Viernes, 17 de noviembre de 2017

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Hechos que alarman

Los últimos tiempos han deparado algunos acontecimientos que podrían ser consideradas insólitos desde el punto de vista de la tradición uruguaya.

Un ejemplo de ello ha sido el lamentable suceso generado en oportunidad de un concurso convocado por el Banco de Seguros del Estado para la contratación de cargos administrativos.

Ante la sorpresa de algunos de los participantes y de todos los que posteriormente nos enteramos de lo acontecido, aquellos aspirantes identificados como afrodescendientes estaban reconocidos con un pegotín rojo y ubicados en el mismo sector del salón.

Seguramente no existió una intencionalidad discriminatoria en quien organizó la instancia. Más bien, debe haber existido un excesivo celo en quien pretendía tener las facilidades del caso para aplicar lo establecido en la ley No. 19122 que dispone la obligatoriedad de destinar un 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año por afrodescendientes.

Sin embargo, el hecho narrado, en mi opinión, tal vez cargada de subjetividad, me genera una tremenda desazón.

No busco adjudicar culpas ni agrandar un hecho que seguramente ya obtuvo las disculpas del caso. Pero de todas formas, me angustia que podamos retornar a un punto que consideraba superado en nuestro país desde hace muchas décadas.

No seré tan ingenuo, de pensar que no existen en Uruguay sentimientos racistas, segregacionistas e incluso xenófobos. Pero si de algo solíamos enorgullecernos era que la institucionalidad que impera desde los tiempos que supimos constituirnos en un modelo del Estado de bienestar se mantenía incólume frente a cualquier brote de discriminación que alguna mente malsana pudiera sostener.

Este país a fines del siglo XIX forjó una escuela pública que supo ser el más grande nivelador social que pudiera imaginarse. Recibió con generosidad olas de inmigrantes que conformaron la sociedad en que vivimos, sin preguntársele sobre su religión, credo o raza. Se suprimió de los datos identificatorios en los documentos el color de la piel. El concepto de laicidad pasó a ser una de las esencias del sentir nacional.

¿Es posible, entonces, que la esencia se pierda, que el raciocinio ceda ante la vacía y fría misión de cumplir con el cometido administrativo? Me animo a decir que existen ejemplos en la historia de la humanidad (y por supuesto me disculpo por recordarlos dado la tremenda distancia con la anécdota que nos ocupa), de argumentaciones que buscaban deslindar responsabilidades de los más horrendos crímenes que se recuerden justificándolas con la “eficiencia administrativa”.

Parece que va llegando la hora que nos preocupemos del fondo de las cosas. No es suficiente legislar adjudicando cuotas. Más bien que es contradictorio con los principios que emanan de la Constitución de la República que en su artículo 8º establece que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Sentir que se reparan las injusticias otorgando porcentajes de cargos a los sectores más vulnerables es la forma más fácil de lavarse las manos de los problemas de fondo. Lo que debemos hacer es procurar generar las oportunidades para dichos sectores, para que no sea necesario caer en estas leyes que seguramente son inconstitucionales y en la práctica y razonando por el absurdo pudieran llevarnos al ridículo de adjudicar conjuntos que podrían superar el 100% de la unidad.

Otro hecho llamó mi atención en las últimas semanas. Tal vez más grave aún.

En oportunidad de la discusión del proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos, la senadora Constanza Moreira dedicó parte de su alocución a atacar a la Suprema Corte de Justicia. Aparte de criticar abiertamente pasadas sentencias de inconstitucionalidad emitidas por dicho organismo, llegó a sostener: “Una cosa es hacer el control de constitucionalidad de las leyes, otra es intervenir en la política pública”.  Agregando luego: “No puedo creer que los políticos sentados acá abdiquen de su criterio de legislar para dejarlo en manos de la Suprema Corte”.

Desde Montesquieu en adelante, la separación de poderes es la esencia del mantenimiento de toda democracia. Que una legisladora la emprenda, una vez más, contra la cabeza de uno de dichos poderes es realmente grave. Va contra las más nobles tradiciones de nuestro país.

Lamentablemente, los dichos de la senadora Moreira se acompasan con la asfixia presupuestal a la que en gran parte de las últimas administraciones se ha sometido al Poder Judicial y a reiteradas presiones sobre diversa índole que el mismo debió sufrir. Siendo fiel a su más cara tradición, la Suprema Corte de Justicia permaneció impertérrita en defensa de la separación de poderes.

En esta época de redes sociales, donde parece que no hay mucho tiempo a la reflexión calma, en que las opiniones muchas veces se emiten parado en una esquina con el celular en la mano, sería bueno que reparemos en los valores que históricamente defendimos, que nos honraron y que parece que en los últimos tiempos dejan lugar al ritmo avasallante de la modernidad.

Estemos atentos a las alarmas en la pérdida de dichos valores y estemos atentos a defenderlos. Prevengamos para no lamentarnos.

Max Sapolinski

Autor: Max Sapolinski

Es Contador Público egresado de la Universidad de la República, integró la Asesoría Económico Financiera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Director General de Secretaría del Ministerio de Turismo, Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Turismo. Entre 2006 y 2008 fue Presidente de la Comunidad Israelita del Uruguay. Gerente del Seguro del CASMU y entre 2010 y 2012 fue Director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).