Felipe Michelini, integrante del Grupo por la Verdad y la Justicia y exlegislador representante del FA en la Comisión Especial de Inteligencia que trabajó desde el año 2011 al 2014, se mostró sorprendido por la declaración del Partido Comunista que reclama tener acceso a los archivos, afirmando que deben respetarse “las garantías del proceso penal” y “no pedir a gritos transparencia[iii].

Finalmente las repercusiones también llegaron al ámbito parlamentario y sindical desde donde se reclama la conformación de una comisión investigadora[iv].  Mientras que distintos sectores del Frente Amplio (IR, Casa Grande, Partido por la Victoria del Pueblo y Partido Comunista) presentaron una propuesta para conformar una comisión investigadora en el Parlamento, desde la oposición el Senador del PC, Pedro Bordaberry, se mostró afín a acompañar la creación de dicha comisión.

Más allá de estos sucesos puntuales, lo cierto es que, a 30 años de la restauración democrática, Uruguay es de los pocos países de Sudamérica que aún no ha impulsado una reforma seria de sus aparatos de inteligencia. Así y todo, desde el año 1985, este histórico monopolio militar ha sufrido distintos cambios. Los más significativos tuvieron lugar durante las dos administraciones del Dr. Sanguinetti y los sucesivos gobiernos del Frente Amplio; sin embargo, los mismos han mostrado ser escasamente efectivos oscilando entre el avance y el retroceso.

En el año 1986, mediante la ley caducidad de la pretensión punitiva del Estado N° 15.848, el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFFA) pasó a denominarse Dirección General de Información de Defensa (DGID) y a depender directamente del Ministerio de Defensa Nacional. Posteriormente, mediante el Decreto N° 405/99, la DGID se convirtió en la actual Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE), agencia que, según la última Ley de Presupuesto, pasará a denominarse Dirección de Inteligencia Estratégica cuando el Poder Ejecutivo reglamente esta nueva disposición adecuando la estructura orgánica del Estado Mayor de la Defensa, órgano de asesoramiento militar del Ministerio de Defensa.

Como he afirmado recientemente[v], en un área en la que el sistema político uruguayo se ha caracterizado por su baja capacidad para realizar reformas estructurales, la puesta en marcha del cargo de Coordinador, a instancias de la Ley N° 17.930 durante la primera administración Vázquez, constituyó un mojón que desencadenaría uno de los primeros intentos por democratizar el sector.

A pesar de esto, es posible terminar puntualizando  dos aspectos que hablan del fracaso uruguayo en la materia.

Primero, en relación al cargo de Coordinador, él mismo ha sufrido de una serie de inconsistencias que dan cuenta de las dificultades de institucionalización.

Por un lado, producto de las controversias generadas en el seno del sistema político uruguayo, el mismo no fue reglamentado durante la primera administración del Presidente Vázquez, es decir, que desde su creación el cargo ha estado más de la mitad del tiempo acéfalo. Por otro lado, en poco más de un lustro desde su reglamentación mediante el Decreto 225/010, ha tenido tres titulares, un civil y dos militares retirados: Augusto Gregori (2010-2013), Ramón Bonilla (2013-2015) y Washington Martínez (2016-actualidad), respectivamente. Finalmente, el cargo funciona en la órbita de Presidencia y hasta el momento no se han definido mecanismos que garanticen el debido control externo. En relación a este último punto, la cuestión reside en: (a) si todas las operaciones de inteligencia formalmente deben ser coordinadas por un único director o, alternativamente, si deben basarse en procedimientos de coordinación más colegiados; (b) si el director o coordinador debe depender exclusivamente del primer mandatario o, alternativamente, del Poder Ejecutivo o Ministerio competente; y, (c) si el coordinador debe ser responsable político ante el parlamento o, alternativamente, debe encontrarse en la órbita de Presidencia sin control parlamentario.

Segundo, en relación al primer intento serio del sistema político uruguayo como lo fue la creación de la Comisión Especial de Inteligencia en el año 2011, puede decirse que, a pesar de tratarse de un proceso que habla de la madurez que asumió en su momento el sistema político uruguayo, actualmente estamos frente a un escenario de falta de voluntad política. A razón de esto último, es posible sostener, al menos de forma parcial, que una discusión de esta magnitud que duró tres años y en la cual los distintos partidos políticos con representación parlamentaria lograron un consenso en referencia a la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia no puede ser desechada sino por falta de voluntad política del gobierno.

La evidencia empírica disponible en la región sugiere que los procesos de democratización del sector se dan bien por voluntad política, bien por escándalo[vi].

Habiendo descartado hasta el momento el primer factor, queda esperar las repercusiones del segundo.

 

 

 

[i]Brecha (2/9/ 2016). Servicios continuados. Versión papel, págs. 2-4.

[ii]La República (6/9/2016). Ejército se desmarca del espía Castiglioni: un hecho “grave”. Versión digital, disponible en línea: http://www.republica.com.uy/ejercito-se-desmarca-del-espia-castiglioni-hecho-grave/581033/

[iii]La Diaria (5/9/2016). El hilo de Adriana. Versión digital, disponible en línea: http://ladiaria.com.uy/arti culo/2016/9/el-hilo-de-adriana/

[iv]La República (7/9/2016): Sería suicida no investigar espionaje militar en democracia.  Versión digital, disponible en línea: http://www.republica.com.uy/seria-suicida-no-investigar-espionaje-militar-democra cia/581134/

[v]Alvarez, Nicolás (2016). “The long road towards democratization: reform of intelligence in Uruguay (1985-2015)”. Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence, Vol. 7, N° 1, pp. 49-71.

[vi]Al respecto puede consultarse: Gómez de la Torre, Andrés (2009). “Servicios de Inteligencia y democracia en América del Sur. ¿Hacia una segunda generación de reformas normativas?”. Agenda Internacional. Instituto de Estudios Internacionales, IDEI-PUC, Nº 27.

Nicolás Álvarez

Autor: Nicolás Álvarez

Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República. Se ha desempeñado como consultor parlamentario en temas de defensa e inteligencia en Uruguay, participando en la elaboración de proyectos referidos a la democratización del sector. En la actualidad, participa en proyectos nacionales sobre la problemática de las drogas y en la publicación de investigaciones, a nivel regional, referidos a los sistemas de inteligencia y su vinculación en un contexto democrático.