Jueves, 8 de septiembre de 2016

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Es preocupante

“Una educación para la libertad (y para el amor y la inteligencia que son, a un mismo tiempo, las condiciones y los resultados de la libertad) debe ser, entre otras cosas, una educación en el uso propio del lenguaje. Desde hace dos o tres generaciones, los filósofos han dedicado mucho tiempo y mucha meditación al análisis de los símbolos y al significado del significado”[1] Este pensamiento de Aldous Huxley (1894 – 1963), autor de “Un mundo feliz” me resultó interesante para el inicio de esta reflexión; en particular por la expresión “educar para la libertad”. Y me pregunto, ¿es posible no educar para la libertad en un sistema democrático? La respuesta es tan inconcusa como indubitable: no.

Igualmente relevante es la referencia “uso propio del lenguaje”, así como a “los símbolos y el significado”. La simbología y la significación abarcan no sólo el lenguaje oral y escrito, también las actitudes y conductas. Los docentes, trasmisores por excelencia en el ejercicio de nuestra profesión, debemos ser tan cautos como transparentes con nuestro discurso y nuestra conducta. El sujeto con quien nos enfrentamos diariamente en el aula, cuyo grado de vulnerabilidad puede alcanzar una dimensión importante y de cuya formación integral los docentes somos responsables en primer grado, no puede ser llamado a confusión con el sentido de nuestro decir y actuar.

Es preocupante, por eso, que se sucedan con alarmante frecuencia, hechos conectados con el quehacer educativo cuyo significado no se ajusta a los principios que informan nuestra educación y que hemos sostenido orgullosamente a través del tiempo y frente a cualquier otro sistema.

Días pasados nos sorprendió un comunicado de FENAPES en el que se convocaba a los docentes para que realizaran la lectura de un comunicado emitido por dicha organización, con contenido crítico hacia las autoridades gubernamentales y netamente político, en las aulas de los diferentes institutos de enseñanza media. Con tal sentido se dio a publicidad y llegó a conocimiento de todo el que quiso leerlo mediante diferentes redes sociales. Este hecho reviste, sin hesitación, una gravedad mayúscula. Frente al cual se levantaron diferentes críticas, no obstante lo cual, desde las más altas esferas, se notó una vez más, un PPS (profundo y prolongado silencio).

El hecho fue abortado y se sustituyó por una invitación a los mismos docentes para que el comunicado se diera a conocer en las salas de profesores. Pero el contenido sigue revestido de gravedad, y si hilamos fino, también está revestido de ilegalidad. Los docentes que nos desempeñamos en el sistema de educación pública somos funcionarios públicos. Como tales estamos comprendidos en lo preceptuado por el artículo 58 de la Constitución de la República, cuyo texto consigna: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.” El texto de la norma es preciso y su meridiano sentido torna innecesaria cualquier interpretación; basta una adecuada comprensión lectora.

Si bien, al igual que los demás trabajadores, los docentes tienen el derecho de sindicalizarse, luchar por sus legítimos intereses y materializar medidas de lucha puntuales, también es cierto que el ámbito de acción está limitado en dimensión y alcance.

Pretender leer el comunicado en las aulas, así como hacerlo transcender en las salas de profesores, es un acto netamente proselitista que contraviene la disposición constitucional supra transcripta. Lo político por encima de los jurídico (sic.).

La educación es un derecho humano; el objetivo último de la misma es el alumno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Educación N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008. Ese alumno debe ser contemplado como portador de derechos y el desarrollo de la función educativa tendrá que direccionarse en el sentido previsto en el inciso segundo del artículo 71 de la Constitución de la República: “En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos.” No estamos dando cumplimiento a la norma si hacemos a los alumnos partícipes de una actividad sindical (y política). Y quede claro que no estamos justificando ni atacando el contenido de la proclama, estamos censurando la forma propuesta para su divulgación.

Si bien las aclaraciones dadas por FENAPES plantearon la existencia de un error y se manifestó que la intención del accionar en las aulas no estuvo, queda planteada la duda y realmente preocupa sólo pensar que pudiera haber ocurrido.

¿Qué significado hubiera tenido la lectura del comunicado dentro del aula para los alumnos? Este es un aspecto por demás delicado. Las reivindicaciones de los docentes así como las críticas que dicho colectivo pueda hacer –con todo derecho- respecto a las autoridades de la educación y del gobierno en general, no pueden trascender dentro del ámbito del centro educativo. El respeto a la libertad de conciencia del alumno y, en consecuencia, su libertad de pensamiento, no puede ser avasallado por la libertad de pensamiento de sus profesores. El significado del hecho, de haber ocurrido, nos llevaría a entender la politización del rol docente como algo normal, cuando sabemos que es imposible a la luz de nuestra legislación. Ello implica hacer partícipe al alumno de una actividad que le es ajena.

Ese sagrado deber que tenemos los docentes de formar seres libres, críticos y con conciencia cívica, debemos asumirlo con absoluta responsabilidad. Es inaceptable trasladar a nuestros educandos posiciones políticas. Porque es violatorio del corpus iuris vigente, así como de la libertad de conciencia que tienen aquellos y a la debemos contribuir a conformar. Haya estado o no en la mentalidad de los promotores de la medida, el significado que, desde fuera del ámbito educativo se le dio a la acción propuesta por FENAPES, es que se quiso involucrar a los alumnos en un asunto en el que no les corresponde tener injerencia.  Debemos lograr que los alumnos sean seres libres e inteligentes, capaces de decidir por sí mismos. Lograr que desarrollen su espíritu crítico y evitar así que queden a merced de otros.

Educar para la libertad, como expresa el texto transcripto en el párrafo inicial, debe ser el norte del accionar docente. Lo cual debe ser acompañado por conductas y actitudes con ese claro significado. De lo contrario, se estaría incidiendo en la libertad de conciencia del alumno. Se estaría utilizado el sistema educativo como ”aparato ideológico”, hecho censurado si aparece manejado por el Estado, pero aparentemente permitido cuando es utilizado por corporaciones.

Permítasenos cerrar esta reflexión con lo expresado por José Pedro Varela en su Discurso de clausura de las Conferencias de Inspectores Departamentales, el 13 de agosto de 1878: “En nuestra época, con la crecientes exigencias de la civilización, la más grande desgracia que el hombre puede tener es ser ignorante. La ignorancia trae consigo la pobreza… la incapacidad de decidir por acto propio… nos condena a menudo a servir de instrumento inconsciente en manos sea de los más audaces, sea de los más inteligentes” [2]

Dignifiquemos nuestro quehacer educativo y asumamos nuestra profesión de forma tal que nuestro comportamiento no dé lugar a equívocos ni significados erróneos.

 


 

[1] Huxley, Aldous: Nueva visita a un mundo feliz, pág. 127, Debolsillo, Buenos Aires, 2007.
[2] Caetano, Gerardo: Antología del discurso político en el Uruguay”, pág. 193. Ed. Taurus, Montevideo, 2004.

Juan José Villanueva

Autor: Juan José Villanueva

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Doctor en Diplomacia egresado de la UDELAR. Profesor egresado del INET. Ha cursado la Maestría Educación y Sociedad de la UCUDAL y es Experto Universitario en Administración de la Educación (UNED). Ha realizado diversos cursos vinculados con el área educativa y jurídica. Fue docente de Educación Media Técnica (1974 – 2009), Docente del Instituto de Profesores Artigas y del INET. Coordinador de los Bachilleratos Tecnológicos de UTU, Director del Programa de Administración, Comercialización y Servicios y Secretario Docente del CETP – UTU (1996 – 2004). Coordinador Nacional de Derecho del Consejo de Formación en Educación (2009 – 2011) Ha asesorado y asesora a entidades educativas privadas y desempeña en funciones de Dirección. Es docente de Sociología en instituciones terciarias y universitarias privadas desde el año 2007 y ha realizado diversas publicaciones sobre temas educativos.