Viernes, 7 de abril de 2017

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El Decreto “anti-piquetes” del gobierno: no es nuevo, y lo nuevo que agrega no es bueno

El Poder Ejecutivo, con la firma del Presidente de la República y todos sus ministros, aprobó el pasado lunes 20 de marzo de 2017, el Decreto Nº 76/017 que otorga potestades al Ministerio del Interior para intervenir en acciones de protesta que incluyan el corte de calles, caminos o carreteras. El mismo establece básicamente que: Art. 1º- “El Ministerio del interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras, cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. Disponible para consultar en:

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/03/cons_min_480.pdf

 

El decreto aprobado no es nuevo, y lo nuevo que agrega no es bueno. La situación es realmente inédita y hasta de Ripley.

En efecto la nueva normativa padece de dos errores:

1- Que ya existe, desde hace nada menos que 18 años, una disposición vigente y absolutamente aplicable en idéntico sentido. En efecto, el Decreto Nº 127/999 de 4 de mayo de 1999 (gobierno del presidente Sanguinetti). Disponible para consultar en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/127-1999

La referida normativa vigente, ya establecía claramente lo mismo: “Art. 1º – El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”.

En consecuencia el nuevo decreto era innecesario y solo correspondería aplicar el vigente desde 1999. Es más, en el Resultando 2º del nuevo Decreto Nº 76/017, se hace referencia y se reconoce, al anterior Decreto Nº 127/999.

2- El otro error y el más grave, es la confusión en la que incurre al señalar en el artículo 4º expresamente, que las medidas previstas no serán aplicadas ante lo planteado en el artículo 57 de la Constitución de la República. En ese artículo se declara a la huelga como un derecho gremial.

Primero porque el derecho de huelga no es impedir el uso de las calles, caminos o carreteras, ni interrumpir u obstaculizar el tránsito en la vía pública.  En efecto, garantizar la libre circulación y evitar los piquetes callejeros, no tienen nada que ver con el derecho de huelga. La normativa presentada no tiene elementos que configuren medidas, ni modalidad de huelga.

La justicia uruguaya ya he emitido casi cuarenta fallos, que señalan que el piquete sindical no forma parte del derecho de huelga y además vulneran otros derechos, como por ejemplo, el de libre circulación.

A modo ilustrativo, el fallo del Tribunal de Apelaciones Civil de 4° Turno calificó de “ilícito” un piquete efectuado en marzo 2016 por un grupo de trabajadores en Fray Bentos. La sentencia, establece claramente que el piquete no es una extensión al derecho de huelga. Y señala expresamente que el piquete no conforma una extensión del derecho de huelga pues esta significa una abstención colectiva en el cumplimiento de las funciones, mientras el piquete constituye una forma activa de obstaculizar la prestación de servicios.  Como consecuencia de ello, esta medida no recibe la protección del artículo 57 de la Constitución y deviene ilícito por “afectación de derechos reconocidos constitucionalmente” concluye la justicia.

Por su parte, la mayoría de la doctrina, entiende pacíficamente, que solo es admisible el piquete “pacífico”, o sea, aquel que es llevado a cabo sin violencias o amenazas, ni lesión de otros derechos, sin cortes de la vía pública y sin alterar el orden público. Es posible manifestarse libremente, incluso en la vía pública, en una plaza, espacio, sobre la vereda o cantero central, u otro lugar pero sin necesidad de obstruir o impedir el ejercicio de otros derechos, como lo es, el de la libre circulación.

Mientras que los piquetes son notoriamente “ilícitos” cuando vulneran derechos fundamentales previstos en la Constitución y que por ende necesariamente lesionan, por ejemplo el derecho a la libre circulación previsto en el artículo 7; el derecho a la libertad de trabajo previsto en los artículos 7, 10, 36 y 53, el ejercicio de la libertad de empresa previsto en el artículo 36; o el derecho a la propiedad establecido en los artículos 7 y 32. Según el caso, también pueden afectar el derecho a la libertad de conciencia y pensamiento (artículos 7 y 10 de la Constitución) e importar la configuración de delitos y faltas. O cuando son contrarios a las leyes.

Desde el 2007 la Justicia civil, la laboral y hasta la penal condena los piquetes ilícitos, aclarando que no constituyen una manifestación del ejercicio del derecho de huelga, ordenando el levantamiento de los mismos y amparando varios de los derechos mencionados.

En suma, el piquete no es huelga. Las conductas desarrolladas por quienes participan de un piquete son ajenas a la esencia de la huelga, pues ésta en forma universal es entendida como la abstención concertada de trabajar. El piquete implica una conducta activa, e involucra la adopción de vías de hecho ilegítimas para lograr otros objetivos. Y sólo la huelga está protegida por nuestra Constitución. Por ende, se deben evitar prácticas abusivas respecto de un derecho frente a otros derechos.

De lo expuesto surge que no se comprende, por qué se incluyó ese artículo 4º en el nuevo Decreto Nº 76/017 del Poder Ejecutivo.

Asimismo, porque la libre circulación tiene que estar garantizada para todos los ciudadanos, con independencia de quien lleve a cabo las medidas. Esto además vulneraría el principio de igualdad (art. 8 de la Constitución), de que todos somos iguales ente la ley (se hace una diferenciación entre los ciudadanos comunes y los trabajadores que están haciendo una acción colectiva). Es por eso que también, desde el punto de vista jurídico, esta norma está reñida con la Constitución.

Segundo, porque como se enseña en cualquier facultad de derecho del mundo, hay un principio jurídico fundamental y que es que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es válido y legitimo manifestarse pero con tal acción no puedo vulnerar o afectar los derechos de los otros.

El derecho a manifestarse no se está limitando en forma alguna por este nuevo decreto y tampoco lo hacía el de 1999. El tema es donde y en qué condiciones manifestarse. El derecho a la huelga no está por encima de los otros derechos reconocidos Constitucionalmente.

Tercero, porque ahora coexisten dos decretos que son parcialmente contradictorios. Por cuanto en nuevo de 2017 tiene la limitante (infundada e injustificada) del artículo 4º, mientras que el Decreto de 1999 no tiene esa limitación.

Cuarto, porque el derecho de libre circulación está expresamente contemplado por el art. 7 de la Constitución; en la Ley Nº 18.191 de Tránsito y seguridad vial en el territorio nacional y en la ley Nº 19.315 (Ley Orgánica Policial) que define el procedimiento policial.

En efecto, los arts. 5º, 7º y 23º la ley Nº 18.191 dispone categóricamente: el derecho a la libertad de circulación; y que no se puede perturbar, ni obstaculizar la vía pública y el tránsito. En análogo sentido se expresan los Artículos 7º de la Constitución y 22 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Mientras que, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que “toda persona tiene derecho a circular libremente en el territorio de un Estado”.

A su vez, el Poder Ejecutivo es el responsable de la conservación y tranquilidad en lo interior, y la seguridad en lo exterior (art. 168.1 de la Constitución). Complementariamente, las leyes 13.963, 18.315 y 19.315 establecen que competen a la Policía la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la República. De todas las normas previas, resulta que la Policía debe intervenir en casos de piquetes, en tanto generan una alteración del orden público y una lesión a libertades y derechos fundamentales. La intervención de la policía debe de ser inmediata.

Por ende el cortar una calle o una ruta impidiendo la libre circulación, es ilegal conforme a nuestro derecho positivo.

 

COROLARIO. Desde el año 2005 en adelante el Ministerio del Interior ha hecho caso omiso de intervenir en los casos de piquetes aplicando el Decreto Nº 127/999, y de tal forma no ha garantizado el derecho a la libre circulación.

Que de esta forma ha sido incumplidor contumaz del artículo 181 de la Constitución Nacional que dispone en el Artículo 181, que “Son atribuciones de los Ministros, en sus respectivas carteras y de acuerdo con las leyes y las disposiciones del Poder Ejecutivo: 1°) Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones”.

En este caso, al gobierno no le faltaban nuevas normas, sino la voluntad política de hacer cumplir las vigentes. Ya existían leyes, decretos y reglamentaciones que impedían obstaculizar el tránsito y garantizar el derecho a la libre circulación.

Guillermo Maciel

Autor: Guillermo Maciel

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República; de la Universidad de la Empresa y de otros centros de estudios superiores. Director General del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay de 1999 a 2005. También se desempeñó como asesor del Ministro del Interior durante 1998. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República de 1996 a 1999. Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas. Consultor especializado en seguridad ciudadana; y autor de varios trabajos publicados sobre la materia.