Martes, 26 de junio de 2018

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Enterrando la Constitución

Hace un par de semanas, la Junta Departamental de Montevideo aprobó la solicitud de adjudicar sin costo una parcela en el Cementerio del Norte para realizar enterramientos según las prácticas religiosas islámicas.

Si bien al principio el gobierno departamental pretendía cobrar por el uso de esa tierra, la Junta decidió otorgarlo gratuitamente atendiendo el reclamo del Centro Egipcio de Cultura Islámica de Uruguay, que manifestó no estar en condiciones de hacer frente a la erogación.

Lo que resolvió el deliberativo departamental, implica entregar un bien público a una entidad privada para realizar un culto religioso y ello es contrario a lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución que establece que “…El Estado no sostiene religión alguna”.

Ello significa que no pueden destinarse bienes ni dinero para la práctica de liturgias o ceremonias religiosas, cualquiera sea la religión.

Esa prohibición se deriva necesariamente de la separación absoluta entre el Estado y las iglesias, vigente desde 1918. Pero además es la condición, también necesaria, para garantizar la efectiva libertad de culto establecida por la Constitución.

“Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay”, comienza afirmando el citado artículo 5º, lo que supone no establecer distinciones entre ellos y darles a todos igual tratamiento.

El gobierno departamental de Montevideo, al otorgar gratuitamente un bien del patrimonio público, está sosteniendo a la religión islámica. Y al hacerlo, está atentando contra la libertad de cultos, ya que al otorgar un beneficio a una parcialidad religiosa, está atentando contra la igualdad que debe observar ante ellas y entre todas ellas.

Porque lejos de consagrar la igualdad con otras religiones que pueden enterrar a sus fieles según sus ritos, como se argumenta, la decisión de otorgar gratuitamente un terreno estatal a una de ellas, es discriminatoria con las demás iglesias que no tienen cementerio propio o lo obtuvieron a su costo.

El argumento, además de violar el artículo 8° de la Constitución, expone al Estado a reclamaciones similares ad infinitum, ya que no estando el Estado –ni nadie- en capacidad de determinar qué es un culto religioso y qué no lo es, so pena de violar la libertad constitucional de culto, debería atender todos las solicitudes que se le formulen al respecto.

Todo esto lo sabe la Intendencia de Montevideo, que inicialmente pretendía cobrar por el uso de la tierra.

No discuto el derecho de la comunidad islámica en Uruguay, como el de cualquier otra comunidad religiosa, por pequeña que sea, de enterrar a sus fieles muertos según sus creencias y ritos. Es la consecuencia obvia del derecho a vivir según sus creencias religiosas.

Lo que cuestiono es que en aras de atender ese derecho se viole la Constitución.

Pero esta semana trascendió que el digesto municipal de Montevideo, siguiendo seguramente pautas de salubridad, no permite enterrar a los musulmanes según sus ritos, ya que prohíbe enterrar el cadáver directamente en la tierra -sin cajón- y exige la reducción de los restos a partir de los tres años del entierro, aspectos contrarios al ritual islámico.

Justino Jiménez de Aréchaga, en su obra La Constitución Nacional, analizando el artículo 5°, afirmó que “…el principio de la libertad de cultos jamás podrá invocarse para la realización de actos o ceremonias contrarios a la moralidad, a las buenas costumbres o al orden público.”

“Cuando por vía del ejercicio de la libertad de cultos, se cumplen actos que están regulados por otras disposiciones constitucionales, esos actos son alcanzados por la regulación constitucional que para ellos se previene en otras disposiciones de la Constitución.”

Por eso el Estado no debe adecuar la normativa vigente a las creencias de grupos particulares toda vez que ello contravenga el interés general.

Así las cosas, esta semana la prensa informó que la comunidad musulmana estaría considerando situar su cementerio en Canelones, donde la normativa se adecuaría mejor a las prácticas islámicas y la Intendencia estaría dispuesta a cederles un terreno de más de 2.000 metros cuadrados junto al cementerio de Soca.

De confirmarse esta información, todas las objeciones que vienen de señalarse serían aplicables a la decisión del gobierno departamental de Canelones.

Los constituyentes que hace cien años elaboraron la Constitución de 1918, adoptaron la sabia solución transaccional redactada por el Dr. Alfredo Vázquez Acevedo con relación a la separación absoluta del Estado y la religión y la libertad de cultos.

Lo hicieron con el objetivo declarado de zanjar una discusión que en otras partes del mundo sigue originando enfrentamientos y de asegurar la convivencia en paz de los uruguayos, cualesquiera fueren sus creencias.

Sería deseable que quienes hoy están llamados a resolver sobre estos temas lo tengan presente. Los uruguayos no merecemos retroceder en el tiempo.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Abogado y funcionario. Actualmente es Ministro de la Corte Electoral. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue Prosecretario General del mismo. Es miembro de diversas instituciones culturales y sociales. Colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Es autor de los libros Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional.

  • alejandro1962

    ¿Y el cementerio isrealita de La Paz?

  • Fernando Indarte

    Es de propiedad privada.

  • https://fb.com/orfalu tati

    También organizaciones van a promover sionismo en las escuelas y liceos. Nadie ha hablado de laicidad en estos casos. El monumento público. De hecho, la masonería pareciera estar más preocupada por el bienestar de los sionistas que de la gente local.