Martes, 15 de mayo de 2018

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La corrupción

El  Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, que el Uruguay firmó pero no ratificó hasta ahora, expresa: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”. En términos similares se expide, en su Preámbulo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 que se encuentra vigente para nuestro país desde el año 1998.

La corrupción, por corroer las bases del sistema democrático, debe ser combatida con particular energía y lo que está aconteciendo en nuestro país, en esta materia, debe generar una enérgica y dura reacción para prevenirla y reprimirla, no sólo por la gravedad de los delitos cometidos sino, en especial, porque dan una idea de la forma festinada, arbitraria e irresponsable con que algunos de los que asumieron el rol de administrar los dineros públicos, dilapidaron gran parte de los mismos.

La corrupción desprestigia a la clase política y al hacerlo, deteriora el cimiento del sistema democrático que, necesariamente, tiene que operar con los con los partidos políticos y con aquellos que los integran. Por ende, es imperativo combatirla adoptando una batería de medidas preventivas y represivas que tengan la virtud de prevenir los actos de corrupción, disuadirlos y castigarlos severamente.

Lamentablemente,  la ciudadanía ha visto, con estupor, cómo se reiteran esta clase de delitos y la excesiva benevolencia con que se juzgan a los que los cometen. Hace unas semanas se hizo pública la vista fiscal del Dr. Luis Pacheco sobre el caótico manejo de los dineros públicos por la comisión de delitos de abuso de funciones y de peculado por parte de diversos jerarcas de ANCAP y, en ningún caso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva. Según sus declaraciones adoptó ese temperamento porque entendió que los indagados no se apropiaron de “ningún peso  de esos millones”.

Esta afirmación es contradictoria con respecto al delito de peculado que le imputó al Sr. Raúl Sendic. En efecto, el artículo 153 del Código Penal, que tipifica este delito, establece: “El funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado o a los particulares, en beneficio propio o ajeno será castigado  con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”. Obviamente, el Señor Fiscal aplicó esta figura delictiva al ex Vicepresidente de la República porque entendió que, con dinero del Estado, utilizando una tarjeta corporativa,  el Sr. Sendic adquirió, para su propio beneficio, determinados bienes y productos. Ahora bien, si adquirió esos bienes con dinero del Estado y se apropió de los mismos, incurriendo en el delito de peculado, es obvio, que se quedó con cosas muebles que adquirió para su propio provecho. En otras palabras, no puede haber peculado sin apropiación del dinero o de cosas muebles del Estado o de los particulares. De modo pues que el Sr. Fiscal no puede decir, que no solicitó prisión preventiva porque no se quedó con “ningún peso”, porque al imputarle al Sr. Sendic el delito de peculado está diciendo otra cosa.

Pero además, su vista fiscal exonerando de responsabilidad penal al Sr. Fernando De León también ofrece aspectos discutibles y de base contradictoria. En efecto, a pesar de considerar que obró en forma deshonesta, al incurrir en una conducta “ contraria al principio de probidad”, es decir, después de tildarlo de ímprobo, pide el archivo de la denuncia que contra el mismo se formuló en base a dos argumentos fundamentales: por un lado, el considerar que, cuando fungía como Presidente de ALUR, no era un funcionario público y que, en atención a ello, no  lo es imputable el delito de peculado que sólo lo pueden cometer aquellos que tienen esa condición y por el otro que no le es aplicable el delito de apropiación indebida.

Si bien es aceptable la primera argumentación con respecto al delito de peculado, no lo es  tanto, la referente a la apropiación indebida que descarta, fundamentalmente, por entender que “si bien los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta, los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida (art. 351 del Código Penal”.

Este aspecto de su dictamen también es contradictorio, porque luego de decir que el Sr. De León actuó en forma contraria “al principio de probidad”, que hizo  un “uso discrecional de tarjetas corporativas” de ALUR, “por sumas significativas y sin rendir cuentas” y  “que se supone  que los gastos efectuados con la tarjeta “se hallaban cubiertos por los viáticos recibidos” no es imputable de apropiación indebida “por la escasa entidad de tales gastos”. Lo cierto es que la tarjeta corporativa se le dio para que “hiciera un uso determinado de ella” (arst. 351 del C.P.) y la utilizó para su beneficio personal, como  dice el Sr. Fiscal “por sumas significativas”, con el agravante de que se trataba de dineros públicos. Esa conducta tipifica el delito de apropiación indebida puesto que se encuadra perfectamente en lo dispuesto en el art. 351 del Código Penal.

Por otra parte, después de afirmar que lo gastado fue por sumas significativas, parece un contrasentido sostener que  eran “relativamente de escasa entidad”. En otras palabras, o eran sumas significativas o eran de escasa entidad, pero aún en cualquiera de esos casos y con el agravante de tratarse de dineros públicos, estimamos que se debió formular la requisitoria correspondiente.

No ponemos en tela de juicio la probidad del Fiscal Pacheco, lo hacemos a su modo de interpretar las normas punitivas vigentes en nuestro país de cuya aplicación depende que el cáncer de la corrupción no siga corroyendo el sistema democrático uruguayo.

Pero  lo acontecido debe aleccionarnos. Estimamos que la benevolencia en la sanción de los indagados (ninguno purgará un solo día en la cárcel) y la exclusión de ciertas conductas con tufillo a corrupción, deben determinar un cambio sustancial en el marco normativo en la prevención y represión de los delitos a que estamos haciendo referencia, por el repudio y la desconfianza que generan contra la clase política y la erosión que causa al sistema democrático.

Incluso, en consonancia con algunas posiciones doctrinarias, se ha incoado una acción de inconstitucionalidad contra la norma penal que tipifica el abuso de funciones, cuando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 19, establece como deber de los Estados el de tipificar, en sus respectivas legislaciones penales, ese delito.

Recientemente, se llevó a cabo en Lima la VIII Cumbre de las Américas. El tema principal de la misma fue el de la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Por consenso, al que se unió nuestro país, los 33 Estados presentes suscribieron un documento denominado “Compromiso de Lima” en el cual se adoptaron 57 acuerdos agrupados en 7 ejes temáticos entre los que se destacan el de la “prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas y el del “fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción”.

En lo que respecta a la República Oriental del Uruguay, la ley Integral contra el Lavado de Activos No. 19.574, fue un importante esfuerzo para combatir uno de los más graves factores de la corrupción. Lamentablemente, por no contar con el debido asesoramiento, en su redacción, se incurrió en un error enorme al derogar y no sustituir las normas legales anteriores,  lo que ha generado distintas interpretaciones y un grave problema hermenéutico que deberá dilucidar la justicia competente. Es de esperar que esta clase de errores no se reiteren en las normas que, en esta materia, se debería aprobar.

Personalmente estimamos que la corrupción debe ser combatida en todas sus diferentes expresiones, mediante una batería de medidas, entre las que  sugerimos las siguientes: Primero, que se proceda a aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y aplicar ésta, así como la Convención Interamericana que regula la misma materia. Segundo, que se amplíen las competencias del Tribunal de Cuentas a fin otorgarle carácter vinculante a sus dictámenes. Es inaceptable el hecho de que ciertos organismos del Estado hagan caso omiso de los informes y recomendaciones de este Tribunal, por ejemplo, reiterando en cientos de casos, el gasto que fue observado por el mismo. No es justo, no es razonable que, por ejemplo, el MIDES otorgue millones de pesos en viáticos y pasajes a personas que no son funcionarios públicos. No es justo ni razonable que jerarcas de ASSE contraten empresas de su propiedad para prestar servicios en ese Instituto. No es justo ni razonable que se violen en forma reiterada las normas del TOCAF y algunas otras que regulan la contratación administrativa y no pase nada y de ese modo se dilapiden, sin los debidos controles, los dineros públicos. Los dictámenes del Tribunal de Cuentas deben tener carácter vinculante salvo muy estrictas y justificadas excepciones. Tercero, se debe fortalecer el funcionamiento de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), en particular, con respecto a su cometido de identificar los riesgos de corrupción a nivel del Estado y desarrollar actividades orientadas a prevenir la implantación o extensión de ese fenómeno en la administración pública nacional y Cuarto, los actos de corrupción deben ser tipificados de manera más explícita y sancionados con mayor severidad, sin derecho a eximir, a los que los cometan, de la prisión preventiva.

Edison González Lapeyre

Autor: Edison González Lapeyre

• Catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático en la UDELAR • Profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. • Asesor Letrado, Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Director de Asuntos Culturales, Director de la Consultoría Jurídico - Diplomática • Embajador ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití y Granada y representante Permanente ante la OEA. • Negociador en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay, el Tratado para el desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuareim y el Acuerdo de Extradición y Cooperación Judicial con EEUU. • Integró el equipo legal del Uruguay en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una primera etapa. • Autor de más de 150 publicaciones de su especialidad.

  • juan josé vanni

    CASO IMPRESOS VANNI S.A.

    NO accedí a lo solicitado por el Ec. CALLOIA (febrero 2005) POR SI y en nombre del Dr. TAVARÉ VÁZQUEZ en “la referida llamada telefónica”.

    LA VENGANZA del ex Presidente del BROU

    Artículo 5
    NADIE SERÁ SOMETIDO A TORTURAS NI A PENAS O TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES

    https://es.calameo.com/read/002002364160f03aabc1b

  • juan josé vanni

    PODER LEGISLATIVO

    LEVANTAR LA VOZ en defensa de mis hijos JUAN y PEDRO
    Jamás logre atenderlos, trasmitirles apertura, una buena noticia, ALEGRIA, seguridad.

    PADRE DESESPERADO!

    2005/2018 – 13 años de lucha permanente!!