Martes, 17 de mayo de 2016

MENU

Impeachment y juicios

Esta zona del mundo está conmocionada. No es para menos, en el principal -por tamaño de su economía-  país de Sudamérica, América Central y el Caribe, su Presidenta ha sido separada temporalmente del cargo con el fin de ser sometido a un juicio político y, en el tercero – medido también por el mismo criterio –, Argentina, un juez acaba de procesar a su anterior Presidente, conjuntamente con su Ministro de Economía y Presidente de Banco Central por un acto de gobierno.

No es mi intención describir los procesos, pero ciertamente más allá de las resoluciones en sí, su constitucionalidad y legitimidad legal, en ambos casos entiendo que las mismas carecen de méritos e introducen antecedentes muy inconvenientes.

 

“Razones” del Impeachment

En un país que precie su institucionalidad y reputación de seriedad, el “espectáculo” de la Cámara de Diputados por sí mismo debería invalidar cualquier resolución. Que se encuentre dentro de la Constitución y por tanto sea legítimo, no obsta el daño, el que aumentó cuando el nuevo Presidente de la misma Cámara, varias semanas después y cuando se estaba a horas de la votación en el Senado, en menos de 12 horas decretó la anulación de la votación y luego la “revivió”, revocando su propia revocación. El mero relato habla de la fragilidad del sistema político.

Por fuera de lo anterior, la razón para comenzar el proceso es un supuesto maquillaje de cifras de déficit fiscal de parte de la Presidente Rousseff durante el año de campaña electoral. ¿Cómo sería dicho maquillaje? Básicamente algunas empresas públicas, bancos y Petrobras, le transfirieron al Gobierno Federal parte de sus utilidades con lo que el déficit fiscal fue menor al que hubiera sido sin ese dinero. Ahora, el punto central es ¿nadie sabía que ello estaba sucediendo? Hasta donde conozco por los informes que suelo leer, hasta yo sabía. De hecho hubo una transferencia de Petrobras de casi 1% del PBI en 2014 que resultó muy publicitada. Imagino que los analistas brasileños e internacionales que siguen dicho país, en especial quienes deben emitir opiniones y dictámenes sobre el mismo, lo debían conocer al detalle. Es muy fácil ver las cifras y, si aparece alguna “fuera de línea”, preguntar y conocer.

También cabe la pregunta ¿alguien cree realmente que la ciudadanía vota en función del déficit fiscal corriente? En todo caso, si éste se desmadra y, entonces, trae consigo problemas de deuda e inflación, allí la población tomará cuenta que las cosas no van bien y políticamente optará por otros. El electorado en general ve los efectos, no las causas y en ocasiones castiga y premia de manera equivocada. Se podría decir que dichas transferencias de enormes recursos dilataron lo inevitable, es posible, pero, si en lugar de pedir contribución de utilidades el gobierno hubiese optado por aumentar la deuda, los efectos económicos con repercusión electoral de todas maneras no se hubiesen visto en 2014, a su vez la acusación es de mentir con las cifras, directamente un fraude por ocultamiento, que es bien distinto.

En Uruguay, desde hace al menos dos décadas y media que algunas empresas públicas comerciales e industriales transfieren parte de sus utilidades al Gobierno Central y en alguna ocasión hubo algún aporte extraordinario. El BROU hizo alguna transferencia en la segunda mitad de los 90 y comenzó a aportar regularmente durante la primera presidencia del Dr. Vázquez. El BSE que recuerde nunca había aportado a rentas generales y lo hace con los gobiernos del Frente Amplio. ¿Alguien en su sano juicio puede argumentar maquillaje fiscal? Entiendo que nadie. Las cifras están a la vista en sus balances que son públicos, además que cualquier analista las puede calcular razonablemente con la información fiscal que brinda mensualmente el MEF.

Que la Sra. Rousseff pueda enjuiciarse por otros temas, como que teniendo la personalidad y capacidad que tiene no podía desconocer lo que pasaba en Petrobras cuando ella estaba al mando es otra cosa, pero no fue por dicha causa que se votó el Impeachment.

Entiendo que el proceso de Impeachment es político con base constitucional, pero desde mi punto de vista, lo acontecido le hace un gran daño a Brasil más allá que, quizás, dado el estado de la economía, desde el punto de vista económico las cosas mejoren algo. ¿Por qué? Porque el argumento bajo el cual se inicia no es válido. En una democracia republicana, aun siendo político el juicio la base debe ser sólida y contundente. Póngase el lector a pensar en un país donde hay 20 partidos representados en el Parlamento, donde por manifestaciones públicas o alguna encuesta se determine que el Presidente se ha vuelto impopular o, directamente, a los parlamentarios no les gusta alguna de sus decisiones e “inventan algo” para sacarlo. ¿Le ofrece dicho país reales garantías de estabilidad? Me parece que no. Algunos podrán decir que en las democracias parlamentarias europeas puede suceder, si puede, pero bajo un marco totalmente diferente que proporciona estabilidad.

Reitero para que no se mal interprete, el procedimiento está dentro de la Constitución y por ende no es un golpe de estado, pero se lo ha llevado a un límite improcedente y todos sabemos que el mal uso de un instrumento lo termina dañando, por mejor que éste sea.

 

Condena por acto de gobierno

En Argentina la prensa da cuenta a diario de presuntos ilícitos cometidos por el matrimonio Kirchner en conjunto con varios funcionarios y amigos. La justicia investiga. Hasta ahí todo dentro de cómo se mueven las sociedades democráticas. Sin embargo, a la ex Presidenta, su último Ministro de Economía y Presidente del Banco Central, conjuntamente con otros funcionarios, le iniciaron un juicio hace poco más de un mes y fueron procesados por un acto de gobierno, la venta de dólares a futuro.

Que dada la situación económica en general y los desequilibrios que esa economía había acumulado (ahora vemos lo difícil y costoso que es volver a cierta normalidad) la medida en sí, la forma en que se llevó a cabo y los valores fijados para la cotización del dólar, constituían una locura desde el punto de vista económico, no hay dudas, pero no difería en mucho a los cientos de medidas totalmente desatinadas que tomaron los gobiernos del matrimonio en sus 12 años. Es más, desde hacía casi 18 meses era evidente que todas las medidas del gobierno se tomaban “para llegar al fin del mandato sin que explote la economía”. Ésta fue una más, la última y como tal de las más extremas ante lo inevitable del desenlace[1]. Si de la medida se hubieran beneficiado únicamente los inculpados o algunos “amigos” el juicio claramente es procedente, pero siendo general y, sabiéndose de miles de personas que utilizaron el mecanismo, no lo parece.

La venta futura de divisas es un instrumento viejo y conocido. En mercados desarrollados es algo común que suele hacerse entre privados, no siendo tan común que sean los estados (representados por los bancos centrales) quienes lo hagan, pero en países como los nuestros por ejemplo lo utiliza el Banco Central de Brasil y también nuestro BCU. Sus objetivos básicos son alinear expectativas y limar volatilidades cambiarias. Funciona como una “tablita” solo que para operaciones en particular y más segura que ésta porque existe el compromiso ya asumido sobre la cotización futura y no un anuncio que se puede cumplir o no. De hecho para ambos propósitos lo utilizó y en gran escala el BCU cuando, desde mediados de 2014, comenzó a utilizar el instrumento. Según el propio BCU informa diariamente desde esa fecha vendió por este mecanismo US$ 1.721 millones. Es cierto que, en nuestro caso, el precio futuro del dólar siempre fue “racional” en el sentido que respondía a un arbitraje de tasas de interés, pero ello no implicó que la enorme mayoría de las ventas forward en el mercado hayan sido dadas por el BCU y, en muchos casos, los compradores ganaron con la operación. Está dentro de sus competencias. Se podrá o no estar de acuerdo con el uso del instrumento bajo determinadas circunstancias, pero no es ilegal.

Por tanto, el fallo sienta un precedente extremadamente peligroso porque resulta que un funcionario por un acto dentro de las facultades legales y reglamentarias puede ser procesado si a un juez no le gusta o entiende que resultó mal negocio. Es cierto que en el manejo de los recursos públicos se debe ser mucho más cuidadoso y arriesgado que en la vida privada, pero quienes toman medidas de manera general, en el acierto o error y en ejercicio de las funciones que le fueron asignadas sin cometer dolo, su juicio es el veredicto de la ciudadanía. Pueden existir otras razones para culpar a la Presidente Fernández y su equipo, pero ésta ni siquiera es débil, directamente carece de sentido.

Cuando pedimos cordura debemos ser coherentes y pedirla para todos en las mismas condiciones.

 


 

[1] Convengamos que las medidas de gobierno por fuera de la lógica económica en Argentina no son patrimonio exclusivo de los Kirchner, quizás su persistencia y falta total de escrúpulos las hacen resaltar.

Isaac Alfie

Autor: Isaac Alfie

Economista (UdelaR, 1984). Contador Público (UdelaR, 1985). Profesor Titular de Economía y Finanzas Públicas en la Universidad de Montevideo. Dicta clases en postgrado de esta Universidad y la Universidad Católica. Profesor de Macroeconomía en la Universidad de la República. Conferencista nacional e internacional sobre políticas públicas y macroeconomía. Consultor de Organismos Internacionales (FMI, Banco Mundial y BID, entre otros). Asesor del Ministro de Economía y Finanzas 1991 - 1994. Director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas 1995 – 2003. Ministro de Economía y Finanzas 2003 – 2005. Gobernador por Uruguay del FMI 2002 – 2003 y del Banco Mundial y BID 2002 – 2005. Senador de la República 2005 –2010. Asesor y consultor de empresas en materia económica y financiera.

  • dependiente

    Tiene razón pero marche preso. En Brasil el “asunto excusa” era una transacción ofrecida como la salida para la renuncia de Dilma. Pero al contrario de Collor que entendió el juego y no tenía partido político, que renunció y luego el Supremo lo declaró inocente, esta sra, grita vale 4, y se niega a renunciar, están volteando a un partido, que aceptó y jugó con el fuego de comprar voluntades y dejarse comprar pero no acepta las reglas no escritas y pone en riesgo el sistema. En Argentina la lógica es la del abogado del diablo, nunca comprensible con facilidad, fíjese que si el gobierno no pide procesamientos y no presiona, estos, desentrenados en el arte de juzgar, se extralimitan de funcionales y si los presionan, como antes, también se extralimitan es que ya es un comportamiento natural. COSAS VEREDES !!!