Jueves, 1 de diciembre de 2016

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Educación y política (2)

“Ahora bien: existen en la sociedad operaciones, actividades, funciones del más diverso orden, que son, por su misma naturaleza, especiales, y, consecuentemente, no pueden ser bien ejecutadas sin dotes también especiales. Por ejemplo: ciertos placeres de carácter artístico y lujoso, o bien funciones de gobierno y de juicio político sobre los asuntos públicos.” tweet

José Ortega y Gasset [1] tweet

 

Surrealista es el calificativo más apropiado para definir la explicación que debía dar de nuestro sistema educativo en las reuniones de Mercosur en las cuales me tocó intervenir. Era realmente complicado explicar el esquema orgánico de la educación en Uruguay. Y si lo era en ese entonces cuando la actual Ley de Educación, N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008, todavía no existía, lo es más aún a partir de la entrada en vigencia de dicha norma.

Si la efectividad y eficiencia en el funcionamiento del sistema educativo fuera directamente proporcional al número de cargos de gestión, el nuestro estaría a la vanguardia, sin dudas. La realidad demuestra, sin embargo, que tal relación no existe.

Esta reflexión surge como consecuencia de la lectura del informe de la OCDE sobre Revisión de los recursos educativos en Uruguay. El mismo contiene apreciaciones sobre diferentes aspectos de la educación en nuestro país, muchas de las cuales compartimos y otras no, o por lo menos, no totalmente.

“Repensar la gobernanza de la educación para facilitar la implementación de las reformas y mejorar el uso de los recursos educativos.” Este es precisamente uno de los puntos que aborda el informe citado supra. Se refiere, obviamente, a los cargos directivos, gerenciales y de gobierno que tienen a cargo el manejo del sistema educativo en el Uruguay. Convengamos que lo que nos están diciendo los técnicos que realizaron el informe no es nuevo. Los uruguayos y particularmente quienes estamos insertos en el ámbito educativo, conocemos esa realidad y, por qué no decirlo, de algún modo, también la padecemos. Hay en el documento de la OCDE una puntualización que va dirigida tanto a la estructura como la distribución de competencias y responsabilidades entre los diferentes organismos y cargos que componen el organigrama de nuestro sistema educativo.

“En consecuencia, existe la necesidad de aclarar las competencias dentro del sector educativo. El primer paso que se debería tomar es concentrar la responsabilidad principal y la rendición de cuentas en un solo órgano que dirigiera el desarrollo de la política educativa. El órgano que naturalmente parece ser más adecuado en Uruguay es el CODICEN, que debería tener sus responsabilidades fortalecidas en comparación con los consejos desconcentrados.”[2] Hay en la actualidad cierto grado de confusión en las competencias de los diferentes órganos, en cuanto la falta de claridad de las normas vigentes, evidencia superposición de competencias o imprecisión en el alcance de las mismas.

El informe hace otras precisiones respecto a la integración de los cargos y la centralización existente. Por otro lado hace referencia a la existencia de subsistemas educativos que actúan cada uno con independencia de los otros. Finalmente señala, críticamente, la integración de integrantes del cuerpo docente en los organismos directivos. Sin desconocer la relevancia de los primeros aspectos anotados, queremos detenernos, porque nos preocupa más, de los cargos.

Es un aspecto que el informe plantea, aunque no profundiza y que, no obstante, nos parece digno de atención. El número de órganos y de cargos existentes (prácticamente triplicados por la nueva Ley de Educación), dificulta la coherencia y la lógica del funcionamiento del sistema educativo. Y no menos importante que el aspecto cuantitativo es el cualitativo. Si bien muchos de quienes ejercen la gobernanza en educación son docentes, de formación y trayectoria, otros no lo son. Consecuencia inevitable de ocupar los cargos con criterio político. Eso conlleva a que muchas autoridades actúen más por un mandato político que en aras de un interés netamente educativo.

Mención aparte merece la integración de docentes en los organismos de dirección. En este aspecto mantenemos un criterio menos extremo que el sustentado por OCDE. Es discutible la presencia de docentes en los órganos de gobierno de la educación, aunque entiendo que tal integración es sustentable y justificable dentro de determinados parámetros.

“Esta participación directa de los docentes en la administración del sistema educativo es debatible ya que, inevitablemente, existen intereses creados. Esta práctica permite que los intereses corporativos incidan en el desarrollo de la política educativa. El riesgo que se corre es que algunas políticas educativas puedan verse sesgadas para favorecer los intereses de los docentes. En consecuencia, el sistema educativo corre el riesgo de estar más centrado en ellos que en los alumnos.”[3] Este es el aspecto más preocupante de la integración del colectivo docente a los órganos directrices: el accionar corporativo.

El corporativismo, hecho que tanto molesta a alguna de nuestras autoridades (cuando lo hacen de los propietarios de estaciones de servicio por considerarlo corporativo), se repite como conducta sistemática. Los colectivos gremiales y sindicales lo aplican constantemente. Pero cuando un docente es elegido para integrar un órgano de dirección por sus colegas, debe saber ubicarse en su nuevo rol. No fue elegido para la defensa y protección de los intereses del colectivo que lo llevó al cargo, sino para aportar a la conducción y mejora del sistema educativo, dejando de lado, si es necesario, los intereses específicos de sus colegas. Creo que este aspecto es el que no hemos logrado concretar.

Ello tiene una connotación negativa. Los órganos directivos de la educación deben velar y conducir a ésta teniendo como objetivo primordial al alumno. Si los unos (designados políticamente), obedecen a intereses partidarios y los otros (electos por sus colegas profesionales), obedecen a intereses corporativos, el alumno pasa a ser un dato colateral que no gravita en el quehacer educativo.  Asimismo, el docente, debe estar despolitizado si quiere cumplir a cabalidad el cometido de su cargo dentro del organismo de educación correspondiente. En cualquier sociedad que se precie de progresista se apunta, en materia educativa, a la excelencia, lo cual implica pensar, planificar y accionar en función del alumno. Hacer lo contrario, significa retroceso. Por ello me atrevo a considerar que la integración del docente a los órganos de dirección puede aceptarse, pero con las puntualizaciones realizadas.

Concluyo con un pensamiento de la Maestra Reina Reyes: “La cultura del docente, para no estar peligrosamente alienado por influencias políticas, debe tener márgenes vivas con todas las ciencias y con todas las corrientes ideológicas, en una actitud dialéctica opuesta a todo conocimiento acabado y a todo juicio de carácter dogmático.”[4]

 


 

[1] Ortega y Gasset, José: La rebelión de las masas, pág. 46, Editorial Planeta, Barcelona, 1993.
[2] OCDE: Revisión de los recursos educativos – Uruguay: pág. 4
[3] OCDE: Revisión de los recursos educativos – Uruguay: pág. 9
[4] Reyes, Reina: Drama en la educación, pág. 126, MRREE –CETP, Montevideo, 2009

 

 

 

 

Juan José Villanueva

Autor: Juan José Villanueva

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Doctor en Diplomacia egresado de la UDELAR. Profesor egresado del INET. Ha cursado la Maestría Educación y Sociedad de la UCUDAL y es Experto Universitario en Administración de la Educación (UNED). Ha realizado diversos cursos vinculados con el área educativa y jurídica. Fue docente de Educación Media Técnica (1974 – 2009), Docente del Instituto de Profesores Artigas y del INET. Coordinador de los Bachilleratos Tecnológicos de UTU, Director del Programa de Administración, Comercialización y Servicios y Secretario Docente del CETP – UTU (1996 – 2004). Coordinador Nacional de Derecho del Consejo de Formación en Educación (2009 – 2011) Ha asesorado y asesora a entidades educativas privadas y desempeña en funciones de Dirección. Es docente de Sociología en instituciones terciarias y universitarias privadas desde el año 2007 y ha realizado diversas publicaciones sobre temas educativos.

  • Hugo Hernández Serena

    Lamentablemente, hay que recurrir a un viejo refrán, que no por viejo deja de tener vigencia: (plena vigencia, diría yo) :”LA CULPA NO ES DEL CHANCHO, SINO DEL QUE LE RASCA EL LOMO”. Y esto se desglosaría de esta forma: “Estos (des) gobernantes que tenemos, cuando eran OPOSICIÓN (PORQUE OPONERSE A TODO ERA LA ÚNICO QUE SABÍAN Y/O SABEN HACER) le fueron dando PODER a los gremios de la educación. Hoy que (des) gobiernan hace años el país no pueden aflojarle “la cincha” (PUES SERÍA UN CAOS CON VISOS DE “ASONADA” -palabra que al ONCÓLOGO le gusta mucho- y entonces (SIGA PANCHO POR LA VÍA) la educación da LÁSTIMA somos el “hazmerreir” del mundo y los que dimos ejemplo de CULTURA de la mano de RODO, VAZ FERREIRA, FREIRE, FLORENCIO, ZORRILLA…. hoy solamente, como la zorra, vemos las uvas de abajo y…(LAMENTABLEMENTE) pensamos: ¿CÓMO PUEDEN SER TAN “GILES” QUE TIREN A LOS “CHANCHOS” EL PORVENIR DE LA PATRIA,(que como dijo el Padre Artigas: “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”) SIMPLEMENTE PORQUE NO SABEN HACER NADA, NO SIRVEN PARA NADA Y DAN PODER A LOS QUE TAMPOCO SIRVEN PARA NADA PUES SE BASAN EN HACEN FLORECER SUS DERECHOS, Y NO LOS DEL COLECTIVO QUE EN ESTE CASO ES EL PAÍS Y SU EDUCACIÓN,