Jueves, 31 de agosto de 2017

MENU

El caso Toriani: una polémica que preocupa

La polémica en torno a la remoción del director del Hospital de Rivera, Dr. Andrés Toriani, por parte del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), es paradigmática de un debate que explícita o soterradamente se viene dando en relación con la forma de gestionar el Estado.

La decisión de cesarlo -junto al subdirector del hospital-, que se tomó con el voto en contra de la presidente del Directorio, Dra. Susana Muñiz, se adoptó en virtud de una serie de irregularidades surgidas de una investigación administrativa. Según trascendió, entre otras irregularidades se constató que venía contratando médicos y funcionarios con fondos de un rubro distinto al que correspondían los gastos y sin firmar contrato alguno.

Un claro apartamiento del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), que el Dr. Toriani no negó, sino que justificó, durante un acto público de rendición de cuentas de su gestión. Dijo que las autoridades de ASSE tenían “pleno conocimiento” de lo que hacía y que con ello se cambió un modelo de gestión de la salud pública en beneficio de los usuarios.

Tras su cese, el Dr. Toriani, ex diputado comunista, recibió el apoyo explícito del PCU, de buena parte del personal del Hospital de Rivera y de muchos riverenses que manifestaron su rechazo a la decisión del Directorio de ASSE, en una caravana de autos y motos que recorrió la ciudad. Incluso, el Sindicato Médico de Rivera calificó de “inconveniente e inoportuna” la remoción del director Toriani y manifestó su preocupación por la calidad futura de los servicios prestados.

Quienes apoyan al Dr. Toriani y rechazan su cese como director del Hospital de Rivera, destacan las mejoras en los servicios y en especial en la atención de los pacientes. Quienes decidieron su remoción, se fundaron en que su gestión se desarrolló al margen de la normativa vigente.

No cabe duda que en un Estado de derecho, los objetivos y metas, asistenciales en este caso, deben alcanzarse en el marco de la ley y siguiendo los procedimientos administrativos previstos.  Ello por cuanto solo siguiendo pautas preestablecidas y conocidas por todos, se garantizará el tratamiento igualitario de las personas y los casos, el manejo transparente de los recursos y con ello una mayor eficiencia de la gestión misma.

Sin embargo, en este caso, como en muchos anteriores, no faltan los que justifican la violación de las normas aludiendo a buenos resultados de gestión, que no se habrían alcanzado de haber seguido los procedimientos administrativos ajustados a derecho.

Es la posición de quienes visualizan a la ley como una cortapisa o un obstáculo para el manejo de la cosa pública y desarrollar una gestión de gobierno. De los que ven la división de poderes y los controles institucionales cruzados como un formalismo que solo busca entorpecer las buenas intenciones y la capacidad de hacer de los gobernantes de turno.

En la declaración de apoyo a Toriani, por ejemplo, el PCU afirma que al cesar al jerarca, las autoridades de ASSE se apartaron de “…los principios frenteamplistas plasmados en el programa de gobierno…”, lo que debe llamar a alarma si esos principios implican poner el programa de un partido político por encima de la institucionalidad de la República.

Y no importa si ese programa recibió el apoyo de cientos de miles de votos, porque en un Estado de derecho, como el nuestro, la legitimidad de las decisiones de los gobernantes solo se alcanza si ellas se han adoptado de acuerdo a lo que establece la Constitución, la ley y el derecho en general.

El apoyo en las urnas legitima a los gobernantes para tomar decisiones, pero no de cualquier modo. Nunca debe confundirse la discrecionalidad que el derecho otorga a los gobernantes para ejercer el poder con ejercerlo arbitrariamente.

Arbitrariedad, que es definitiva la forma en que, lo quieran o no, sean conscientes o no, ejercen su poder los jerarcas que se apartan de la normativa vigente.

Es natural que la gente reclame y celebre tener buenos servicios públicos; por lo que no se puede reprochar el impulso a apoyar a aquellos que exhiben buenos resultados. Lo que resulta inadmisible es que los jerarcas, llamados a velar por el estricto cumplimiento de las normas en el ejercicio de la función pública, actúen guiados por un impulso similar o peor aún, movidos por solidaridades partidarias mal entendidas.

Las autoridades tienen la obligación, jurídica y ética, de hacer cumplir la ley y de procurar desarrollar, en el marco de la misma, una gestión eficaz y eficiente.

Proceder de otra manera sería tanto como gobernar sin la “…salvaguardia general al derecho popular…bajo la fe de los hombres…” y sin “…las seguridades del contrato”, como dijera Artigas en la oración inaugural del Congreso de Abril de 1813.

Sería poner lo político por encima de lo jurídico, porque el fin justifica los medios. Y ya sabemos, porque la historia así lo atestigua, como culminan esas aventuras.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Abogado y funcionario. Actualmente es Ministro de la Corte Electoral. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue Prosecretario General del mismo. Es miembro de diversas instituciones culturales y sociales. Colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Es autor de los libros Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional.

  • Alejandro Schellenberg

    Dejando de lado el apoyo comunista, hay un hecho fundamental que no debe ser soslayado: la mejoria en la atencion a los pacientes. Lo que pasa es que el hombre simplemente no es reglamentarista. Y la verdad es que el exceso de reglamentarismo la mayoria de las veces conspira contra la buena gestion. Para mi lo unico que esta mal es que la gente trabajara sin contrato. En cuanto a lo demas, que se uso un rubro diferente, sencillamente lo mas seguro es que la distribucion de rubros asignada no tuviera nada que ver con las necesidades de la gente. Cambienlo, y la calidad de la atencion a la gente se va a ver sumamente resentida. ¡Ah, pero se va a estar cumpliendo con los reglamentos! Lo que esta mal, aparte del hecho reprobable de que la gente trabajara sin contrato, es que el jerarca no tenga potestad para realizar reasignaciones de rubros segun las necesidades locales. Por que justamente esa reasignacion de rubros es lo que va a permitir mejorar la atencion a la gente