Lunes, 21 de agosto de 2017

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Inclusión financiera

Los desasosiegos de la implementación de la Ley de Inclusión Financiera y el intento de plebiscitar su vigencia, ha puesto esta iniciativa en el foco de la opinión pública.

Más allá que por supuesto, se debe compartir los intentos de posicionarnos en línea con lo que el mundo moderno nos demanda y que los avances tecnológicos deben ser acompañados para no quedarnos rezagados, hay aspectos de la ley que nos preocupan. Tanto en su implementación como en lo concerniente a valores superiores que quedan en el campo de la duda.

Lo primero que cabe acotar, es que pareciera que estamos frente a estertores esquizofrénicos de la administración frenteamplista. Por un lado, en el discurso, se propugna el cuidado de los más necesitados y la búsqueda de su inclusión social. Pero a la hora de los hechos concretos, se advierte un claro sesgo en la línea de volcarse hacia los intereses del sistema financiero y la desesperación de alinearse, incluso más allá de lo requerido, a las exigencias de los organismos internacionales.

Los ejemplos abundan sobre la pasividad oficialista en cuanto a la presión del sistema financiero que afecta a los consumidores.

Para citar sólo alguno de ellos, mencionemos el nivel de la tasa de interés que se cobra en las tarjetas de crédito en caso de utilizarlas como mecanismo de crédito al consumo. Las mismas oscilan en el 90% anual, en un nivel similar al existente durante la crisis del 2002. Si bien estas tasas, deben cubrir inflación, riesgo y gastos administrativos, cuando nos jactamos de tener una inflación de poco más de 5% anual, se advierte claramente su desproporción.

Mucho se ha hecho hincapié en que los trabajadores, al insertarse en los mecanismos de cobro de salarios que establece la ley, no tendrán costos adicionales. Pero se omite hacer mención a los costos que deben afrontar los pequeños comerciantes, que por sus características se asimilan más a los asalariados que a empresarios que obtienen dividendos de sus emprendimientos. Estos deben afrontar, en proporción, costos mayores a la de grandes superficies, que incluso, pueden llegar a comprometer la viabilidad de su pequeño negocio, poniéndolos en la necesidad de trasladar los mismos a los consumidores.

Recordemos también, por ejemplo, que si el tarjeta habiente, haciendo un uso adecuado de su tarjeta de débito (siempre que no sea del BROU), se propone utilizarla para abonar las facturas de sus consumos en las redes de cobranza, se encontrará que se le debitará un 0,35% de su consumo por concepto de gastos de administración. De estos costos nadie de los voceros oficiales habla nunca.

La implementación de la ley, dejó en evidencia, como sucede habitualmente en muchos casos (recordemos últimamente la problemática de los farmacias que comercializan marihuana y les cerraron sus cuentas bancarias), la imprevisión en diversos aspectos. Parece que la teoría de los escritorios del Ministerio de Economía y Finanzas no logra congeniar con la vida diaria de la sociedad en que actúa.

Es por ello, que se ha visto necesario efectuar diversas correcciones a la ley original, cuando se advirtieron algunas de las situaciones (entre risueñas y dramáticas) que la ciudadanía debió enfrentar. Por ejemplo, la inexistencia de cajeros automáticos en diversos puntos del interior del país.

Sin embargo, sigue habiendo situaciones anómalas que no tienen solución y entorpece la vida diaria, en general de los más humildes y desprotegidos. Uno de estos casos radica en que generalmente los cajeros no expenden billetes menores de quinientos pesos. Esto hace que el humilde trabajador que tal vez percibió un modesto pago de unos pocos cientos de pesos, puede encontrarse que no podrá retirarlo hasta tanto no se efectúe un nuevo depósito. No parece que hubiera especial preocupación por proteger a los humildes en su enfrentamiento con la vida diaria.

Hecha la descripción de los aspectos problemáticos de la implementación de la ley, me referiré brevemente al principal valor, últimamente tan bastardeado, que la ley avasalla, el principio de libertad.

Las sesudas explicaciones de los técnicos pretendieron demostrarnos que los trabajadores habían ganado en libertad, ya que podían disponer libremente dónde serían depositados sus haberes. Esto constituye una falacia. Independientemente de en qué banco poseerán su cuenta, en la práctica, al final del proceso, todo confluye en la tarjeta y el cajero automático con las dificultades que ya enumeramos.

También se nos dijo que los comercios están en libertad de utilizar o no los mecanismos en boga. Esto también es una falacia. Si se abstienen de utilizarlo, van quedando por fuera del circuito, y lo que es peor, tal cual se anunciara, pasarían a estar en la mira de los organismos de recaudación tributaria. Desde su tumba, con su obra 1984 bajo el brazo, George Orwell sonríe.

Por supuesto que estamos de acuerdo en la preocupación de mejorar la recaudación tributaria en desmedro de la morosidad. Lo que no estamos de acuerdo es en avasallar las garantías de los ciudadanos.

En honor a la verdad, no nos debería asombrar el desprecio que desde el gobierno frenteamplista se ejerce sobre el concepto de la libertad. Tal vez influído por las doctrinas marxistas de algunos de sus integrantes, la libertad pasa a un segundo plano, privilegiando la igualdad social, que en su modelo siempre tiende a emparejar hacia abajo.

Una vez más, reivindicamos el ideario batllista que basó siempre sus exitosos procesos reformistas en la defensa acérrima del concepto de la libertad y en procurar la búsqueda de la justicia social, en lo que habitualmente denominamos “emparejar hacia arriba”. Por el contrario, el frenteamplismo, tiene como dicho objetivo final el emparejamiento social sin importarle la generación de oportunidades y la recompensa por el esfuerzo propio y está siempre dispuesto a darle “cachones” al valor supremo de la libertad.

Max Sapolinski

Autor: Max Sapolinski

Es Contador Público egresado de la Universidad de la República, integró la Asesoría Económico Financiera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Director General de Secretaría del Ministerio de Turismo, Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Turismo. Entre 2006 y 2008 fue Presidente de la Comunidad Israelita del Uruguay. Gerente del Seguro del CASMU y entre 2010 y 2012 fue Director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

  • Dependiente

    En Progreso (Canelones), no hay BROU, hay banca privada, el trabajador (deudor contumaz de ese banco) le llegó la hora de arreglar, entre el patrón (que le convenía pagar por ese banco a todos sus empleados) y la necesidad de trabajar, muy “presto” firmó y empieza a regularizar su situación. Sino no tenía derecho a cuenta.
    En Río Branco (Cerro Largo), no hay banca privada, fue al BROU, situación más grave, el trabajador deudor de AFISA (otra institución financiera), pero el largo brazo del pulpo capitalista lo puso en el mismo lugar, “primero pague AFISA y luego obtendrá su cuenta”. Solución: no debe más en AFISA y tiene cuenta, no hay duda ESTAN INCLUIDOS FINANCIERAMENTE!!! Viejo dilema Trabajo o Hambre, ganó la Libertad. Cuando quiere el Estado es un gran cobrador.