Miércoles, 16 de mayo de 2018

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Inmigrantes y ciudadanos

Desconozco quien los graba ni por qué. Pero en las últimas semanas han estado circulando por las redes diversos audios y mensajes en los que se da cuenta, en algunos casos en tono de denuncia y con un sesgo xenófobo impropio de la tradición nacional, de las facilidades para la obtención de documentos y los beneficios que el gobierno estaría dando a los inmigrantes que están llegando al país.

En muchos de esos audios, se afirma que se les está facilitando la obtención de la credencial cívica, lo que se atribuye a la intención del gobierno de asegurarse votos para el Frente Amplio en las próximas elecciones.

Como suele ocurrir con ese tipo de mensajes, no importa cuán inverosímil pueda ser la historia que se cuenta: mucha gente se hace eco de ellos y comienza a difundirlos, haciendo dudar incluso a aquellos que aún conservan, en estos tiempos caracterizados por las emociones y los pareceres, una actitud crítica y racional.

Como todos los integrantes de la Corte Electoral, por estos días he recibido muchas consultas acerca de la veracidad de estos presuntos hechos, contestando, en lo que hace a los aspectos atinentes a la Corte, que lo que se afirma en esos audios es falso.

La Corte Electoral, como lo ha hecho a largo de sus 94 años, sigue aplicando lo que establecen la Constitución de la República y la ley.

Es sabido que la ciudadanía puede ser natural, que corresponde a los nacidos en el territorio nacional, a sus hijos y eventualmente a sus nietos, o legal, que puede ser solicitada por los extranjeros que residen en Uruguay si cumplen determinados requisitos.

La ciudadanía legal, se rige por lo dispuesto en los artículos 73, 75 y 78 de la Constitución, donde se establece que tienen derecho a la ciudadanía legal:

  • A) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República.
  • B) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, sin familia constituida en la República, que tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco años de residencia habitual en el país.
  • C) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes.

Pero además, la Constitución establece que “los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los incisos A) y B) hasta tres años después del otorgamiento de la respectiva carta, lo que implica, entre otras cosas, que recién luego de tres años de obtenida la carta de ciudadanía, podrán si lo desean inscribirse en el Registro Cívico y votar.

Esto quiere decir que antes del cierre del período inscripcional en abril de 2019, sólo podrán inscribirse en el Registro Cívico los extranjeros que hayan obtenido carta de ciudadanía legal hasta marzo de 2016.

Para tramitar la ciudadanía legal, los extranjeros deben acreditar ante la Corte Electoral todos los aspectos reseñados, a saber: la autorización para residir en el país que extienden la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior o la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de RR.EE; la nacionalidad y la identidad del solicitante, para lo que se exigen partidas u otros documentos auténticos debidamente legalizados; la residencia habitual en el país durante los últimos 3 o 5 años y documentación y testigos que acrediten poseer familia constituida en el país, si corresponde.

Pero además, el artículo 78 de la Constitución dice que tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República, previsión que viene de la Constitución de 1934 y que ha sido utilizada en alguno de los mensajes en cuestión, no sabemos si por ignorancia o arteramente, para demostrar la operación de facilitación para la obtención de la ciudadanía legal.

Es cierto que en los últimos años ha aumentado el número de solicitudes de cartas de ciudadanía. En 2017 se otorgaron 543 cuando en 2010 fueron 184.

Pero ello debe relacionarse con un fenómeno que más allá de las estadísticas está a la vista de todos: la creciente presencia de extranjeros viviendo y trabajando en nuestro país.

En los últimos años Uruguay ha sido el destino de personas procedentes de diversos países, principalmente americanos, obligadas a emigrar por razones fundamentalmente económicas. Dominicanos, venezolanos y cubanos son, en apariencia, la mayoría de ellos y los vemos trabajando en el comercio, en restaurantes, en la seguridad privada y aún en tareas profesionales, con un alto grado de satisfacción de sus empleadores.

Desconozco por qué eligen a Uruguay. Tal vez se deba a las facilidades que las leyes migratorias nacionales, Nro. 18.250 y 19.254, les otorgan.

En cualquier caso, cabe aclarar que el interés de obtener la carta de ciudadanía no solo puede estar motivado por el deseo de inscribirse en el Registro Cívico y votar sino que puede tener origen en la conveniencia de disponer del pasaporte uruguayo, que se obtiene presentando la carta de ciudadanía y que sin duda permite ingresar a Europa y a otros destinos con facilidades que pasaportes de otros países americanos no ofrecen.

La Corte Electoral, consciente del interés que este tema ha despertado, dispuso, a partir de un pedido de informes formulado por el diputado Pablo Iturralde, que la Oficina Nacional Electoral y la Sección Ciudadanía Legal informen a propósito de los diversos aspectos que hacen al tema, entre otros, cuántas inscripciones en el Registro Cívico Nacional se han realizado exhibiendo cartas de ciudadanía.

Será una forma de cuantificar el fenómeno y sobre todo de contar con información que permita identificar el propósito de los extranjeros que residen en el país al tramitarlas.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Abogado y funcionario. Actualmente es Ministro de la Corte Electoral. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue Prosecretario General del mismo. Es miembro de diversas instituciones culturales y sociales. Colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Es autor de los libros Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional.

  • GADU666

    ¿Xenofobia? Cuando se expolia al nativo y se da al extranjero… condenando al nativo. Yo no me creo la racionalidad de este artículo, percibo prepotencia al para empezar así.

    Hay casos para cortar totalmente la migración, detenerla, y acotarla… cosas que no parecen existir en Uruguay. Aunque dudo que estés a la altura como para tomar un argumento propio, y mejor ni gasto tiempo.

    ¿No será algo que es inculcado en las constituciones masónicas de las logias? Quizá el lector investigue lo que digo. Están coercionados a seguir un discurso y se habla de libre-pensamiento.