Miércoles, 11 de abril de 2018

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El costo beneficio y la delincuencia

Nadie puede negar que el lucro, el beneficio, la ventaja y la conveniencia son factores que determinan la conducta de los seres humanos. Normalmente, cuando una persona o una empresa encaran la viabilidad de un negocio lo hacen tomando en cuenta el costo beneficio. Ese es el incentivo principal para concretar la eventual inversión, sin perjuicio de los actos de filantropía, de generosidad, de amor, de ignorancia, de mala planificación o de estupidez que también pueden incidir en las decisiones que tomamos los seres humanos.
La mayor inversión industrial que ha tenido el país, me refiero a la planta de pasta de celulosa originariamente denominada BOTNIA y actualmente UPM, se llevó a cabo porque los inversores consideraron que la misma sería lucrativa merced a los beneficios que le otorgó el Presidente Jorge Batlle. Del mismo modo, pero en sentido contrario, el proyectado puerto de aguas profundas de La Paloma de fines del milenio pasado no obtuvo inversores que hicieran realidad ese emprendimiento porque concluyeron que el mismo no sería redituable. Y lo mismo sucedió con el proyecto del Presidente Mujica de hace pocos años de construir una nueva terminal portuaria en la zona de Entre Cabos del departamento de Rocha, con la regasificadora y lo que aconteció con PLUNA y “el caballero de la derecha”.
En una brillante nota, de entre tantas a las que nos tiene acostumbrados el eximio Economista Jorge Caumont, titulada “A partir de la Literatura y la Economía” publicada en el suplemente del diario El País, El Empresario, del 9 del corriente, se hace referencia al modelo Dostoiesvki-Becker (GB-FD) fundado precisamente en la ecuación costo beneficio del ámbito económico trasladado al terreno de la criminalidad. Caumont expresa: “La intuición nos dice que el modelo Dostoiesvski-Becker (FD-GB) puede ser aplicable en nuestro país. De hecho asistimos ya a su mismo mensaje por el camino inverso: cuando el costo del delito se ha reducido, la cantidad demandada de delito ha trepado” y concluye afirmando que “no es solo posible sino además muy probable que las medidas de mejoramiento de la seguridad pasen por un aumento significativo de los costos explícitos y de oportunidad de la delincuencia”.
Comparto totalmente esa conclusión, pero no por intuición sino por razones empíricas. La experiencia nacional e internacional lo indica. ¿Por qué Singapur es un paradigma de seguridad? Por la gravedad de las penas aplicables a los delincuentes. Y lo mismo sucede en China, en Corea y en otros países que además de castigar duramente a los que delinquen, son eficientes en la prevención y la aclaración de los delitos. En Nueva York, desde hace 20 años, vienen bajando los índices de criminalidad. En el año 2017, en esa población de 8 millones seiscientos mil habitantes, se cometieron menos de 300 homicidios prácticamente la misma cantidad que en el Uruguay con la particularidad de que, en nuestro país, se aclararon sólo el 50% de los asesinatos cometidos. ¿La razón? El sistema establecido por el alcalde Rudolf Giuliani, con penas más duras y un sistema policial y judicial muy eficiente.
Un ejemplo cotidiano en Uruguay lo demuestra: hasta hace poco la rambla de Montevideo era una pista de carreras. Hoy con los radares y la gravedad de la multa todos, salvo muy pocas excepciones, cumplen con el límite de velocidad allí impuesto. La explicación de lo que está pasando, tiene dos causas fundamentales, la severidad de las penas y un eficiente sistema de contralor y de sanción.
En la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar en Playa Pascual (San José), el Presidente Dr. Tabaré Vázquez, volvió a defender la gestión del Señor Ministro del Interior y a reiterar su opinión en el sentido de que las críticas a este secretario de Estado tienen un propósito exclusivamente político puesto que no se asientan en la realidad. No es así. Las críticas resultan de los números, de lo que sucede día a día en nuestro país con relación a la criminalidad. Incluso, muchas de ellas tienen un propósito patriótico puesto que van acompañadas con recomendaciones que si fueran atendidas podrían coadyuvar con el esfuerzo del Ministerio del Interior para alcanzan mejores resultados. Una eventual reducción de la criminalidad va a beneficiar a toda la población incluyendo al propio partido de gobierno que lograría, de ese modo, una relevante victoria ante este flagelo, lo que sin duda acrecentaría su prestigio y el número de sus eventuales electores. Si se tratase sólo de una maniobra política electorera y bastarda, a los que la practican, les convendría más que continúe el Ministro Bonomi para que todo siga como hasta ahora.
La delincuencia, a pesar del aumento muy importante de los recursos asignados para combatirla, ha ido aumentando ominosamente, principalmente, porque los delincuentes consideran que el riesgo que se asume cometiendo delitos compensa la eventual pena que le puede caber al que los cometió. Estamos recibiendo un turismo delictivo nunca visto en el Uruguay, argentinos, chilenos, brasileños, mejicanos, paraguayos y de otras nacionalidades han venido al Uruguay a delinquir, incluso importando nuevas tecnologías (como el robo de los cajeros automáticos). Lo han hecho, convencidos de que aquí es fácil gozar de impunidad, en particular, por el bajo porcentaje de delitos que se aclaran y por la levedad de las penas. Es necesario e imperioso revertir este estado de situación. La gravedad del flagelo de la delincuencia en el Uruguay se puede apreciar simplemente analizando el aumento significativo de los homicidios cometidos en estos cien días transcurridos del año 2018. La cifra alcanzada permite concluir que, en el correr de este año, en el Uruguay se van a cometer más homicidios que en la ciudad de Nueva York con 8 millones seiscientos mil habitantes. Ello es absolutamente inaceptable y requiere cambios sustantivos que modifiquen el análisis costo beneficio de la criminalidad. Esos cambios sólo se podrían alcanzar con nuevos y más capacitados jerarcas en el combate contra la delincuencia y en rápidas y enérgicas medidas legislativas. Para proceder de ese modo se requiere que el gobierno tenga consciencia de la gravedad de la situación. Por lo acontecido en el Consejo de Ministros en Playa Pascual todo parece indicar que esa forma de pensar está muy alejada del pensamiento de las autoridades nacionales.

 

 

Edison González Lapeyre

Autor: Edison González Lapeyre

• Catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático en la UDELAR • Profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. • Asesor Letrado, Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Director de Asuntos Culturales, Director de la Consultoría Jurídico - Diplomática • Embajador ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití y Granada y representante Permanente ante la OEA. • Negociador en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay, el Tratado para el desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuareim y el Acuerdo de Extradición y Cooperación Judicial con EEUU. • Integró el equipo legal del Uruguay en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una primera etapa. • Autor de más de 150 publicaciones de su especialidad.