Lunes, 5 de septiembre de 2016

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Educación pública: de los equívocos a las improvisaciones

Entendemos que la energía eléctrica es un servicio público, sea producida por UTE, UPM o un molino privado. Y entendemos que la salud pública abarca a ASSE y a diversidad de mutualistas y empresas privadas. Esto es así aquí y en el mundo. Pero en Uruguay  la educación pública (primaria) es a la que asisten los niños de túnica blanca y anacrónica moña azul.

En educación lo público es lo estatal.  Los uruguayos tenemos en general una preferencia por los prestadores del estado, pero en educación somos tan entusiastamente estatistas que identificamos, o más bien confundimos, lo público con lo estatal.

Esta concepción que viene de larga data, tiene hitos recientes.  Uno fue la universalización de la educación preescolar por la denominada reforma Rama.  Es probablemente el más importante cambio en la educación en los últimos veinte años (muy relevante aún reconociendo que las transformaciones han escaseado).  La estrategia, exitosa, consistió en un enorme operativo estatizante, que desconoció y prefirió no capitalizar la acumulación y la diversidad de esfuerzos que la sociedad venía haciendo desde la dictadura por crear jardines infantiles, en todo el país y en todos los niveles de ingreso.  En el 95 muchos eran financiados por las familias y otros  habían incorporado el financiamiento público a través del Plan CAIF.  Todo ello se ignoró y debemos reconocer que nadie protestó. Las decisiones parecen haberse basado en el dudoso supuesto que la mejor educación preescolar era la de ANEP, aunque hasta ese momento era mínima y además concentrada en sectores de ingresos medios hacia arriba.

La Ley General de Educación del 2008 le dio rango legal a la confusión entre educación pública y estatal.  Creó, en medio de una jungla de comisiones, a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública.  Es curioso, porque en ningún lugar se crea dicho Sistema, ni queda muy claro que es, cómo funciona.  Mientras tanto, en el mismo sentido,  la moña azul, que usan solo los niños que asisten a las escuelas estatales, comenzó a lucir como logotipo que identifica al Consejo que gobierna toda la educación primaria,  o sea que también a la privada. Y cuando el último presupuesto nacional se propone universalizar el acceso de los niños a los tres años, la prioridad se le da a las escuelas estatales de Primaria, relegando a los CAIF que actuaban en ese nivel, tal como antes hizo la reforma Rama. Se desconoce el fundamento de la decisión presupuestal, porque los CAIF cuentan con varias evaluaciones externas e independientes, que muestran su efectividad, mientras que de los centros preescolares de primaria no se conoce que se hayan hecho: son mejores por definición, no hace falta evidencia.

El mismo sectarismo parece ser la inspiración de la decisión de los diputados frentistas de quitarle la exoneración a las donaciones recibidas por universidades privadas, pero no a las estatales.  En medio de una discusión parlamentaria buscando reforzar el financiamiento de la educación, se sacó esto de la galera.  La decisión es equivocada en varios sentidos. Las exoneraciones son parte de la reforma fiscal realizada por el Frente Amplio en el 2007, por lo que parece coherente primero analizarlas (lo que no se hizo) y hacerlo  desde aquel marco de política. El eliminarlas no ahorra recursos (que era el objetivo de la discusión en ese momento), los donantes pueden transferir la donación con exoneración a las universidades estatales  o a instituciones no universitarias. E igual que con el avance de Primaria sobre los CAIF, no hay ningún dato que diga que las exoneraciones a las estatales resultan más eficaces o incluso más equitativas en sus efectos que las destinadas a las privadas.   La única diferencia es quien es el propietario de los centros.  Desde el sector frentista “Ir” que promovió la iniciativa, se adujo un enigmático argumento “programático”.   No se entiende cual es el objetivo programático.  ¿Perjudicar a las universidades privadas por ser tales?  Podemos sospechar que es otra expresión, improvisada,  escasamente fundamentada, que se sostiene en el equívoco que contrapone educación pública y educación privada.  Abunda la evidencia que la calidad y la equidad no están asociadas con la propiedad de los centros educativos. La cuestión que debería preocupar a la política pública no es quien gasta, sino la eficacia y la equidad de los recursos asignados, tanto a los centros estatales como a los privados.

Javier Lasida

Autor: Javier Lasida

Javier Lasida es Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Máster en Ciencias Sociales de FLACSO Buenos Aires y candidato a Doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Universidad Católica del Uruguay. Fue Director durante 6 años del Programa Projoven del Ministerio de Trabajo de Uruguay. Se ha desempeñado en roles de consultoría, gestión y evaluación de política educativa para varios gobiernos, instituciones privadas y organismos internacionales en Uruguay y varios países de la región. Es autor de libros y artículos en publicaciones académicas y en la prensa, en temas de su especialidad.