Martes, 22 de agosto de 2017

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Errar es humano, pero…

No es sencillo el análisis de todos los errores, que en algún momento definí como “horrores”, cometidos  por  el Frente Amplio, en esta docena de años en que ejercita el poder, a nivel nacional y en estos 27 años que lo hace a nivel del municipio de Montevideo. Y no lo es, en particular, por la amplia gama de matices que esos errores de gestión ofrecen, con la particularidad de que a, pesar de haber disfrutado de una época de bonanza realmente excepcional, donde el país debía haberse blindado, incluso reduciendo su deuda externa, lo que hizo fue aumentarla significativamente, incurriendo en inversiones mal planificadas y en gastos innecesarios, entre los cuales cabe destacar el ingreso a la Administración Pública de más de sesenta mil nuevos funcionarios. La triste realidad indica que la República Oriental del Uruguay, se sigue endeudando, aumentando de manera considerable la deuda externa a nivel nacional y también municipal, generada  por la desacertada administración de los recursos estatales y municipales que caracteriza al partido de gobierno y que, con sus enormes intereses, habrá que pagar algún día.

Lo cierto es que, sin perjuicio de algunos posibles hechos de corrupción que serán determinados por la Justicia competente, el Frente Amplio se ha caracterizado por la pésima gestión que ha desarrollado hasta la fecha, provocada, en algunos casos, por la desobediencia abierta a las normas de administración financiera, en otros, por la falta de un asesoramiento adecuado e indebida planificación y, en otros, por la incapacidad manifiesta de los jerarcas a cargo. Son múltiples los ejemplos que se pueden analizar para avalar lo afirmado precedentemente, pero brevitatis causae, haré referencia sólo a algunos.

1.- El MIDES.– Conforme a una denuncia penal formulada contra los jerarcas de esa secretaría de Estado y a lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, gastó la suma de $33.403.704,oo, en concepto de viáticos a personas que no revistan como funcionarios de ese ministerio, ni de ninguna otra repartición del Estado. Parece absolutamente claro que no se pueden disponer de los recursos del Estado de esa forma. No hay norma que habilite a proceder de ese modo, por lo que lo actuado constituye un grueso error de gestión que puede acarrear responsabilidades civiles y penales a los jerarcas que ordenaron el efectuar esos pagos.

2.- EL PAP.– El puerto de aguas profundas, en Rocha, fue otro  proyecto frustrado e inútilmente costoso del gobierno del Presidente Mujica que desde el momento de su concepción estuvo plagado de errores, como resulta la ley No. 19.046 del 4 de enero de 2013, que está constituida por un artículo único que establece: “Declárase habilitado un puerto de aguas profundas situado en las costas del Océano Atlántico, en la 10ª. Sección Catastral del departamento de Rocha, en la zona denominada entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco, entre los puntos con las coordenadas geográficas 34º. 32´17” latitud sur -54º 03´38” longitud oeste y 34º.30´59” latitud sur – 54º. 01´39”oeste”. Obsérvese el absurdo de esta redacción. Se declara habilitado como puerto de aguas profundas a tres playas!!! ¿Nadie se dio cuenta del disparate que ello significaba? Pero además para que el proyecto pudiera ser financieramente viable, se requería que moviera esa terminal portuaria por lo menos 60 millones de toneladas por año, cuando Nueva Palmira y Montevideo mueven aproximadamente 20 millones de toneladas, por lo que  cabe la pregunta :¿ Argentina y Brasil nos iban a dar las cargas para que la inversión fuera rentable? Lo cierto es que se gastó inútilmente mucho dinero en ese proyecto, incluso con una comisión interministerial que, en consultas y ainda mais,gastó cerca de siete millones de dólares y al final, privó el sentido común y ese esfuerzo, mal concebido, duerme el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

3.- El cannabis.– La ley No. 19.172 de diciembre de 2013 de regulación de la venta de marihuana, ha sido otra iniciativa mal concebida, con carencia de un asesoramiento adecuado y en abierta contradicción con normas internacionales a los que la República tiene que obedecer. En diciembre de 2013, en Ecos de El País, se publicó una nota de mi autoría que, luego de explicitar los aspectos negativos que presentaba la  ley sobre la legalización de la marihuana o  cannabis, en el ámbito interno, indicaba que en “ el ámbito internacional, en primer lugar, va a implicar una abierta y flagrante violación de la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972  y  la Convención de Naciones Unidas  contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotróficas, firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988, ratificada por nuestro país el 10 de marzo de 1995.En el año 2012, cuando fui entrevistado por un periodista de ese diario sobre este tema, manifesté que era imperioso, si el gobierno estaba dispuesto a continuar con ese proyecto, el denunciar las citadas convenciones, conforme a lo que establece el artículo 46 de la Convención de 1961 y el artículo 30 de la de 1988. Conforme a esas normas, la denuncia produce la desvinculación de esos tratados al año de que hubiese sido formulada. No se ha procedido así y, entonces, muchos aspectos de esta ley  contradicen  esos tratados  que obligan, entre otras cosas,  a las partes a tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente,  la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la entrega, etc. de una serie de estupefacientes ente los cuales se encuentra la planta de cannabis. Si bien el Derecho internacional y la Organización de las Naciones Unidas carecen de una fuerza policial que obligue el cumplimiento de sus normas, la flagrante violación de nuestro país a las disposiciones citadas puede acarrear medidas de retorsión y de aislamiento por parte de algunos miembros de la comunidad de naciones. En segundo lugar, el gobierno, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Macarena Gelman, ha sostenido que el Derecho internacional  subordina o es de mayor jerarquía que el Derecho interno por lo que en caso de contradicción se debe aplicar el primero y no el segundo”.  Lo cierto es que el gobierno del Presidente Mujica no denunció las referidas convenciones y ahora nos encontramos, con que la ley No. 19.172 está en abierta contradicción con esas normas internacionales y que lo correcto es que prevalezcan estas últimas y no las que generaron este proceso que, ahora, se ve enfrentado a medidas de  aislamiento y retorsión por parte del sistema financiero internacional con consecuencias todavía no imaginables para el erario público. Pero además en sendas notas del 2014 y del 2016, el especialista en lavado de activos Ricardo Sabella advirtió sobre el riesgo que existía con la aplicación de la ley  No. 19.172 del aislamiento financiero internacional y tampoco fue tomado en cuenta. Y cabe preguntarse, ¿todo ese importante equipo de asesores del Presidente Mujica no consideró lo dispuesto por los tratados que el Uruguay había firmado y  lo que podía suceder con el sistema financiero internacional? ¿No prestó la atención debida, el citado equipo de consultores utilizado por el gobierno del Presidente Mujica, del riesgo que podía existir de medidas de retorsión a nivel del sistema financiero internacional?

4.- El gasoducto.–  Todo este proyecto, con pocas posibilidades de concretarse, ha tenido un costo sumamente oneroso y partió de una base muy frágil: que el gas excedente del consumo local iba a ser adquirido por la Argentina. Cualquiera que haya analizado la política argentina, tan cambiante y haya considerado los enormes recursos que ese país tiene del

referido  combustible, habría concluido en que partir de esa base parece bastante poco serio.  Por supuesto, a esta altura de los acontecimientos, salvo un improbable acuerdo con una empresa petrolera multinacional, lo gastado pasará a formar parte de nuestro déficit y de la deuda externa.

5.- El aumento del sueldo de los ministros.– Uno de los errores más expresivos de la desprolijidad que caracteriza, en su gestión, al gobierno del Frente Amplio es  la ley de presupuesto del año 2011, redactada por los técnicos y asesores del Presidente Mujica. A través de la misma se dispuso un aumento del 26% del sueldo de los ministros de Estado, sin que se hubiera tenido en cuenta que, por una norma legal anterior, ese aumento incluía a los jueces, actuarios, funcionarios judiciales y defensores de oficio. Es decir, el aumento a los ministros de Estado, automáticamente, también beneficiaba a los mencionados funcionarios del Poder Judicial.

Nadie, le dijo al Presidente Mujica el alcance que tenía el citado aumento, pero, obviamente, una vez promulgada esa ley de presupuesto debía ser cumplida y a pesar del tiempo transcurrido y de algunos parches a la deuda generada, continúa el conflicto con la particularidad de que ahora, con la complicidad de un diputado colorado, el Lic. Fernando Amado, se está aprobando el art. 15 de la ley de Rendición de Cuentas que dilata “sine die” las deudas generadas por sentencias contra el Estado que superen determinada suma, lo que es la cereza encima de la copa Melba: ya que a todos los errores generados por la ley de presupuesto de 2011, se le agrega este otro disparate inconstitucional que pretende, en definitiva “chicanear” con las deudas que el Estado mantiene con los funcionarios judiciales.

6.- ANCAP.– Simplemente, mencionaremos a este ente autónomo sin entrar a efectuar un análisis de la gestión que fue llevada a cabo por el Frente Amplio en particular por el directorio que presidieron el Ing. Daniel Martínez primero y el Señor Raúl Sendic, posteriormente. En momentos en que la justicia está analizando eventuales responsabilidades penales y que un Tribunal de Apelaciones en lo Civil se expidió sobre una de sus resoluciones, afirmando que ese organismo actuó con “desviación y abuso de poder” para beneficiar con contratos a una empres privada, estimamos conveniente esperar  a lo que resuelva la Justicia al respecto.

7.- La Intendencia Municipal de Montevideo.– Los errores del Frente Amplio en la Intendencia de nuestra ciudad capital, generados en los  27 años en que lleva desempeñándose en esa gestión, son numerosos y de difícil análisis en una nota como ésta. Simplemente vamos a mencionar a algunos: a) El corredor Garzón; b) La abandonada estación Central con el inviable plan Fénix del Intendente Arana; c) La defectuosa recolección de residuos y los carritos de los hurgadores; d) Los casinos municipales que deberían estar en el libro Guinness de los records porque son los únicos casinos en el mundo que dan pérdidas; e) Cuando ha sido exponencial el aumento de los vehículos que circulan por Montevideo, el Señor Intendente Ing. Martínez , en lugar de procurar más vías de acceso, incluso analizando algún sistema de aerocarril o similar entre el aeropuerto y tres Cruces utilizando Avenida Italia, lo que ha hecho ha sido complicar algunas calles y avenidas con las “ciclovías”. El perjuicio que ha generado el achicamiento de ciertas calles en la Ciudad Vieja y en otros sectores de nuestra ciudad capital, sin que el tránsito de bicicletas lo amerite, es particularmente significativo. El suscrito estuvo durante una hora examinando el tránsito que circula por la calle Hocquard  que sufre el peso de la ciclovía que afecta a comercios que se encuentran sobre esa vereda e incluso a los particulares que allí viven que no pueden estacionar sus vehículos en esas franja de la citada calle. Pues bien, en una hora, pasaron cientos de automóviles, camionetas y camiones  e incluso dos carros de hurgadores y por la ciclovía sólo un ciclista Y ahora el Intendente quiere hacer lo mismo con 18 de Julio !!!  Personalmente, considero loable el habilitar el tránsito de bicicletas, pero por la rambla y otras avenidas que lo permitan sin mengua del tránsito de vehículos a motor. f) En el mes de marzo pasado la Intendencia Municipal de Montevideo adquirió un inmueble en el barrio Brazo Oriental por la suma de U$S 1,490.000,oo dólares, pero hete aquí que unos días antes, ese edificio había sido adquirido por los vendedores, por la suma de U$S 750.000,oo dólares !!!. Obviamente, lo acontecido generó dudas y sospechas de que se hubiera incurrido en un acto de corrupción  por lo que el negocio quedó sin efecto cuando se publicitó lo acontecido y el Intendente ordenó que se efectuara una investigación administrativa, de la que no se ha publicado todavía el resultado. g) Por último, por ser un hecho reciente y de difícil explicación, debo referirme al error cometido por el Director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Ing. Fernando Puntigliano,  quien reconoció ante la Junta Departamental que se equivocó al arrendar un terreno en Osvaldo Rodríguez y Camino La renga, para generar un vertedero alternativo de basura en la suma de U$S 130.000.oo dólares mensuales, si,  digo bien, estamos hablando de de U$S 780.000 dólares por el semestre pactado y resulta que el terreno según la información registral no podía ser arrendado, y además, la sociedad propietaria en la hipoteca que había concertado sobre el mismo, se había obligado a no arrendar.  Por otra parte, la acumulación de residuos en ese solar significaba un riesgo muy serio de contaminación del arroyo Las Piedras. Todo desprolijo y festinado. Sin embargo, corresponde destacar el gesto loable del Ing. Puntigliano que se hizo cargo de lo que él calificó como “una cadena de errores”. Lo que no quedó claro es si el costo que ha significado ese error por eventuales alquileres pagados, por el depósito y retiro de residuos etc. serán reembolsados a la Intendencia por el citado jerarca o deberá ser solventado por los que contribuimos, con nuestros impuestos, al funcionamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Se podrá alegar de que errar es humano. Es cierto, pero lo que pasa es que cuando el ciudadano de a pie se equivoca se hace cargo del costo de su error. Pero cuando el gobierno nacional y, en su caso, el municipal, se equivoca, el error lo paga el ciudadano de a pie con más impuestos y con el aumento de las tarifas de los servicios que el Estado le brinda.

Edison González Lapeyre

Autor: Edison González Lapeyre

• Catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático en la UDELAR • Profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. • Asesor Letrado, Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Director de Asuntos Culturales, Director de la Consultoría Jurídico - Diplomática • Embajador ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití y Granada y representante Permanente ante la OEA. • Negociador en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay, el Tratado para el desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuareim y el Acuerdo de Extradición y Cooperación Judicial con EEUU. • Integró el equipo legal del Uruguay en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una primera etapa. • Autor de más de 150 publicaciones de su especialidad.

  • yef

    Excelente nota. Y eso que deja en el tintero, Pluna, Alur, FRIPUR, Alas…….