Lunes, 14 de agosto de 2017

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¡El vergonzoso artículo 15 de la Rendición de Cuentas!

No se entiende lo que le está pasando al Gobierno cuando se le ocurre incluir en la Rendición de Cuentas el tristemente famoso artículo 15.

El contenido es claro. Por el artículo 15, el Estado se transforma en un deudor privilegiado que no tiene obligación de cumplir con las sentencias judiciales, por más firmes que se encuentren y solamente estará obligado a pagar cuando pueda y le venga bien, cualquiera de las dos cosas.

Este artículo es la reiteración real de otro intento que el propio Gobierno sometió al Parlamento en la anterior ley de Presupuesto como articulo 733 y que ante el recurso de inconstitucionalidad planteado por los afectados y válido para el caso concreto que lo reclamó, la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional.

Ahora se trata de “des-inconstitucionalizar” el articulo 733 anterior con esta variante del artículo 15 de la Rendición de Cuentas, por medio de agregar, que el Estado está obligado a pagar aunque no tenga crédito, pero si el reclamo excede de un determinado monto, entonces vuelve a tener la posibilidad de pagar o no pagar si puede o si le viene bien, y si puede o le viene bien, lo hará en  la siguiente Ley de Presupuesto o de Rendición de Cuentas, siempre que el Parlamento apruebe que se destinen recursos para el pago a los acreedores que la Justicia les ha reconocido el legítimo derecho al cobro.

Es decir que para que se cumpla la ley y el Estado pague lo que debe, a partir de cierto monto, se necesita la voluntad concurrente del Poder Ejecutivo que tenga la iniciativa de pagar y cuente con el aval del Poder Legislativo que podrá o no hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia de pago.

Una vez más lo político (el Poder Ejecutivo y el Parlamento) está por encima de los Jurídico (el Poder Judicial) como nos enseñara esa cumbre del pensamiento republicano y experto jurídico: del expresidente Mujica.

Claro que, como parece un atropello excesivo, otra cumbre del pensamiento se ganó unos galones, no sabemos bien con quién, diciendo que el Ejecutivo puede pagar, aunque no tenga crédito o bien puede patear la pelota para adelante para cuando esté en condiciones y le venga bien, poniéndole un término indefinido al plazo del pago condenado.

Y como esto podía llevar a que, de la sentencia al pago, mediara mucho tiempo, otra cumbre del pensamiento gubernativo le agregó que la ley podía tener excepciones si se tratara de casos extremos de necesidad.

Linda válvula de escape para que la Justicia esté a la discrecionalidad del Ejecutivo o del Parlamento, por supuesto que no se sabe ni qué es lo que configura la causal de excepcionalidad referida y establecida, así como tampoco quien decidirá si el caso encuadra o no en la excepcionalidad. Será excepcional si tiene los votos y no lo será si no los tiene.

En pocas palabras y con la contundencia que hay que decirlo, de aprobarse este artículo 15 la Justicia funcionará para los amigos del Parlamento o del Ejecutivo y no para otros que no cuenten con el apoyo del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Así de sencillo.

¡La separación de poderes, base de la Constitución republicana y la igualdad ante la ley, se fueron por el caño, por decir lo menos!

Este artículo responde a la voluntad del gobierno de no pagarle a los judiciales, que tienen el derecho que les han consagrado las normas que el mismísimo gobierno del Frente Amplio les ha otorgado.

Acá surgen algunas interrogantes:

¿O el Gobierno se ve venir, una serie de reclamos con muertes anunciadas, como el reclamo de Philip Morris o el de Aratirí y se protege con esta norma?

O será, porque también teme que el reclamo de la regasificadora se termine laudando en su contra. O, ¿hay otros reclamos que no se conocen y que son otras espadas de Damocles colgando sobre el cuello de la Administración?

¿Cabe preguntarse, por qué estos litigios corren riesgo de ser laudados en contra del Gobierno?

Impericia, en primer lugar, al formular las leyes (caso judiciales), impericia al formular los contratos (casos Philip Morris, Aratirí o Regasificadora), impericia al defender las causas contra el Estado con jurídicas incompetentes, mal pagas y mal reclutadas, de medio tiempo y exentas de responsabilidad patrimonial personal.

La falta de pago, ¿tiene antecedentes?

¿Qué fue lo que sucedió con las empresas que generaron créditos por obras a su favor en la Intendencia de Canelones, con sentencia firme del Poder Judicial que el Gobierno Departamental del Frente Amplio se negó a reconocer e incluir en su presupuesto después del 2005, amparado en el artículo 381 del Código General del Proceso que dejó a las Intendencias como acreedores privilegiados inembargables?

¿Como se desarrolló la historia?

Simplemente, la Intendencia no pagó, ni incluyó previsión presupuestal para el pago, y así pasaron varios años. No les pagó a los acreedores.

Cuando ya era un incobrable, aparecieron emisarios extraoficiales que les plantearon a las empresas acreedoras quitas que llegaron al 80% de los montos adeudados. Por situaciones de necesidad varias empresas tuvieron que hocicar frente a los planteos, para, cediendo los derechos respecto de esas deudas, lograr el cobro parcial de los adeudos. Unos días después estos intermediarios conseguían a nivel de la Junta Departamental, cobrar los créditos con quitas, menores que las que los emisarios intermediarios consiguieron con los apremiados originales acreedores.

Es cierto, es el amparo de otra norma y es un Gobierno Municipal, pero es el mismo Partido y la misma falta de respeto al derecho del administrado, al orden de la Constitución, y la misma falta ética de honrar los compromisos.

Con esta norma, las tan promovidas inversiones públicas financiadas por el sector privado quedarán todas paralizadas.

¿Alguien puede creer que un inversor al que se le alerta desde la ley, que, si el Estado no quiere o no puede pagarle, tiene una base legal para no hacerlo, decidirá invertir en el país en las áreas de la inversión pública en que el deudor será el Estado?

Con el artículo 15 marcharon por el sumidero las PPPs, las concesiones con aportes del Estado, los ferrocarriles, las carreteras, las inversiones en energía, y en toda la infraestructura en general, o la cobertura de riesgo será fenomenal y con ello lo que costarán las obras.

¡Qué diferente forma de actuar al buscar estos subterfugios para no cumplir con las obligaciones del Estado respecto de la forma en que enfrentamos la peor crisis del siglo en el año 2002 y honramos todas las deudas del Estado!

¿Puede existir expectativa para que el Senado revea este artículo?

Francamente, no lo creo. Espero estar equivocado.

Lucio Cáceres

Autor: Lucio Cáceres

Ing. Civil, egresado de la Universidad de la República. Vicepresidente de la Academia Nacional de Ingeniería Asesor de empresas de construcción privada y de mantenimiento a partir de 2005. Asesor Regional en Infraestructura (ingeniería de infraestructuras, ingeniería del transporte, evaluación de proyectos, asociaciones público-privadas y concesiones). Realiza Evaluación económica de proyectos de inversión para OEA. Ha trabajado junto a UNOPS en proyectos de infraestructura (aeropuertos , puertos y carreteras), asesorando a gobiernos y los inversores institucionales. -Ministro de Transporte y Obras Públicas entre 1995-2005 -Director Nacional de Vialidad entre 1985-1989 -Profesor de la Universidad de la República , 1975-2010 , UM ( 2011 ) Y -Profesor del curso Máster de la Universidad de Piura, Perú ( 2012-2013 ) , -Consultor para el Banco Mundial, el BID , la CAF y los gobiernos de China, -Paraguay , Panamá , Argentina , Chile, Perú, El Salvador, Honduras y Colombia