Lunes, 4 de diciembre de 2017

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En buena hora

En ocasión de una conferencia celebrada recientemente evocando la creación – hace 10 años – de la Unidad de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía su titular expresaba, atinadamente, que un presupuesto es una máquina generadora de información transversal, que al mismo tiempo se constituye en una suerte de estímulo al fortalecimiento de las instituciones.

Agregaba seguidamente que mejor información y más solidez institucional son también ingredientes que van conduciendo a expresiones de mayor calidad en el funcionamiento del contenido presupuestal.

Por su parte el Director de la Unidad señalaba que su oficina ha contribuido en la mejora de la estructura presupuestal lo que ha redundado en una mejor información al Parlamento y la ciudadanía.

Y añadía a renglón seguido que para continuar mejorando tenemos que aceptar transformaciones en todos los organismos que participan en el proceso y para eso la premisa fundamental es fortalecer la credibilidad en la restricción fiscal.

Todas estas aseveraciones son ampliamente compartibles y ameritan un reconocimiento expresado en la frase ¡en buena hora ¡

Denotan, asimismo, un cambio de orientación en lo que hace a anteriores administraciones económicas que expresaban en el Parlamento su escasa convicción respecto a los resultados que pudiera deparar la utilización de herramientas que han sido utilizadas en diversos países de nuestra región latinoamericana y en el ámbito internacional.

Entre esas herramientas que comenzaron a desplegarse en la primera década de nuestro siglo cabe mencionar a la implantación de leyes de responsabilidad fiscal en varios países que tuvieron como propósito atender justamente a lo expresado en la conferencia mencionada, a saber: más solidez institucional, con mayor calidad del funcionamiento, auspiciando la credibilidad de la restricción fiscal.

Uno de los países que más avanzó en este sentido fue Chile que en el año 2001 a  impulso del Presidente Lagos decidió impulsar una regla de política fiscal basada en el cumplimiento de un superávit en el denominado balance estructural de 1 % del PBI, la cual se puso en funcionamiento tras el envío del  proyecto de presupuesto de ese año.

Según el Ministerio de Hacienda de dicho país – autodenominado progresista como el nuestro – el balance estructural del gobierno central excluye los componentes cíclicos más significativos del presupuesto para así evitar reacciones pro cíclicas de la política fiscal frente a las fluctuaciones de la economía.

Como apreciamos se cumple lo manifestado por nuestro Ministro de Economía en cuanto al fortalecimiento institucional dado que la aplicación de esta herramienta permite la sostenibilidad de largo plazo de la política fiscal así como se crea un escenario viable para instrumentar un escenario de estabilidad.

El balance estructural del hermano país recoge en ese sentido las metodologías sugeridas por los organismos internacionales y en especial de la OCDE – entidad a la que aspira integrarse nuestro país – y a la cual el país transandino ya logró ingresar cumpliendo una serie de requisitos exigidos por dicha institución –  entre los cuales se alabó y destacó su manejo de la política fiscal por medio de este instrumento.

La implementación del balance estructural contiene ciertas exigencias que requieren, primariamente, una consolidación – agrupamiento de los datos de todo el sector público –  para lo cual se necesita definir con precisión los distintos agregados (categorías económico financieras ) del presupuesto dado que será imprescindible cuantificarlos claramente para proceder posteriormente a corregirlos en función de los ciclos económicos.

En segunda instancia se precisa desglosar el balance efectivo de los componentes transitorios con lo cual es necesario contar con una buena aproximación a las variaciones que se presenten en el ciclo económico.

En tercer lugar es menester identificar todos los pasivos contingentes – como pueden ser a vía de ejemplo las obligaciones a futuro del régimen de previsión social – los que deben ser incluidos como factores explícitos los cuales permiten visualizar el largo plazo redundando en una mayor credibilidad de las previsiones.

Desde el punto de vista práctico la primera tarea es construir dicho balance sobre el concepto de valor patrimonial neto del gobierno central.

Esto quiere decir que el superávit o déficit debe reflejar ya sea un aumento o reducción según el resultado de la posición financiera neta del gobierno, resultante de la consolidación de activos y pasivos.

Y aquí nos debemos detener en los propósitos de mejoramiento de nuestra hacienda pública proclamados por sus autoridades.

Nuestro país desde el año 2012 está procurando establecer un sistema financiero integral intentando disponer de un balance que exprese los estados financieros generales de acuerdo a las normas internacionales y que pueda servir de base para mejorar nuestra política fiscal con el apoyo de significativos aportes crediticios del BID

Poco se sabe acerca de cuándo dispondremos de resultados en ese sentido más allá de algunos seminarios realizados por la Contaduría General de la Nación y de la expresión de voluntad de sus autoridades en el sitio Web de dicho organismo.

Por lo tanto en este ámbito el mejoramiento que se procura en nuestra hacienda pública tiene una fuerte restricción en que  – vaya la redundancia – en nada contribuye para establecer la restricción fiscal tendiente a perfeccionar la ejecución presupuestal.

No debe olvidarse que a partir de la década del 80 del siglo pasado la administración financiera pública ha llevado a cabo una verdadera revolución en sus enfoques y ejecución.

Una combinación interdisciplinaria de economía, ciencia política, gestión pública, contabilidad y auditoría de gestión  han logrado plasmar un conjunto de innovativas ideas que han ido extendiendo su influencia sirviendo de base a valiosas reformas las cuales han servido para modernizar al sector público en su conjunto.

Entre ellas se destacan las ya mencionadas leyes de responsabilidad fiscal, el diseño de marcos presupuestales de mediano plazo, la creación de consejos fiscales independientes, la puesta en marcha de los presupuestos por resultados con sus sistemas de monitoreo y evaluación, los informes fiscales que procuran establecer en términos contables financieros las distintas etapas del ciclo presupuestal y la introducción de los análisis de riesgo.

Se ha pasado del simple enfoque del análisis del gasto al enfoque global financiero y el seguimiento de las variadas fases presupuestales enfocándose en la movilización de recursos y la administración de la deuda con sus impactos en el mediano y largo plazo.

En este sentido la administración financiera pública abarca un conjunto de sistemas destinados a la producción de información,  así como de procesos y reglas que pueden ayudar a la instrumentación de políticas fiscales eficientes, permitiendo proporcionar instrumentos calificados para las proyecciones de largo plazo.

Como muestra del impacto de estos movimientos es posible constatar que en los años 90 sólo existían 5 países con reglas fiscales mientras que en el año 2012 eran 76 los países que las aplicaban.

A su vez, otro ámbito en el cual en los últimos años se han hecho esfuerzos significativos para el mejoramiento es el referido a la calidad de las finanzas públicas.

Las experiencias y estudios realizados al respecto destacan que dicha calidad debe ser considerada a través de un enfoque multidimensional que atienda los cinco canales de transmisión a través de los cuales las finanzas públicas impactan en el crecimiento a largo plazo y estos son: el tamaño del gobierno, la posición fiscal y la sostenibilidad, la composición, eficiencia y efectividad del gasto, la estructura y eficiencia de los sistemas de ingresos y la gobernanza fiscal.

Es decir que si nuestras autoridades de la hacienda pública sostienen su posición de mejorar la misma tienen una excelente oportunidad en la próxima rendición de cuentas (a tres años de su asunción) de implementar una serie de medidas que le demostrará a la ciudadanía el rigor con que encaran sus responsabilidades actuales y de futuro.

Sabremos si la buena hora de sus intenciones se acompasa al buen tiempo de ejecución que exige nuestro país en los períodos adecuados.

Hasta ahora no ha sido ésta la conducta que ha primado en las últimas administraciones.

Esperemos que los desafíos del nuevo tiempo puedan ser abordados con la ponderación que la sociedad pretende.

Admin Telescopio

Autor: Admin Telescopio