Martes, 8 de marzo de 2016

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Enfrentando el creciente fenómeno de la violencia doméstica.

En los últimos 10 años fueron asesinadas 276 mujeres. Tan solo en el pasado año 2015 fueron ultimadas 39 mujeres y 11 sufrieron intento de asesinatos, al tiempo que se registraron 85 denuncias por violencia doméstica por día.

A su vez, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en el año 2014, se realizaron 29.122 denuncias por casos de violencia doméstica (promedialmente, más de 3 por hora). En comparación, cabe recordar que en 2005 la cifra de denuncias era de 6.853. Es decir que el aumento ha sido exponencial y representa un crecimiento del casi un 330% de 2005 a 2014.

Uruguay lidera índice mundial de muertes por violencia doméstica. La cantidad de muertes por violencia doméstica en Uruguay es 10 veces mayor a las que se registran en España y cinco veces mayor a las que se conocen en Chile. Estas cifras surgen de una investigación presentada el 26/6/2015 en el Palacio Legislativo, realizada por la ONG Por la integración, que trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica.

La  misma investigación, señalaba que mientras en lo que a mitad del año 2015 en nuestro país ya habían fallecido 15 mujeres a causa de violencia doméstica, en España lo hicieron 13 y en Chile, 27. Sin embargo, la diferencia en la cantidad de habitantes, ubicaba los índices de Uruguay, muy por encima a los de estos dos países. En efecto, España cuenta con 47 millones de habitantes y Chile con 18 millones. En tanto, en Uruguay apenas habitan poco más de 3 millones de personas.

Asimismo, el Ministerio del Interior brindaba números de esta cruda problemática de la violencia, señalando: que cada 16 días una mujer muere por violencia doméstica y que se realizaba una denuncia por violencia doméstica cada 17 minutos; esto es, 85 por día.

Según datos de la CEPAL del año 2012, Uruguay lideraba el índice de homicidio de mujeres por violencia doméstica, ocasionado por sus parejas o ex parejas, en relación con la cantidad de habitantes del país, que ascendía a 0,63%. Y era superado únicamente por Nicaragua (0,67) y la República Dominicana (1,01). En tanto, en España el índice era de 0,12% y en Chile es de 0,23%.

La primera encuesta de prevalencia sobre violencia de género del 2013, establece que casi 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años, manifestaron haber vivido en su vida alguna situación de violencia de género.

 

Todo esto denota la gravedad del problema y la necesidad de encaran nuevas propuestas.

La actual ley Nº 17.514 contra la violencia doméstica, no ha resultado suficientemente eficiente para detener, ni para lograr disminuir, esta problemática en constante auge. Por lo cual parece necesario, la adopción de nuevas medidas, que apunte a implementar varias normas para complementar y mejorar la actual ley sobre la violencia doméstica, respecto a las medidas cautelares, y en torno a la prevención y otras acciones de protección a las potenciales víctimas.

En tal sentido, resultaría recomendable instrumentar entre otras medidas, las siguientes:

  1. Establecer, que al momento de presentar una mujer una denuncia por violencia doméstica, sea inmediatamente asesorada y apoyada por el Servicio de atención sico-social del Mides. Aportarle soluciones concretas a las víctimas en menor tiempo, tal como, colaborar dándoles asistencia y contención sicológica, social y legal, a mujeres que, además, muchas veces no cuentan con recursos económicos y que hasta se paralizan por temor. De forma que no se sienta sola, sino apoyada y asesorada sobre pasos a seguir y como medida de contención. Es decir, que por parte del Estado, de desencadene el apoyo de los servicios sociales, en forma temprana e inmediata.
  2. En cuanto a los antecedentes por violencia doméstica, que los mismos sean tenidos en cuenta en la jurisdicción de los Juzgados de Familia en aplicación de la ley de violencia doméstica Ley Nº 17.514. Hoy eso no ocurre. Por ende, que los antecedentes actúen en forma similar a como ocurre en materia penal.
  3. Instrumentar que las denuncias de violencia doméstica, no podrán ser retirar, ni dejadas sin efecto o levantarse. Ello, en virtud de que muchas mujeres, luego de presentarlas se ven, en los hechos, forzadas a retíralas por temor, amenazas o presión de su pareja o familia.
  4. La creación de un registro de agresores por violencia doméstica condenados, como una herramienta importante para los operadores judiciales y policiales.
  5. Extender la posibilidad real de contar con el monitoreo por el sistema de las tobilleras electrónicas con Gps, a todo el país. Y que se instrumente y aplique el otorgamiento de medidas de protección inmediata, como la entrega de un dispositivo de alerta inmediata, conocido como “botón antipánico”, que implica una respuesta inmediata de la fuerza policial ante un pedido de ayuda de la víctima.
  6. Implementar que el Ministerio del Interior tenga a disposición para estos casos, de un sistema informático, que permita conocer los eventuales antecedentes de la persona denunciada, con solo ingresar la cédula de identidad. En este sentido, cabe consignar que muchas veces la mujer denunciante llega a la audiencia y la Policía no tiene los antecedentes del presunto agresor.
  7. Crear un instrumento fundamental, tal como “Refugios” o Casas de acogida transitoria”, con el apoyo de profesionales multidisciplinarios, para que la víctima no regrese inmediatamente al hogar, con el presunto agresor y para dar tiempo a adoptar y ejecutar medidas necesarias en protección y defensa de la víctima.
  8. Tipificar el feminicidio como un “agravante especial”, en el artículo 311 del Código Penal sobre “Circunstancias agravantes especiales” del homicidio. Técnicamente resulta lo más adecuado establecer “una agravante específica por razón de género”.
  9. Desarrollar una actividad pro-activa policial, de contralor y verificación, mediante la identificación y el seguimiento constante de las situaciones que configuren denuncias por violencia doméstica o de género.
  10. Implementar “Programas de capacitación laboral, para mujeres víctimas de violencia doméstica” en coordinación con dependencias tales como el MEC, el MIDES y ANEP.
  11. Desarrollar  “Programas especiales de atención escolar, para niños y jóvenes -víctimas o testigos- de violencia doméstica” en coordinación con el MEC., el MIDES y ANEP.
  12. Fortalecer a la sociedad civil, apoyando la red de ONGs de defensa de las mujeres, a partir de las experiencias existentes a la fecha.
  13. Continuar y potenciar, acciones de prevención, sensibilización y capacitación, con la difusión de estadísticas y campañas en medios de comunicación.
  14. Propiciar y facilitar el acceso a la justicia, procurando a su vez evitar la re victimización en el proceso.
  15. Fortalecer con recursos técnicos y humanos las Comisarías de la Mujer en todo el territorio.
  16. Crear un “Fondo de manutención transitoria” y desarrollar un “Plan de solución habitacional para Víctimas de Violencia Domestica”, proporcionando una vivienda a las víctimas que no la pueden adquirir y que no cumplan con determinados requisitos establecidos en otros planes, en alguna de las siguientes modalidades: comodato modal; usufructo oneroso o arrendamiento con opción a compra.
  17. Establecer una normativa específica y pena aplicable, a quienes retiren sin autorización o rompan intencionalmente, los medios de rastreo y control electrónico (pulseras o tobilleras) dispuestos judicialmente y aplicados a personas acusadas, por violencia doméstica o familiar.
  18. Determinar en forma más precisa, algunas de las medidas cautelares a adoptar judicialmente en materia de violencia doméstica.
  19. Trabajar también, sobre el agresor, notificándole y haciéndole conocer muy claramente  lo que implica una restricción de acercamiento y las consecuencias de su incumplimiento; así como aportarle atención sicológica y social, para que comprenda, asuma y revierta el problema.
Guillermo Maciel

Autor: Guillermo Maciel

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República; de la Universidad de la Empresa y de otros centros de estudios superiores. Director General del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay de 1999 a 2005. También se desempeñó como asesor del Ministro del Interior durante 1998. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República de 1996 a 1999. Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas. Consultor especializado en seguridad ciudadana; y autor de varios trabajos publicados sobre la materia.