Domingo, 30 de abril de 2017

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Educación como derecho ¿nuevo paradigma?

El pasado miércoles 26 de abril se realizó en el Senado de la República la interpelación a la Ministra de Educación y Cultura por parte del Senador Pablo Mieres, instancia a la que concurrimos al haber sido convocado el CODICEN, el que integramos en representación de los docentes.

En dicha oportunidad, como es lógico, se plantearon dos visiones respecto del estado de la educación. Por un lado, la posición del senador interpelante y por otra la del Ministerio de Educación y Cultura, a la que se agregó una presentación del presidente del CODICEN de la ANEP.

Sin perjuicio de muchas cuestiones que se podrían abordar respecto de dicha instancia, nos parece oportuno – en esta primera oportunidad – analizar dos cuestiones que desde hace un tiempo se vienen presentando, por diversos actores de la educación, como circunstancias explicativas de algunos fenómenos que estarían sucediendo.

Se sostiene, y ello también aconteció en la instancia parlamentaria, que desde la aprobación de la ley de educación de 2008 existe un nuevo paradigma a partir del cual la educación es concebida como un derecho, por lo que la situación de muchísimos uruguayos ha cambiado y nuevas realidades se presentan para quienes tienen responsabilidad en materia educativa.

No podemos más que discrepar con dicha visión. El sostener que la educación ha sido concebida como un derecho desde el 2008 implica – por lo menos – desconocer la más rica tradición del país en lo que a educación respecta.

Desde la reforma vareliana a fines del siglo XIX, la educación en nuestro país fue concebida como un derecho para los ciudadanos y como una necesidad para la República. No es la oportunidad para extenderse en citas históricas y menos trascripciones de fundadas posiciones que respecto del tema existen. Solo basta recordar algunos hechos: las escuelas rurales y los liceos departamentales de Batlle y Ordóñez, la Escuela de Artes y Oficios de Pedro Figari, los jardines de infantes de Enriqueta Compte y Riqué, la Universidad del Trabajo de José Arias, las escuelas granja de Agustín Ferreiro y más recientemente los CAIFs gestionados por las propias comunidades, las escuelas de tiempo completo en los quintiles 1 y 2 de la población, las nuevas ofertas educativas de educación media rural, entre otras propuestas implementadas.

También normativa nacional e internacional – ratificada por el país e incorporada al ordenamiento jurídico – lo establecen a texto expreso desde hace bastante tiempo. La Declaración Universal de Derecho Humanos de 1948 dispone que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 26) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 que entró en vigencia en 1976 (artículo 13); el Código de la Niñez y la Adolescencia que en su artículo 9° consagra dicho derecho (Ley N° 17.823 de 7 de setiembre de 2004). Incluso la propia ley anterior de educación establecía la obligación de extender la educación a todos los habitantes, asegurando la efectiva igualdad de oportunidades para todos a través del acceso (Ley N° 15.739 de 28 de marzo de 1985).

La sociedad uruguaya viene trabajando desde siempre por una educación para todos, partiendo justamente del paradigma que ésta es un derecho, un derecho que se efectivizó en medidas y acciones concretas que fue más allá de los propios textos normativos existentes.

La educación ha sido y es la base de la transformación que caracterizó a nuestra sociedad y es la herramienta fundamental para alcanzar el desarrollo humano, que en nuestro país es lo que hemos identificado, desde principios del siglo XX, como justicia social.

El querer abrogarse el atributo de concebir a la educación como un derecho – en los hechos – implica adherir a teorías fundacionales que parten de la base que todo ha sucedido desde que determinada circunstancia se produjo.

No adherimos a esas teorías o expresiones, creemos firmemente que la construcción en materia de educación resulta de un proceso, y que en dicho marco pueden haber avances o retrocesos, pero que siempre se parte de circunstancias que establecen las características propias de cada situación que se aborda.

También, y unido al cambio de paradigma que se habría generado – para algunos – a partir de 2008, se sostiene que recién ahora y en las actuales circunstancias se está trabajando efectivamente por la universalización de la educación media.

Tampoco compartimos esta afirmación, por lo que entendemos del caso poner algunas cifras sobre la mesa, para plasmar el esfuerzo sostenido que al respecto se ha realizado. No sería posible concretar determinadas acciones actualmente sino se partiera de resultados obtenidos con anterioridad, resultados obtenidos a partir del firme propósito de ampliar la cobertura en educación media bajo la premisa de que debía llegar a todos.

Estas cifras nos permiten ver, con meridiana claridad, que justamente ese esfuerzo se despliega a través del tiempo, trascendiendo la última década. Basta analizar las diferencias de niños y jóvenes asistentes a la educación pública del país en los últimos veinte años, según se considere asistentes en 1995, en 2005 o en el año 2015:

Nivel Educativo Período 1995 – 2005 Variación en % Período 2005 – 2015 Variación en %
Educación Inicial + 33.928 + 68 % -546 –  0.65 %
Educación Primaria + 22.883 + 8 % -58.803 – 19 %
Educación Secundaria + 64.504 + 39 % -10.377 -5 %
Educación Técnica + 4.971 + 8 % + 26.593 + 40 %
Formación Docente + 13.003 + 177 % -643 – 3 %

 

En 2005 asistían más de 130.000 alumnos que en el año 1995, lo que implicó un esfuerzo significativo para la educación pública nacional. A su vez, se operó una disminución en 2015 respecto de 2005 en más de 20. 000 alumnos. Claramente, en este último caso han incidido tres factores: la disminución de la natalidad, el pasaje de alumnos a la educación privada y el aumento de la promoción en la educación primaria, para el caso de este nivel educativo.

En educación media (secundaria y UTU) entre 1995 y 2005 la matrícula aumento un 47 % (más de 69. 000 jóvenes ingresaron a las aulas de la educación pública); entre 2005 y 2015 el aumento fue de un 35. 5 % (más de 16. 000 jóvenes fueron ingresados).  

A la vez, nuevas ofertas fueron desplegadas a lo largo y ancho del país como los liceos rurales, los centros educativos integrados en escuelas rurales, las escuelas de alternancia en UTU, los 7°, 8° y 9° años en escuelas rurales, y más recientemente incipientes experiencias de educación semipresencial.

Debe ser un motivo de orgullo nacional. El Uruguay ha realizado desde hace bastante más de veinte años un esfuerzo sostenido incorporando nuevos alumnos a la educación pública, generando nuevas oportunidades, procurando una educación de calidad a partir de la concepción de la misma como un derecho y no como un privilegio. Un derecho para todos, pero en especial para aquellos que parten de situaciones más desventajosas, lo que está unido a nuestra propia identidad nacional evidenciada en hechos y acciones que, de una forma u otra, somos conocedores.

Como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, para la concreción de logros que permitan efectivizar una senda de progreso más que necesario en educación, es imprescindible tener una mirada en perspectiva que valore los esfuerzos realizados en todos los tiempos, considere las dificultades existentes, utilice las nuevas posibilidades imperantes y a la vez, tenga un accionar abarcativo de todas las miradas y posiciones existentes, sin exclusiones o visiones sesgadas que tanto daño nos hacen.

 

 

Robert Silva García

Autor: Robert Silva García

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Universidad de la República, Profesor de Administración y Servicios egresado del Instituto Normal de Enseñanza Técnica. Cuenta con formación a nivel de postgrado en educación y recursos humanos. Fue Consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Secretario General del Consejo de Educación Secundaria y Secretario General del CODICEN de la ANEP. Actualmente es docente efectivo de UTU, Coordinador del Observatorio de Educación de la Fundación Propuestas (FUNDAPRO) Fue integrante la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). Actualmente es consejero del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP

  • enrique gonzalez

    Muy oportuno, prudente, claro, concreto y marcando la cancha frente a tanta falta de respuestas y falsedades.El Dr. Silva ingresó al CODICEN en representación de docentes que no comparten las permanentes expresiones sin contenido, la falta de planes, los desaciertos en la gestión ni las estadísticas que pretenden vendernos. No puede ni debe permitir se le mimetice con una administración ineficiente y un ministerio de gestión deplorable.