Lunes, 29 de mayo de 2017

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¿En educación también el “cómo te digo una cosa te digo la otra”?

En estos últimos días, el país volvió a enterarse que a pesar de las múltiples promesas de las autoridades y de los mecanismos instrumentados para evitarlo, hay muchos niños que no asisten a clases y a pesar de ser una condición que deben cumplir las familias para recibir las asignaciones familiares, el Ministerio de Desarrollo Social sostiene que se debe mantener el beneficio aunque los niños no concurran a la escuela. El debate se ha instalado entre las autoridades de gobierno y deja confundida a la ciudadanía, en particular por su recurrencia. ¿Qué nos dejan estas discusiones?

En primer lugar, una constancia flagrante que, en educación no estamos estancados, en realidad estamos retrocediendo. El país hace un esfuerzo significativo de inversión en su sistema educativo público, y muchos de sus indicadores, tanto en materia de aprendizajes como de cobertura se encuentran en nivel de alarma. Que existan niños que no concurren a centros escolares, o lo hagan de forma tan irregular, es una afrenta enorme al país que orgullosamente pregonó y lideró en el continente el concepto de educación obligatoria, y que la sociedad y las familias hicieron suyo tempranamente, llegando rápidamente a altos guarismos de escolarización.

Sin embargo, como en otras dimensiones de la vida nacional, nos dormimos en los laureles. Por eso se debieron instrumentar y reforzar mecanismos que transmitieran una señal clara que el precepto constitucional de la enseñanza obligatoria es un valor nacional fundamental. Las asignaciones familiares instauradas en la década del ’40 del siglo pasado, por legitimidad social y por implementación eficaz, han sido, históricamente, el mecanismo utilizado para reafirmar con un incentivo económico la asistencia de los niños a la escuela y de cierta forma controlarlo. En el momento que se consagró no se usaba la terminología, pero el mecanismo supuso que los beneficios que se recibían del Estado exigían una contraprestación, y esto es que se cumpliera la obligación de asistencia de los niños a la escuela.

El grave problema del enfoque del MIDES en este tema es que envía el mensaje equivocado: no importa que los niños vayan a la escuela o no, el Estado va a seguir subsidiando. Y por más que se intente cubrir de retórica y justificaciones, el resultado termina siendo una política populista que fomenta la dependencia y erosiona la principal herramienta que tiene la sociedad de superación social, que es la educación.

Las autoridades de gobierno deben tener claro que desde sus puestos de responsabilidad ejercen un rol educativo. Esto es, cuando llevan adelante políticas y toman decisiones, necesariamente implica que el no cumplimiento, trae consecuencias. Desgraciadamente, los políticos populistas con su doble discurso, no cumplen con esta máxima de la ética política. ¿Cuántas veces escuchamos de gobernantes montevideanos que se iban a erradicar los carritos con caballos o que se iban a sancionar a las personas que dejaran basura fuera de los contenedores? Al no tener consecuencias, muchos ciudadanos –y no exclusivamente de sectores desfavorecidos- no ajustan el comportamiento a lo debido porque reflexionan “igual no va a pasar nada”.

Por otra parte, la retórica populista adquiere su mayor potencial cuando veladamente acusa a los que intentan hacer cumplir el precepto constitucional y las normas legales, de desalmados que hunden a las personas en la pobreza. Latinoamérica ha escuchado por décadas estos argumentos llenos de moralina que han hecho de nuestro continente un campo fértil para la dependencia del Estado benefactor y pocas oportunidades para el ascenso social y el desarrollo personal y comunitario. Los subsidios y los apoyos que la sociedad otorga a los más desfavorecidos adquieren su mayor sentido cuando son verdaderas palancas que permiten a las personas superarse, salir de la dependencia y emprender caminos hacia destinos mejores.

En materia educativa, no enviar un mensaje claro y sustancial en el sentido que la asistencia obligatoria a la escuela se debe cumplir, tiene un efecto devastador. Que el presidente del CODICEN haya dado una respuesta confusa e inconsistente para intentar quedar bien con el Ministerio a diferencia de la posición clara y contundente de las autoridades del Consejo de Primaria, es preocupante.

Jerarquizar la educación implica transmitir mensajes claros y contundentes en todos los niveles. Si desde la época de Varela, los uruguayos coincidimos en que la educación es el camino para la superación personal y por esa razón debe ser obligatoria, las autoridades de gobierno deberían tener claro que su principal responsabilidad es hacer cumplir ese gran acuerdo social. Y eso comienza, por dar señales claras a la sociedad, a las familias, a todos los actores del sistema educativo, que la presencia efectiva de los niños en la escuela es una de las formas, tal vez la principal, de superación en la sociedad. Poco podrán hacer después directores y maestros por retener los chicos en el centro escolar por un lado, y trabajadores sociales en la tarea de revinculación por otro, si no predomina en todos los sectores sociales y en cada rincón del país, la convicción que la presencia efectiva de los niños en la escuela es una dimensión esencial de la socialización y la formación ciudadana.

A esta altura deberíamos tener claro que el “cómo te digo una cosa, te digo la otra” nos lleva por mal camino. Y en educación, al desastre.

Pablo Landoni

Autor: Pablo Landoni

Decano del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes Investigador en el campo de la Educación Superior

  • Alfredo Barran

    La solución del Mides y las confusas declaraciones del Presidente del CODICEN no nos deben extrañar. A los gobiernos del FA, a pesar de su chachara sobre la educación, lo único que les interesa es tener una juventud cada vez menos educada para que no conozcan lo que pasó en el pasado, ayudados por una serie de intelectuales que les han mentido por años sobre lo que ocurrió en nuestro país como consecuencia de la actuación de los tupamaros, esos que lucharon contra la democracia y que ahora bien que se benefician con ella, y les suministran dinero sin contraprestación y violando derechos constitucionales a cambio de votos.