Jueves, 15 de diciembre de 2016

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El Frente Amplio y los derechos humanos de los discapacitados

El proteger a los discapacitados constituye no sólo una obligación jurídica sino, sobre todo, una obligación moral de cualquier gobierno y, en particular, del gobierno del Frente Amplio que, según sus capitostes, se ha estructurado ideológicamente sobre la base del respeto a los derechos humanos y a los principios que emanan de la  solidaridad social.

En nuestro querido país, el amparo a los más desvalidos, como deber ético, se remonta a los tiempos de nuestro Prócer,  el General José Artigas, que  dijo, en una carta al Gobernador de Corriente s de 9 de abril de 1815, “No hay que invertir el orden de la justicia. Mirar por los infelices y no desampararlos, sin más delito que su miseria” y en el Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campaña estipuló que “los más infelices serán los más privilegiados”.

Incluso, en las bases programáticas del partido de gobierno se estableció bajo el título de “ sistema de cuidados” (2.2) , como objetivo el “avanzar hacia una nueva política social estructural articulada en una ley marco que asegure el ejercicio del derecho al cuidado de aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia (permanente o transitoria), el ejercicio de los derechos y responsabilidad de las personas que cuidan de manera remunerada o no; el cambio hacia la cultura de la corresponsabilidad entre los cuidados del Estados, mercado, comunidad y familia y entre varones y mujeres” . Y se agrega como cometido el “poner en marcha una transformación política, social y cultural en la que el cuidado y el cuidar se entiendan como derechos…” Con respecto a la discapacidad, en las citadas bases, se establece como objetivo el “garantizar la igualdad entre todas las personas desarrollando e institucionalizando la política pública hacia la discapacidad”.

Parece pues claro que conforme a estos principios jurídicos y éticos, los discapacitados gozan no sólo de los derechos humanos recogidos en las convenciones internacionales y en la Constitución de nuestro país, sino que, además, tienen el derecho a ser “cuidados”, a ser protegidos.

¿Y qué es lo que ha sucedido al respecto en estos doce años de gobiernos frenteamplistas? Han habido no sólo promesas incumplidas sino, lo que es peor, medidas que violentan los derechos de los discapacitados como las que refieren al traslado de los no videntes del local del Instituto Cachón y el traslado de los discapacitados de la Aldea de la Bondad ubicada en una chacra del departamento de Salto.

Durante los meses de mayo y junio del presente año, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) dispuso la desocupación del local denominado Tiburcio Cachón afectado, desde hacía muchos años, a la rehabilitación de los no videntes y el traslado de los mismos al Instituto Artigas ubicado sobre el Camino Maldonado.  Los no videntes se opusieron tenazmente a esa medida alegando que era absolutamente inconveniente porque se trataba de un traslado del servicio de rehabilitación a instalaciones que “son inaccesibles e inadecuadas para estos fines”. Con el sacrificio y las dificultades consiguientes, los no videntes ocuparon el Instituto Cachón durante 70 días procurando un cambio en la actitud de las autoridades del MIDES, pero todo fue infructuoso.

Durante este lamentable proceso, ni  la Ministra de Desarrollo Social Maestra Marina Arismendi, ni la Subsecretaria de esa cartera Dra. Ana Olivera, accedieron  a dialogar con los  no videntes que eran objeto de tan draconiana medida.

En estos días, hemos observado el traslado, dispuesto por las autoridades del INAU  (Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay ),  en un avión de la Fuerza Aérea, de un grupo de 16 discapacitados que desde hacía muchos años eran cuidados en un establecimiento denominado Aldea de la Bondad, perteneciente a una ONG, que funciona en una chacra del departamento de Salto.

El traslado se efectuó contra viento y marea, a pesar de que los funcionarios de la Aldea de la Bondad habían sido contestes en señalar, a los responsables del INAU, del riesgo de vida que implicaba el viaje y la nueva localización de los discapacitados.  Incluso, con respecto a Ricardo Torres, un joven de 26 años que falleció el  día 10 del corriente mes, se le informó a las autoridades del INAU que “era uno de los pacientes con más riesgo de ser trasladado por su situación de dependencia total en todo sentido”. La madre manifestó que “vivía allí porque yo, como madre sola y por su enfermedad no lo podía atender pero siempre tuvimos contacto y estábamos tranquilos  porque le brindan una atención que yo no le podía dar. Nunca me imaginé que se lo llevarían a Montevideo y  que a la semana me lo entregarían en un cajón”.

Lo cierto es que a esta altura, a la muerte de este joven, se suman las de otros dos discapacitados, a los que se podrían agregar dos más que se encuentran internados en mutualistas de Montevideo, ambos, en grave estado

Lo que está aconteciendo ha generado un clima de angustia y desesperación, en especial en la ciudad de Salto, porque, a  la clara violación de los derechos humanos de estos infelices, se agrega el dolor de los familiares que, en estos tres casos, han tenido que llorar la muerte de sus seres queridos y de los otros  que los han visto alejarse del lugar a donde podían visitarlos sin obstáculos de clase alguno.

Se ha insistido por las autoridades del INAU que estos tres fallecimientos no tienen nada que ver con el traslado de que fueron objeto,  pero cuesta creer que el intempestivo desarraigo del lugar donde permanecieron prácticamente toda su vida, el viaje en un avión con el estrés consiguiente y su ubicación en Montevideo alejados de sus familiares y de las personas que siempre los atendieron, no haya influido en sus respectivas muertes.

La Ministra de Desarrollo Social, Maestra Marina Arismendi, ha efectuado diversas manifestaciones, incluso algunas contradictorias, sobre lo que está aconteciendo. Por un lado, expresó que no puede ser que haya personas mayores de edad bajo la tutela del INAU.   Esta declaración estaría indicando que la medida adoptada fue por una cuestión de competencias lo que nos genera sorpresa puesto que después de doce años de gobierno frenteamplista, la ministra y las autoridades del INAU, recién ahora se dieron cuenta de que existían discapacitados mayores que estaban bajo la tutela de ese Instituto. Nos sorprende que durante este largo lapso ignoraran esa situación, porque es razonable que si hubieran tenido, como correspondía, la información de lo que acontecía en la Aldea de la Bondad, podrían haber procedido con ponderación, previo el asesoramiento y el análisis de caso por caso,  con el correspondiente  diálogo con los padres o familiares responsables, a disponer una nueva forma de atender adecuadamente a esos discapacitados cuando, por razones de edad, quedaran al margen de la tutela de ese Instituto.

Por el otro,  la ministra Arismendi, sostuvo que el traslado se efectuó por la existencia de focos infecciosos que se habían detectado lo que, obviamente, debió merecer la intervención del departamento competente del Ministerio de Salud Pública para que el mismo tomara las medidas adecuadas, cosa que no ha sucedido. Pero además, esto ha sido enfáticamente desmentido por los funcionarios médicos y no médicos de la Aldea de la Bondad que estuvieron todo el tiempo con los pacientes y conocían perfectamente su estado de salud.

Consideramos que, de todo lo expuesto, surge con claridad que lo actuado por el INAU y por el MIDES no ha sido debidamente planificado, que se ha procedido con poca ponderación generando riesgo en la salud y en la vida de esos pacientes además de angustia y desesperación en ellos y en sus familiares.  Ese traslado ha significado vulnerar los derechos de los discapacitados con  consecuencias tan graves que todavía no es posible evaluar y se ha incumplido con el deber de “cuidar” y proteger a que hacen referencias las bases programáticas del Frente Amplio.

Por todo ello apoyamos el planteo de la diputada del partido Colorado, por el departamento de Salto, Cecilia Eguiluz que, con coraje y determinación, ha solicitado la renuncia de las autoridades que ejecutaron la orden del traslado de esos pacientes y la convocatoria de las mismas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que informen sobre todo lo acontecido y sigue aconteciendo y para que asuman las responsabilidades que correspondan, juntamente, con la Ministra de Desarrollo Social.

Edison González Lapeyre

Autor: Edison González Lapeyre

• Catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático en la UDELAR • Profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. • Asesor Letrado, Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Director de Asuntos Culturales, Director de la Consultoría Jurídico - Diplomática • Embajador ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití y Granada y representante Permanente ante la OEA. • Negociador en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay, el Tratado para el desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuareim y el Acuerdo de Extradición y Cooperación Judicial con EEUU. • Integró el equipo legal del Uruguay en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una primera etapa. • Autor de más de 150 publicaciones de su especialidad.