Viernes, 30 de junio de 2017

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(In) formando capitales

La crisis financiera internacional que comenzó en el año 2007 generó una necesidad impostergable de corregir las fallas que se habían manifestado en la arquitectura que sostenía al sistema financiero.

La interdependencia entre países se acentuó aún más a partir de entonces y se tornó imperioso el propósito de instrumentar una reforma del sistema regulatorio global  para impedir las crisis y sus costos económicos y humanos.

Generalmente, la mayoría de las crisis financieras se originan en problemas que tienen que ver con la calidad del crédito y las estrategias relativas a la composición de la deuda y el capital para financiar los activos lo que habitualmente se conoce como apalancamiento.

De allí que una reforma duradera exige desplegar una serie de técnicas que contrarresten la tendencia a valorar incorrectamente el riesgo crediticio y demandan a su vez contar con una información de base solvente, idónea funcional y que brinde la mayor transparencia posible.

La mayoría de los países, en ese contexto, desearían disponer de un organismo centralizador internacional que contara con instrumentos de previsión para enfrentar el riesgo sistémico.

Sin embargo esta pretensión es una alternativa escasamente factible dado que las responsabilidades regulatorias son temas que atañen a las soberanías nacionales.

De allí, que en los hechos, la coordinación de la regulación tiende a ser encarada por los organismo internacionales como ser – entre otros – el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, la Organización Internacional de Comisiones de Valores o el Consejo Internacional de Normas Contables que en los distintos ámbitos de sus actividades pueden ejercer por lo menos una influencia técnica a nivel global.

En la medida que estas instituciones reciben apoyo de grupos apropiadamente representativos – como el Grupo de los 20 que es un foro integrado por los 20 países más ricos del mundo, que representan el 85% de la economía mundial- sus recomendaciones y decisiones suelen ser ampliamente reconocidas.

La extensión de este ascendiente influjo se propaga por todo el mundo económico y vale como ejemplo que las zonas de mayor significación en el crecimiento suelen adoptar las normas de estas instituciones.

Un foro promovido recientemente por el Banco Mundial en Asia reunió a los representantes de más de 30 países para discutir sobre el perfeccionamiento de las técnicas de administración financiera.

En el mismo se reconoció que para obtener un crecimiento y desarrollo sostenido en el plano económico social se requiere la coordinación de los sectores público y privado.

Ambos sectores se deben abocar a generar las condiciones necesarias para lograr la adecuada toma de decisiones y por tanto deberán basarse en información de alta calidad, en un ambiente de transparencia que permita la mayor respondabilidad (accountability) o rendición de cuentas posibles a la ciudadanía.

Las autoridades del Banco señalaban que la envergadura de los desafíos a los cuales se enfrentan los distintos países requiere abocarse a fortalecer la gobernabilidad en primer lugar como un área crítica de la mayor importancia a través de distintas formas, a saber:

  • Instituciones abiertas, efectivas que rindan cuentas y que promuevan el desarrollo inclusivo, respondan a las demandas ciudadanas y faciliten el compromiso civil.
  • La eficiente asignación de recursos que permita a los gobiernos integrar a sus poblaciones brindando mejores servicios e implementando políticas sociales ajustadas a cada realidad nacional.
  • Disponer de efectivas instituciones públicas que permitan instrumentar políticas de largo plazo que consigan apuntalar el desarrollo sostenido

De este enfoque surge claramente que no se puede afianzar la estabilidad sistémica únicamente supervisando el funcionamiento de instituciones financieras aisladas.

Hay riesgos que escapan a la supervisión macro y que suelen detectarse en el ámbito de las acciones que conducen a soluciones de prudencia micro para los cuales la estandarización de la información financiera es sumamente necesaria.

Adicionalmente, en los hechos,  se ha establecido una gran red mundial que incluye complejas conexiones financieras entre agentes económicos diversos con gran cantidad de empresas que exceden los marcos nacionales por lo cual los Estados requieren mayor información para cumplir con sus funciones.

En este escenario los informes financieros convencionales que sirven tanto al sector privado como al público muestran limitaciones que no permiten abordar la  extensa complejidad que caracteriza al nuevo tiempo.

De allí que los organismos técnicos han comenzado a delinear nuevos requerimientos de información que contemplen las demandas que se plantean ante los acuciantes inéditos eventos que se procesan actualmente.

Y en ese sentido dichas instituciones reconocen que es necesario un perfeccionamiento de los informes financieros y enfoques alternativos han comenzado a implementarse para afrontar las expectativas extendidas.

Esta conjunción de esfuerzos se ha plasmado en la elaboración de lo que se denomina informes financieros integrados que sirven tanto para el sector público como al privado destacando la necesidad de un solo informe que ofrezca una imagen más completa de la capacidad de una organización para crear valor a través del tiempo y una mayor interconexión entre los diferentes informes.

Se procura mejorar las revelaciones sobre el entorno externo y las perspectivas globales mediante la inclusión de más información sobre las megas tendencias que afectan al desempeño institucional.

En el sector privado se procura que los desempeños sean medidos tanto en el área financiera como en el resto de las actividades no separando su accionar, expresado esto en que las organizaciones aceptan que las distintas áreas interactúan entre sí y no pueden ser consideradas en forma independiente.

La estrategias empresariales en este sentido se comparten por todas las divisiones y funciones de manera que la toma de decisiones es enfocada como un tema de largo plazo en que es necesario identificar la creación de valor ya sea económico como institucional.

En el sector público se extiende esta visión dado que se considera que el gasto público – que comprende promedialmente por lo menos un tercio de los productos brutos en cada país – puede ser considerado como una gran empresa.

Como una gran empresa el Estado es un proveedor para el financiamiento de la infraestructura, la provisión de bienes públicos en general y en particular en educación, salud y políticas sociales y crea las condiciones para la creación de riqueza ahora y en el futuro.

El nuevo enfoque que procura obtener un análisis profundo forzoso impulsado por los cambios constantes muestra las carencias actuales informativas del sector público en el que los meros datos financieros no son lo  suficientemente buenos para evaluar como sus instituciones agregan valor a la economía y a la sociedad.

La forma que adoptan los informes integrados en el sector público llevan a considerar seis tipos de capitales: el financiero en sentido estricto, el productor de bienes públicos, el intelectual, el humano, el social y el natural.

A través de este examen las entidades públicas pueden transformar el modo en que encaran su estrategia organizacional, sus procesos productivos y la gobernabilidad.

Dichos informes financieros integrados procuran orientar a las instituciones en su proceder cotidiano, su toma de decisiones y acciones de forma tal que puedan ponderar el resultado del impacto de sus actividades a través de diversas instancias temporales y de transformación de sus condiciones lo que evitaría el clásico enfoque miope del corto plazo.

En el sector publico es fácilmente identificable el capital financiero conformado por los aportes (recursos obtenidos por las contribuciones ciudadanas) efectivamente invertidos por las entidades para lograr su mejor desempeño, procurando obtener bienes públicos e incrementos patrimoniales que derivan de sus acciones, mientras que  el concepto de  capital productivo funciona en la esfera de la producción material y provee de bienes colectivos a la comunidad  y agrega valor público a la economía.

Mas difícil de reconocer son los capitales natural, social, humano e intelectual que requerirán en nuestro país un esfuerzo para su formación y no meramente para ser informados.

Sus variadas particularidades así lo determinan y son los que marcarán las fronteras de posibilidades para nuestro futuro desarrollo en el nuevo contexto internacional fuertemente transformado a pesar de que debe reconocerse que  no forman parte de la agenda de nuestros asuntos públicos.

El capital natural corresponde a los activos naturales desde el punto de vista de su condición de proveedores de insumos de recursos naturales y de servicios ambientales para la producción económica y el bienestar humano.

El capital social expresa al conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto. En la práctica el capital social comprende aquellas redes y relaciones sociales que facilitan la acción colectiva.

El capital humano dota a los individuos de un conjunto de capacidades que además de permitirles ejercer plenamente sus objetivos de realización personal, les dota de la capacidad personal para producir riqueza económicamente hablando. Lo que en otras palabras significa que les capacita para tener un trabajo con una mayor productividad.

Y finalmente el capital intelectual es entendido como la combinación compleja e interactiva de los activos intangibles que permiten desarrollar ventajas competitivas, por lo cual representa un factor esencial en la sustentabilidad de las organizaciones.

Y en ese sentido la importancia de la gestión eficiente del conocimiento en el desarrollo sustentable de las organizaciones es ampliamente reconocida como un factor de suma importancia en nuestro tiempo.

Como vemos cada vez más las exigencias del mundo real son ignoradas y no son siquiera planteadas en nuestro entorno, sin prejuicio de que esta administración gubernamental ha pasado de repudiar anteriormente a los organismos internacionales y sus buenas practicas a un nuevo enfoque en que se  genera una autentica pasión reverencial por los mismos.

Con esa tesitura toda iniciativa que viene del exterior es aprobada sin mayores problemas y con gran complacencia.

No en vano se ha prometido a los inversores externos solucionarle los conflictos laborales en forma rápida (Express).

Sería conveniente que ese espíritu redentor se extendiera a estos recientes desafíos.

Isaac Umansky

Autor: Isaac Umansky

Contador Público y Economista (UdelaR). Desempeñó el cargo de Contador General de la Nación y Director de la Comisión Nacional de Informática en el período 1985-1990. Profesor Economía, Finanzas Públicas y Administración en la F.C.C.E.E. (Udelar). (1969-1984). Consultor nacional e internacional en proyectos de Administración Financiera Pública y Gestión Pública (BM, BID, CEPAL, Agencia de Cooperación Sueca y la Unión Europea en Chile, Costa Rica, México, Bolivia y Cuba (Desde 1990 hasta la actualidad). Ex Presidente de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto (ASUCYP) durante varios períodos. EX Vicepresidente de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) 2 períodos. Miembro del Consejo Internacional que emite las Normas y Estándares del Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Período 2010-2012.