Lunes, 24 de agosto de 2015

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Menores e INAU: es momento de equilibrio

El problema que tenemos con los menores que delinquen y los centros de reclusión de los mismos se ha tornado dramático. Los hechos ocurridos en los últimos días, que incluyen el procesamiento de 26 funcionarios, una huelga, decreto de esencialidad y fugas de menores, ponen de relieve una situación compleja y de difícil resolución.

Es claro el enfrentamiento, desde antes de la difusión del ya famoso video, entre la directora Gabriela Fulco y los funcionarios agremiados.

Resulta obvio que en todo centro de reclusión, sea de mayores o de menores, deben respetarse los derechos humanos de los internos. Que estos hayan cometidos delitos, por más aberrantes que sean, no justifica nunca que se violen sus derechos. El respeto de ellos es una nota esencial del Estado de Derecho y la Democracia.

Por el otro lado, también es cierto que quienes deben actuar para poner orden en los centros deben poder tomar y ejercer medidas coercitivas cuando ellas son necesarias para hacer hacer cumplir la ley y el orden. Obvio es, también, que dicha fuerza debe ser ejercida siempre dentro de la ley.

El problema y los riesgos se plantean en la aplicación de las normas.

Puede suceder que los funcionarios que deban reprimir futuras acciones violentas de los internos tengan dudas o se abstengan de hacerlo. Es que, a partir de los procesamientos de los últimos días, quizás se planteen no intervenir por el riesgo de terminar como sus compañeros. O, por lo menos, tengan dudas de cómo hacerlo para no correr ese riesgo.

Por su parte, los menores que delinquieron y se encuentran recluidos, pueden sentirse “envalentonados“ por los hechos referidos sabedores de los riesgos que corren sus carceleros y su ánimo. No es necesario tener mucha experiencia para conocer que esa relación entre los internos, en especial los más agresivos como los rapiñeros u homicidas, y los guardias será complicada en los días por venir.

Son reiteradas las excusas que en el pasado surgieron de unos y otros. “Me golpearon, me lastimaron“ dicen unos. “Se autoinfligió lesiones para acusarme“ contesta el otro. El intérprete, ya sea jerarca, fiscal o Juez, enfrenta dudas ante estas afirmaciones.

Las imágenes de cámaras ayudan en ese sentido a disipar las mismas, pero a veces no es suficiente.

Las suspicacias, además, estarán a la orden del día. De concretarse una fuga, la sospecha de una “vendetta“ de los funcionarios asomará al instante. De existir cualquier lesión de un interno, sucederá lo mismo.

El momento es delicado, porque es una delgada línea la que separa el ejercicio legal de la fuerza del ilegal, en estos casos. Frente a ello se necesita trabajar en dos sentidos: protocolos y normas claras, y el relacionamiento de la dirección con los funcionarios.

Cuando se cometió al ejército nacional la custodia perimetral de las cárceles, este solicitó y obtuvo normas precisas de actuación. Así fue que ante una fuga, el centinela militar tiene claros los pasos que debe dar (voz de alto, disparo al aire, etc.).

Cuando se trabaja con personas privadas de libertad siempre existe el riesgo de incumplimiento de normas, agresiones, motines e intentos de fugas. Las propias imágenes hechas públicas en los últimos días exhibe a los menores destruyendo bienes y haciéndose de objetos contundentes o punzantes. En esos momentos se debe actuar rápidamente y para ello las normas de actuación deben ser claras y conocidas. De lo contrario pueden ocurrir excesos o abstención en el cumplimiento de los deberes. Ambos son malos.

Ni abstenerse ni excederse es la clave en esos momentos. Aunque muchas veces es difícil.

Recurrir al concepto del justo medio aristotélico puede ayudar. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles señalaba que “practicar el justo medio es el dominio de la razón sobre los impulsos sensibles“. Es importante la práctica del justo medio “porque excluye los dos extremos viciosos: el exceso y la carencia que son nocivos“.

Lo otro es la recomposición de la relación entre la dirección y los funcionarios del Sirpa. Que sin lugar a dudas ha quedado deteriorada. La Sra. Fulco tiene el derecho y el deber de dirigir la institución. Los funcionarios tienen el derecho y el deber de trabajar en él. Para ello necesitarán protocolos claros, órdenes precisas y ser respaldados en sus tareas (obvio que siempre que las cumplan dentro de la ley).

No hay que olvidarse que muchos de los menores recluidos, lo están por haber cometido rapiñas y homicidios. Ello, como se dijo, no justifica ni permite tratos inhumanos o ilegales pero debe calibrarse que el trabajo con ellos no es el mismo que con menores que no han delinquido.

Recordemos lo que le sucedió a la actual Ministra y un ex Senador hace 9 o 10 años, cuando al grito de “no toquen a mis gurises“ enfrentaron personalmente un motín en un centro de reclusión. Los menores pidieron ser llevados a otro lugar, el Senador se puso al volante de una camioneta y a los pocos metros se encontró con que uno de los internos le ponía un cuchillo en el cuello y todos fugaban.

No hay que repetir aquellos errores, ingenuos, ni estos excesos de hoy.

Tender al justo medio puede ayudar a retomar la calma y volver las cosas a su cauce.

Admin Telescopio

Autor: Admin Telescopio

  • Walter Martinez Larrosa

    Un gobierno cívico-sindical que ya tiene más de diez años impide una clara determinacion de roles, la autoridad se pierde en esa nebulosa, el dogmatismo de denominar marginación a lo delincuencial colabora eficazmente a que las medidas deban tener mas oscuridad que claridad y asi los actores no saben si ejercer la autoridad como mandan las leyes de la Republica o amplificar los derechos humanos desconociendo las obligaciones humanas. El equilibrio esta roto, el rumbo se ha perdido. Los errores de Octubre de una mayoria los empezamos a pagar todos bien temprano.