Miércoles, 17 de agosto de 2016

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El financiamiento de la educación superior y la calidad del debate sobre políticas públicas

En el marco del proceso de discusión parlamentaria sobre el proyecto de rendición de cuentas se introdujo a último momento una iniciativa que ha dado lugar a un debate inédito en el país: cómo se financia su educación en general y la superior en particular. Lo que debería ser una buena noticia, que el país discuta sobre las fuentes de financiamiento de sus instituciones universitarias y su impacto en términos de calidad y equidad, desgraciadamente, se ha convertido en una prueba incontrovertible de lo mal que Uruguay formula, discute y aprueba sus políticas públicas. El debate deja en evidencia que en Uruguay se investiga muy poco en materia de educación superior, los datos y las evaluaciones escasean, y que algunos actores políticos y sociales, quedaron anquilosados en disputas que huelen a naftalina y caza de brujas.

La iniciativa en cuestión refiere a la eliminación de la lista de beneficiarios de donaciones con exoneraciones fiscales a las universidades privadas reconocidas en el país. La posibilidad de recibir donaciones fue propuesta por el Presidente Vázquez en su primer gobierno y desde el año 2010, el Ministerio de Economía aprueba proyectos en los que se define el destino de las donaciones y luego controla estrictamente su ejecución. A pesar de ese origen, llama poderosamente la atención que, la bancada del partido de gobierno en medio de otras discusiones, deroga esta posibilidad, sin ninguna evidencia de uso inadecuado de los fondos ni evaluación negativa de los resultados de la política, sino que por el contrario, a pesar de múltiples ejemplos de impactos beneficiosos para los jóvenes e investigadores beneficiarios de dichos recursos.

Lo que pudo ser una manifestación menor de sectores políticos y sociales que no han logrado digerir que el monopolio de la provisión de enseñanza universitaria se terminó desde hace treinta años (hoy el país cuenta con seis universidades y una en vías de serlo) se ha amplificado en las últimas semanas en dos direcciones igualmente sorprendentes.

La primera es que se pretenda eliminar de la posibilidad de recibir donaciones en base a exoneraciones fiscales, a todas las instituciones educativas  que no sean estatales. Si castigar a las universidades privadas es infundado y discriminatorio, esta propuesta de la que es vocero el Senador Agazzi, es directamente descabellada. El Senador, como muchos en el gobierno, sabe que existen un conjunto de iniciativas educativas dirigidas a los sectores más carenciados de la sociedad, que se sustentan sustancialmente en esa fuente de financiamiento.

Existen varios estudios académicos serios, así como amplísimas evidencias, que demuestran que los liceos de gestión no estatal gratuitos están haciendo un aporte significativo en sus comunidades, no solamente para que los adolescentes y jóvenes no deserten, sino para que su formación les permita afrontar con éxito horizontes más amplios. Pero no solamente, los liceos más conocidos, sino que muchas escuelas, liceos, centros juveniles y espacios no formales son beneficiarios de estos recursos, que les permiten dar formación y atención, a miles de niños, adolescentes y jóvenes de los sectores más desfavorecidos. La propuesta que expresa el Senador Agazzi, trasluce una mirada que se niega a reconocer la importancia de la sociedad civil en la tarea educativa y cultural, que va a contrapelo no solo de la Constitución de la República que es explícita en favorecer y a apoyar las asociaciones y organizaciones sociales, sino de la tradición nacional, que desde las entrañas de su historia favoreció las iniciativas de la sociedad dando al estado un rol complementario y supletorio, pero nunca monopólico ni dominante.

La segunda dirección del debate se ha orientado al tema de las exoneraciones de los aportes patronales a la seguridad social que beneficia a las universidades privadas (como a una amplísima gama de organizaciones sociales) y no a la Universidad de la República o la ANEP (como a todos los otros organismos del Estado). Esta discusión, cuyo vocero destacado ha sido el ex Consejero de Secundaria Martín Pasturino, debe contextualizarse un poco para ser entendida en su globalidad, y darse cuenta de su desatino y consecuencias nefastas para la vida educativa del país.

Tanto la Universidad de la República como la ANEP, como todos los organismos estatales hacen aportes patronales a la seguridad social. Esos fondos se financian con recursos públicos y por ende con los impuestos que pagamos todos. En todos los organismos del Estado, ese aporte es un monto muy significativo, fruto de algunas decisiones históricas de nuestro país, no siempre acertadas, que hace que el peso de la seguridad social sea de los más altos del mundo. En la lógica presupuestal uruguaya, esos fondos pueden ser discutidos respecto del peso del costo de la seguridad social en el gasto público del país, pero es muy complejo, por no decir imposible, que un organismo en particular sea excluido o vea reducido su aporte. Porqué darle una reducción o exoneración de los aportes patronales a un ente educativo y no la Suprema Corte de Justicia, o el SODRE, o cualquier otro que en un momento reclame mejoras presupuestales.

Por otra parte, las universidades de gestión no estatal, están comprendidos en el régimen general de todas las organizaciones de la sociedad civil en los campos educativos, culturales y sociales que se encuentran exoneradas de tributos incluyendo los aportes patronales. No solamente los centros educativos, sino muchas organizaciones sociales, culturales, ONGs pero también los clubes deportivos, desde los más modestos del interior de la República hasta los más encumbrados de primera división. La constitución es clara en promover una vida social rica y diversa, al sostener que esas exoneraciones son “como subvención de sus servicios”.

Cambiar este régimen, además de inconstitucional, produciría un efecto sísmico sobre el sistema educativo uruguayo. Quienes lo proponen, no se dan cuenta que por algo existen iniciativas educativas de gestión no estatal. ¿Por qué hay largas colas y listas de espera en los nuevos liceos gratuitos en barrios desfavorecidos fundamentalmente financiados con aportes de donaciones? ¿Por qué se presentan aproximadamente dos mil jóvenes a los programas de becas de las universidades privadas, casi el 10% de toda la generación de ingreso al sistema de educación superior? Y la pregunta del millón: ¿pueden soportar las instituciones estatales un traspaso masivo de estudiantes por la desaparición o drástica reducción de la matrícula del sector privado? Todas preguntas claves en un análisis de política pública que además debería tener en cuenta los aportes sustanciales en términos de innovación y pluralidad, que las instituciones educativas de gestión no estatal de todo nivel hacen a la construcción del país y a la formación de sus ciudadanos.

Es bueno para el país que se debata sobre la forma en que se financia su sistema educativo en general y su sistema universitario en particular. Pero discutamos bien, con estudios y evidencias. Y llama la atención que en este debate, no se hayan incorporado a la discusión cómo estas iniciativas pueden contribuir a resolver a los dos problemas críticos de la educación uruguaya sobre la que sí tenemos amplia evidencia. Lo que se sabe con certeza es que Uruguay es el país en América del Sur con menor tasa de graduación en su educación media y que es el más inequitativo en el acceso a la educación superior. ¿Estas iniciativas contribuyen a mejorar ese pésimo desempeño de nuestro sistema educativo?

El artículo aprobado por el partido de gobierno en la Cámara de Diputados y los corolarios Agazzi y Pasturino (por llamarlos de alguna manera) atentan directa y negativamente sobre los dos nudos críticos de la educación uruguaya. Primero porque, sin duda, van a afectar sobre los niveles de egreso de educación media dado que toda la educación no estatal y los liceos en sectores carenciados en particular, hacen una contribución real y significativa sobre el progreso educativo y social de sus estudiantes. Pero además, porque limitan el aporte que ya están haciendo las universidades de gestión no estatal en mitigar las desigualdades en la educación superior. La aplicación de los fondos provenientes de las donaciones a programas de becas viene permitiendo a cientos de jóvenes ingresar y sostenerse en la educación superior que han elegido.

Da cierta tristeza que sobre temas tan importantes, se propongan iniciativas extemporáneas, sin estudio (impropio de universitarios), se manejen argumentos con tanta ligereza, y no se evalúen los posibles impactos negativos de las medidas, en las instituciones, y sobre todo, en las personas afectadas. El país se merece más calidad en sus políticas en general, y en las educativas en particular.

Pablo Landoni

Autor: Pablo Landoni

Decano del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes Investigador en el campo de la Educación Superior