Lunes, 5 de febrero de 2018

MENU

Duplicidad en acción

La estabilidad económica mundial y las políticas necesarias para lograrla han sido siempre una de las preocupaciones permanentes de los sistemas políticos universales.

Esta inquietud comporta la necesidad de intentar establecer algunas formas de acuerdo para instaurar normativas en materia de regulación que permitan alcanzar dichos objetivos.

Dado que es imposible establecer un  poder regulatorio global apenas se puede pretender  constituir una red más o menos organizada, jerarquizada y coordinada de relaciones que es una suerte de poder difuso ejercido por innumerables agentes que serán respetados en la medida que sean capaces de condicionar las acciones de otros agentes.

La crisis desencadenada en el año 2008 hizo más intensa la necesidad de encontrar alguna vía más expeditiva para solucionar los problemas derivados de la falta de previsibilidad y estabilidad del sistema financiero mundial.

Las pérdidas de producto bruto acumuladas medidas en relación con su potencial productivo provocaron ineludibles costos fiscales de altos montos destinados a sostener la solidez de los mercados financieros.

Por ejemplo en Estados Unidos dicha pérdida se elevó al 13 % del período anterior a la crisis y en general en la mayoría de las naciones más desarrolladas los niveles de deuda pública se incrementaron significativamente.

Es entonces cuando los responsables de definir las políticas internacionales deben actuar para enfrentar esta comprometida situación y comienzan a repensar acerca de las reformas requeridas para adecuarse a un escenario que exige nuevas reglas supervisoras de las transacciones de los mercados mundiales.

El sistema financiero es dinámico y adaptativo por lo cual cualquier disposición regulatoria también debe serlo y una dificultad adicional mayor se presenta por la evolución de las tecnologías de información y comunicación que lo convierten en más complejo y extendido.

En este contexto es posible visualizar cómo se desenvuelven los distintos agentes reguladores que son susceptibles de categorizar en cinco grandes grupos: los reglamentadores individuales, los nacionales, los subnacionales, los transnacionales y los supranacionales.

De esos agentes en los últimos años quienes han cobrado más notoriedad por su grado de influencia son los supranacionales y como por ejemplo pueden señalarse a modo de muestra a la OPEP, la OCDE, la ASEAN, y el grupo de los 8 integrado por los países más desarrollados así como los organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y los de integración regional.

Sigue siendo notorio que ninguno de estos organismos por si mismos no pueden determinar acciones colectivas que comprendan a todos los países por lo cual es evidente que su forma de organización es difusa y sólo es posible actuar cuando existe coordinación voluntaria de sus agentes.

Tal vez los de mayor influencia pueden ser el sistema de Naciones Unidas del que formarían parte a modo de ministerios sectoriales, los organismos especializados, los órganos conexos y los diversos programas como ser el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la OIT, la OMS, la FAO, la UNCTAD, el PNUD, etc.

Las Naciones Unidas poseen una cierta legitimidad por representar, aunque sea de manera defectuosa, la voluntad de la mayoría de los gobiernos del mundo lo que de manera indirecta pueden condicionar las acciones de muchos otros agentes reguladores del sistema económico mundial.

No obstante, la eficacia de dichas acciones reguladoras dependerá de que no entren en conflicto con las del grupo de los 8 países más poderosos.

A partir de la crisis del 2008 el grupo de los 8 incorpora un mayor número de países y a la Unión Europea convirtiéndose en el denominado grupo de los 20 que tendrá una reforzada influencia en el plano internacional.

El grupo de los 20 desenvuelve un papel muy importante en promover propuestas para abordar el nuevo escenario post crisis incentivando la participación de organismos y procedimientos ya existentes en tiempos anteriores al estallido del 2008 y en especial adjudicando un rol importante a la OCDE.

Los líderes del G 20 solicitan a este organismo que supervise quelos países adopten altos estándares de transparencia e intercambio de información en asuntos tributarios.

La OCDE disponía ya de un ámbito de tratamiento de estos temas denominado Foro Global queera el marco multilateral dentro del cual el trabajo en el área de transparencia e intercambio de información se llevaba a cabo tanto por la OCDE como por economías no pertenecientes a la OCDE desde el año 2000.

Todos los países de la OCDE, las economías y jurisdicciones del G20 que participaban en el Foro Global existente fueron invitados a convertirse en miembros. Actualmente forman parte del mismo 126 jurisdicciones y la Unión Europea

La reunión del Foro Global en México durante el año 2009 fue un punto de inflexión dado que fue reestructurado como una organización basada en el consenso donde todos los miembros se encuentran  en igualdad de condiciones.

Como vemos la necesidad del intercambio de información de asuntos tributarios surge de las necesidades de los países más desarrollados cuya situación fiscal era comprometida y se agravó a partir del lamentable manejo de esos mismos países en el período previo al estallido de la crisis del 2008.

¿Cuál es la situación actual  y de qué manera se analizan los problemas ¿

Podemos remitirnos a la reciente reunión del Consejo Europeo que ha publicado una lista negra de 17 países clasificados como paraísos fiscales de acuerdo a una reunión de Ministros de Finanzas realizada en Bruselas a principios de diciembre.

Sin embargo la Unión Europea ha sido criticada por no incluir a sus estados miembros en la lista, algunos de los cuales cumplen con los criterios de paraíso fiscal establecidos por el Consejo.

Así por ejemplo dijo el asesor de políticas públicas de OXFAM –  una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países – expresa que “es inquietante ver a la mayoría de los países pequeños en la lista negra de la Unión Europea, mientras que los paraísos fiscales más conocidos muchos de ellos vinculados al Reino Unido como Bermuda, las Islas Caimán, Jersey y las Islas Vírgenes escapan de tener un lugar en la lista negra.

Por su lado el coordinador fiscal de la Red Europea de Deuda y Desarrollo también dijo en respuesta a la lista negra publicada: “Si los gobiernos de la Unión Europea realmente quisieran deshacerse de los paraísos fiscales, deberían ser abiertos sobre el hecho de que varios Estados miembros de la Unión, como Luxemburgo, Irlanda y los Países Bajos, también tienen que cambiar fundamentalmente su comportamiento.

A menos que pongamos fin a todos los paraísos fiscales, el problema simplemente se moverá de un lugar a otro “(Public Finance International. 6 Dic. 2017).

Esta es la verdadera duplicidad en acción por parte de los países más grandes e influyentes utilizando su prestigio para dictar normas de transparencia que se pretenden sean universales salvo cuando afectan a sus intereses.

La OCDE en esta ocasión no se pronuncia a pesar de ser la supervisora del cumplimiento de las normas sobre transparencia fiscal e intercambio de la información y su falta de reacción puede ser contrapuesta a la diligente actitud controladora cuando de economías emergentes se trata.

La administración fiscal de nuestro  país que ha sido solicita en el cumplimiento de  dichas normas debiera tomar nota de cómo se procede en el mundo desarrollado cuando de los intereses de sus países se trata.

Tal vez alguna forma de flexibilidad habrán encontrado los países desarrollados incumplidores. Pero de lo que no existe duda es que en nuestro país la rigidez aplicativa de las normas es la actitud predominante lo que no ha impedido que el parlamento portugués, por las suyas, nos haya colocado nuevamente en una lista gris como paraíso fiscal.

Esto obviamente repercute en nuestro sector privado el cual analiza con mayor lucidez esta situación y que se manifiesta en las declaraciones de la socia directora de impuestos de la consultora Ernst  &Young.

La misma expresa en declaraciones a “Búsqueda” que aunque Uruguay está siguiendo en materia de transparencia fiscal los estándares internacionales adecuando sus normas a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “parece que nunca llegamos a estar tranquilos”.

Expresó que los cambios tributarios para algunos sectores como el software y el régimen de zonas francas que comenzarán a regir el año próximo “tienen nombre y apellido”, porque son modificaciones tendientes a salir del listado de “prácticas nocivas” que el foro de países desarrollados estableció con el objetivo de evitar que se erosione la base tributable entre los países.

Como vemos cuando desde las esferas oficiales proclaman su visión estratégica de las políticas públicas en nuestro país no se refieren ni a los acuerdos internacionales firmados ni a la comprensión de cómo se comportan los organismos internacionales en materia de transparencia.

Eso sería un ejercicio de imaginación que no se pueden permitir.

Tendremos que preguntarnos cómo hace la jerarca de la consultora “¿Hasta cuándo vamos a seguir rescindiendo nuestra soberanía? (…) ¿Qué vendrá después ¿

No solo de futuros proyectos forestales a confirmar dentro de tres años puede vivir nuestro país a pesar de que exigen inversiones millonarias de nuestra parte en el corto plazo.

Flexibilidad en la estrategias y administración de los plazos no son temas a considerar por la mesa política del oficialismo. Están ocupados en resolver el problema de los cincuentones a cualquier costo,(habitualmente el mayor)sin apremios en materia de flexibilidad ni administración de plazos por supuesto.

Isaac Umansky

Autor: Isaac Umansky

Contador Público y Economista (UdelaR). Desempeñó el cargo de Contador General de la Nación y Director de la Comisión Nacional de Informática en el período 1985-1990. Profesor Economía, Finanzas Públicas y Administración en la F.C.C.E.E. (Udelar). (1969-1984). Consultor nacional e internacional en proyectos de Administración Financiera Pública y Gestión Pública (BM, BID, CEPAL, Agencia de Cooperación Sueca y la Unión Europea en Chile, Costa Rica, México, Bolivia y Cuba (Desde 1990 hasta la actualidad). Ex Presidente de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto (ASUCYP) durante varios períodos. EX Vicepresidente de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) 2 períodos. Miembro del Consejo Internacional que emite las Normas y Estándares del Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Período 2010-2012.