Jueves, 8 de junio de 2017

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Financiamiento de los partidos políticos: Transparencia y equidad

El tema del financia­miento de la política, derivado de los altos costos de las campañas electorales y en general de la creciente profesionalización de esa actividad, está en el centro del debate por su relevancia en lo que hace a la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, los procesos electorales y las instituciones.

En definitiva, es un tema que hace a la confianza ciudadana en la democracia.

A la fecha existen, en el derecho comparado, variadas soluciones y mecanismos de financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, que en general combinan financiamiento privado, que suele tener prohibiciones y limitaciones en cuanto a montos y donantes y financiamiento público, directo (dinero en efectivo) o indirecto (beneficios tributarios, acceso gratuito a los medios de comunicación, etc.), al que se accede en función de la votación y/o de la representación obtenida, con criterios más o menos equitativos de distribución de los mismos.

En Uruguay, la ley 18.485 de 2009, declaró de interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano, la existencia de partidos políticos y su libre funcionamiento y dispuso que además del financiamiento privado, el Estado contribuya a solventar los gastos de funcionamiento de los partidos políticos y su participación en elecciones nacionales (y balotaje), departamentales e internas.

La ley establece que el aporte para el funcionamiento solo corresponde a los partidos políticos con representación parlamentaria, calculada en función de los votos obtenidos en la última elección nacional.

El aporte del Estado para las campañas electorales corresponde a todos los partidos que comparezcan a la elección y se determina en función de los votos válidos emitidos a favor de las candidaturas a la Presidencia de la República y a las listas de candidatos.

En cuanto al financiamiento privado, la ley limita las donaciones en cuanto a su monto y a quiénes pueden realizarlas, estableciendo diversas prohibiciones y sanciones en caso de contravención a las mismas.

Por otra parte, impone requisitos de contabilidad y la obligación de realizar rendiciones de cuentas, cometiendo a la Corte Electoral la recepción de las mismas y su publicación en el Diario Oficial y en una página electrónica oficial.

Sin perjuicio del avance innegable que ella supuso, se ha criticado que la ley no otorga a la Corte Electoral las competencias ni los recursos para un efectivo seguimiento y control de las previsiones legales, principalmente en lo que hace al financiamiento de las campañas electorales.

Uno de los principales rubros de las mismas es el destinado a la publicidad televisiva, radial y por internet.

En Uruguay, la ley 17.045 de 1998 estableció que el Sistema Nacional de Televisión y la Radiodifusión Nacional debían otorgar en forma gratuita espacios a los partidos políticos.

Más recientemente, la ley 19.307, denominada “ley de medios”, en el artículo 142, declaró de interés nacional el otorgamiento de publicidad gratuita en las campañas electorales en los servicios de radio y televisión abierta y televisión para abonados. Se distribuyen, según el artículo 143, el 20% en partes iguales entre todos los lemas que se presentan a la elección y el 80% restante en proporción directa a los votos obtenidos por cada lema en las elecciones nacionales inmediatamente anteriores.Esta forma de repartir la publicidad gratuita, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en sentencia recaída en la acción promovida por el Partido Independiente, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la asignación gratuita de espacios en los medios y la manera de distribuirlos entre los partidos políticos y los candidatos.Todos estos temas están siendo objeto de análisis en una comisión especial conformada en el Senado de la República.En especial, se ha planteado la posibilidad de que los partidos y candidatos accedan gratuitamente y por tiempo limitado a los medios de comunicación, prohibiendo la contratación de espacios adicionales.

Puede ser una buena solución para quitar presión a las necesidades financieras –crecientes- de los partidos durante las campañas, para prevenir abusos de la ley y en general, para acotar la influencia del di­nero en la política.

El punto está en establecer un mecanismo que no genere desequilibrios que atenten contra la equidad democrática, que reconozca una adecuada compensación a los medios y que asegure a los ciudadanos una correcta información sobre propuestas y candidatos.

Los partidos ne­cesitan dinero para cumplir sus funciones de intermediación y represen­tación, pero esa necesidad debe estar debidamente regulada y controlada para no afectar la salud del sistema democrático y su credibilidad.

Para eso es necesario introducir ajustes a la ley que aseguren una adecuada equidad entre los actores políticos, transparencia en el origen y uso del dinero y en lo posible, limitar la necesidad de fi­nanciamiento, origen de las desviaciones e incumplimientos a la normativa.

Faltan dos años para las próximas elecciones, por lo que estamos a tiempo de alcanzar esos objetivos.

Si lo hacemos, se estará fortaleciendo a los partidos, mejorando las condiciones de la competencia política y con ello la calidad de nuestra democracia.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Abogado y funcionario. Actualmente es Ministro de la Corte Electoral. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue Prosecretario General del mismo. Es miembro de diversas instituciones culturales y sociales. Colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Es autor de los libros Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional.