Lunes, 21 de septiembre de 2015

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El impostergable pacto educativo

En lo que va del año decenas de miles de estudiantes de primaria y secundaria, del sector público sobre todo, están obligados a recluirse en sus casas. Mientras tanto, sus familias observan con resignación como, una  vez más, sus hijos son  despojados del derecho fundamental de aprender.

Algunos centros educativos, promediado el mes de setiembre, acumulan una pérdida de más del 10% de las jornadas educativas programadas en el currículo. Para un país que sistemáticamente pierde peldaños respecto a sí mismo en las pruebas PISA, que se estanca en las pruebas de la UNESCO, y que apenas logra que el 28,5%, de sus jóvenes entre 18 y 20 años culmine la educación media en tiempo y forma, la pérdida es superlativa. Sobre todo, cuando en el mundo desarrollado los países promedian 200 días mínimos de clases en un año escolar regular.

¿Hasta cuándo las familias uruguayas van permanecer en el sosiego de la desidia? ¿Hasta cuándo el sistema de partidos tolerará, por mezquinos cálculos electorales, las conductas corporativas que toman de rehén el activo más preciado que tiene el Uruguay, es decir la inteligencia y la formación de su gente? ¿Hasta cuándo primará en los sindicatos de la educación la postura radical y privatizadora, que antepone el interés particular y corporativo de un grupúsculo, frente al interés colectivo de la sociedad toda?

Nuestros hijos, y sobre todo los hijos de los que menos tienen, no pueden seguir siendo víctimas de intereses corporativos egoístas y de autoridades que no tienen el valor de ejercer el poder que le confirió democráticamente el pueblo soberano.

Por esta razón es imperioso, más que todo diríamos es impostergable, que el Gobierno convoque a la conformación de un verdadero Pacto Nacional por la educación uruguaya. Documento solemne que deberán suscribir todos. Absolutamente todos los actores de la vida social, económica, política y cultural del país.

En este instrumento será fundamental que todos los actores reconozcan explícitamente que la educación es un derecho humano fundamental, y que en consecuencia toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, incluyente, con igualdad de oportunidades y condiciones, con la única limitación, si es que cabe, derivada de sus talentos, aptitudes y aspiraciones.

Este Pacto deberá explícitamente dejar sentados los principios que deberán guiar las políticas educativas por las próximas dos décadas. Y deberá comenzar por  declarar con claridad meridiana que la educación es el instrumento por excelencia para para alcanzar la cohesión social de todos los orientales, y que para ello todos los actores están dispuestos a poner el interés supremo del colectivo por encima de los intereses particulares, corporativos y sectoriales, a fin de garantizar el derecho de todo niños, niña, adolescente y persona adulta a recibir una educación de calidad.

En segundo lugar, este Pacto al tiempo que define y consagra los derechos fundamentales, también explícitamente obliga a cada actor a reconocer la plena vigencia del Estado de Derecho.  Esto supone reconocer que el Estado uruguayo y sus autoridades educativas son las únicas instancias legítimas para cumplir y hacer cumplir la Ley en todos sus términos, estableciendo el correspondiente régimen de consecuencias ante incumplimientos a las normas establecidas, sin importar quién o quiénes son los afectados.

El Pacto deberá recoger, construir y reconstruir una visión compartida y derivada de un proceso de construcción colectivo sobre la educación nacional,  para reivindicar en los tiempos actuales la matriz que caracteriza a la educación nacional. Es decir, una educación gratuita, laica y obligatoria. Sin embargo, defender estos principios no significa desarrollarlos a partir de esquemas rígidos, anacrónicos, o de espaldas a las innovaciones y los aprendizajes que la teoría y las lecciones aprendidas dejan en la academia y los tomadores de decisión. Así, deberá abrirse el espacio para la educación personalizada. Transitar al modelo “orgánico” en el cual cada estudiante se desarrolla en todo su potencial, frente al agotado modelo “industrial” en el cual se buscó por décadas egresados como productos estándares, sin importar los desperdicios evidenciados en el fracaso escolar, y expresados en la repitencia escolar y las salidas prematuras del sistema educativo.

Asimismo, este Pacto deberá cuando menos estructurar compromisos en torno a 7 ejes.

El primer eje, deberá conjugar compromisos para democratizar el acceso y la igualdad de oportunidades, para todos y todas, desde el nivel inicial y hasta la educación superior. El país no puede seguir postergando a generaciones de niños y niñas, que año tras año quedan sin recibir protección y atención integral desde su misma gestación y hasta el ingreso a la educación escolarizada a los 4 años de edad. Igualmente, el país no puede permitirse que poco más de uno de cada cuatro culmine la educación media, y que de estos solo un número reducido acceda a educación de tipo superior, sea esta universitaria, o de carácter técnico y tecnológico.

En segundo término, deberán pactarse compromisos compartidos para hacer más pertinentes los aprendizajes y reorientar los procesos educativos en clave de calidad. El currículo, hoy obsoleto, debe repensarse por completo. Articularse en una visión sistémica desde la primera infancia y hasta los niveles de la educación superior, orientado hacia la definición de un marco nacional de cualificaciones, código que permite la interacción entre el mercado de trabajo y la oferta educativa. Tal vez sea mucho pedir, pero sería deseable que el currículo se presente y apruebe en el Parlamento Nacional, como ocurre en Finlandia, porque en éste se expresa que ciudadanía queremos y que sociedad imaginamos.

En tercer lugar,  el Pacto deberá reconocer y honrar a los buenos educadores uruguayos. Esos cuyo trabajo acumulado y colectivo permiten, todavía hoy, que hijos de trabajadores sin instrucción se superen y accedan a posiciones de liderazgo dentro y fuera de fronteras. Esos héroes silenciosos que poco tienen que ver con las medidas de fuerza que van contra la esencia misma del maestro vareliano;  es decir  que se caracterizan por dejarlo todo por el aprendizaje de sus estudiantes. Esos docentes que cumplen más allá del deber, que se ven a sí mismos como profesionales de la educación, más que como trabajadores de 40 horas a la semana. Esos deben ser los educadores premiados, reconocidos y remunerados diferenciadamente de aquellos pocos que solo ven en la educación una actividad remunerada por hora para ganarse la vida.

En cuarto lugar, el Pacto deberá promover, difundir y comprometer a todos los actores con la instalación de una cultura nacional de la evaluación. El país tiene en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) un instrumento formidable para este fin. No puede mejorarse lo que no puede medirse, y bajo este principio todos los actores, procesos, sistemas y acciones deben ser sujeto de la más estricta y objetiva evaluación. Desde el Ministro, las autoridades, docentes, innovaciones, estudiantes y familias deben ver en la evaluación un instrumento al servicio de la mejora continua y debe perderse el miedo a los sistemas punitivos que persiguen sancionar más que premiar.

En quinto lugar, la educación uruguaya se merece un profundo proceso de revisión organizacional. El sistema bicéfalo Ministerio de Educación, ANEP y de esta con órganos desconcentrados, es anacrónico y disfuncional. Debe devolverse a la autoridad política la dirección de la educación, y limitarse a  la ANEP la aplicación técnica de las orientaciones de políticas derivadas de amplios consensos legitimados por vastos sectores de la sociedad, como el que significará este Pacto Educativo.

En sexto lugar, la sociedad uruguaya merece repensar las formas y las magnitudes del financiamiento de la educación pública, pero también la privada. Si verdaderamente estamos de acuerdo en que la educación es la política prioritaria para el país, pues deberá entonces verse reflejado en sus presupuestos. Presupuestos que deberán recoger mayores  esfuerzos de la sociedad uruguaya a través de sus impuestos, pero también reconocer las correspondientes deducciones cuando las familias optan por hacer uso de las educación privada sobre la oferta pública.

Por último, la sociedad nacional deberá activar mecanismos de supervisión, monitoreo y veeduría sobre los cumplimientos asumidos por aquellas instituciones y actores con responsabilidad directa en la ejecución de los compromisos pactados. Para ello, se deberá integrar a actores hasta ahora ausentes en el debate educativo. Empresas, iglesias, organizaciones civiles, tiene un rol que cumplir fundamental para asegurar que el sistema educativo honre los principios de los padres fundadores, y relance a la educación nacional para los próximos 100 años.

Darwin Caraballo

Autor: Darwin Caraballo

CEO de la Fundación Educa desde 2012 a la Fecha, institución dominicana que opera en la zona del Caribe, Centro América y EE.UU. Responsible Técnico por el sector privado de la Iniciativa Dominicana 20.30. Entre 2004-2012, ha sido consultor senior y funcionario de los organismos multilaterales presentes en la región latinoamericana, y ha trabajado para los Estados y sector privado de 17 de la región. Antes fue Responsable de la Gerencia de Planificación y Evaluación de la Gestión Educativa de la ANEP (1998-2001). Licenciado en Ciencias Políticas (UDELAR), Gerente Social (INDES/BID USA), MBA (IDECEM/UE).