Jueves, 14 de julio de 2016

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Educación: hoy, más que nunca, los parlamentarios tienen la palabra

Las próximas semanas serán claves para la educación. La Cámara de Representantes considerará el mensaje de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo en el que se quitan recursos incrementales ya asignados a la educación para el ejercicio 2017.

La propuesta afecta a todas las entidades educativas. A la UDELAR, a la UTEC, a la ANEP y al INEEd.

Otros representantes ya han hablado y lo seguirán haciendo, respecto de las universidades públicas del país, lo que resulta por demás significativo. También y para nada menor, es la situación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al que – de acuerdo con lo expresado por sus autoridades – se le afectarán seriamente sus cometidos, en particular en lo que tiene que ver con el sistema de evaluación estandarizada, con lo que el país no cuenta a la fecha, y con las investigaciones proyectadas.

Ahora bien, en el caso de la ANEP, cuyo órgano directivo integramos desde febrero por decisión de nuestros colegas, se le cercenan 793 millones de pesos previstos para el ejercicio 2017. Esta cifra, que en el presupuesto de la misma parece de poca entidad, constituye una necesidad imperiosa.

El propio CODICEN, a nuestra propuesta, expresó en la resolución que aprobó su rendición de cuentas y que envió al Parlamento, que resultaba imperioso contar con los referidos recursos para el cumplimiento y desarrollo de las acciones ya establecidas.

En este sentido, y sin perjuicio de desarrollar acciones tendientes a optimizar el uso de los recursos asignados – lo que dijimos con anterioridad y sostenemos a la fecha como un imperativo impostergable –  es necesario concientizar respecto de la necesidad de no diferir la asignación de los recursos ya votados.

El recorte de presupuestal que se proyecta sobre la ANEP para el 2017 afectará áreas sustantivas, y hay que decirlo.

En primer lugar se afectará la proyectada extensión del tiempo pedagógico, ya que parte de esos recursos estaban previstos para que pudieran instalarse más centros educativos de educación media (secundaria o UTU) con jornadas extendidas que incluyan actividades de diversa naturaleza, en zonas de mayor vulnerabilidad.

También el recorte afectará la atención de los nuevos centros que se creen o de las ampliaciones que se realicen a centros educativos que ya están en funcionamiento. Sabido es que existe, también en educación media, necesidad de ampliar la cobertura a través de la instalación de nuevos edificios o la ampliación de otros, ya que en determinadas zonas del país esta oferta aún no está presente. Para ello se requieren más docentes, más funciones de apoyo, cargos de dirección, adscripción y servicios, lo que estaba previsto solventar con algo más de 200 millones asignados.

Finalmente – y quizás lo más importante – se afectará la creación de nuevos grupos, en todos los niveles y en particular en la educación media. El aumento y extensión de las ofertas existentes implicó la apertura de primeros años en los distintos niveles. Estos alumnos deben continuar con sus trayectorias durante el 2017, a la vez que se deben incorporan nuevos a los primeros años. A esto se debe sumar la necesidad de atender otras ofertas, según las características y realidades que en cada caso se presenten en el marco de las ofertas existentes.

Desde hace un tiempo, y en particular a partir de la presentación del presupuesto nacional, se han fijado algunas metas en materia de educación como ser que los jóvenes de hasta 17 años concurran en un 100 % a propuestas educativas establecidas o a crearse; aumentar el egreso de la educación media superior; transformar la formación inicial de docentes en el país, entre otras.

Retrasar la habilitación de nuevos centros, la creación de grupos en los distintos niveles, así como la extensión del tiempo pedagógico en algunas áreas impacta directamente en la consecución de las metas previstas y ello debe ser expresamente dicho y especialmente considerado al momento de resolver.

Por ello, hoy más que nunca, los parlamentarios tienen la palabra…

Robert Silva García

Autor: Robert Silva García

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Universidad de la República, Profesor de Administración y Servicios egresado del Instituto Normal de Enseñanza Técnica. Cuenta con formación a nivel de postgrado en educación y recursos humanos. Fue Consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Secretario General del Consejo de Educación Secundaria y Secretario General del CODICEN de la ANEP. Actualmente es docente efectivo de UTU, Coordinador del Observatorio de Educación de la Fundación Propuestas (FUNDAPRO) Fue integrante la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). Actualmente es consejero del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP