Viernes, 21 de octubre de 2016

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La descentralización equivocada de la ANEP

Los malos modos de la ministra Muñoz  son la espuma de la ola, lo preocupante en educación son las  corrientes profundas de la ANEP, más opacas pero mucho más relevantes en términos de resultados o, más bien, de la falta de ellos.

Una de las principales herramientas con las que la ANEP está apostando a realizar cambios es la nueva Dirección Sectorial de Integración Educativa, dependiente del CODICEN.  En su órbita  se están creando las “Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa”.   Son equipos técnicos aproximadamente correspondientes a cada Departamento  (son más en la zona metropolitana),  que se suman a las Comisiones Departamentales ya existentes, tanto las propias de la ANEP y como otras más amplias integradas por los organismos estatales de educación de cada Departamento.

La decisión es equivocada por varias razones.  Primero porque a la sobrepoblación de instancias de coordinación interinstitucional se le agrega otra más, agravando una situación en la que sobran organismos y falta articulación efectiva.  La solución ya no está en agregar sino en reorganizar, simplificar, ordenar, definir responsabilidades claras para después evaluar y exigir. Todo lo contrario de la maraña cada vez más inextricable de órganos y cometidos que se ha ido conformando y a la que ahora se suman estos nuevos componentes.

En segundo término es equivocada porque se identifica descentralización con estructuras de escala departamental.  La investigación comparada muestra que la descentralización efectiva es la autonomía de los centros y que, en tanto se les transfieren capacidades, ellos son quienes movilizan las coordinaciones a nivel local, en tanto contribuyen al mejor cumplimiento de su tarea.  La descentralización, especialmente en un país del tamaño del nuestro, no supone agregar organismos intermedios. El error se origina en la Ley  General de Educación del 2008, que mantuvo una estructura fuertemente centralizada, pero quiso disimularlo creando Comisiones Coordinadoras Departamentales. Ahora, se profundiza el error,  agregándole una burocracia al costado de esas Comisiones. No sólo se profundiza, también se cristaliza, como ocurre cuando se crean aparatos con sus cargos y funcionarios.

En tercer término, la decisión es equivocada porque se apuesta a realizar los cambios afuera de los centros educativos y de las aulas.  Para conformar estas unidades habrá que realizar contratos o reasignar a quienes conformen esos equipos. Por el contrario, la mejora de la educación requiere que los docentes y los otros técnicos estén radicados, al servicio y dependiendo de los centros educativos, no en oficinas en las capitales departamentales.  Y si no son suficientes,  distribuyéndose, rotando, pero formando parte de los equipos y de los proyectos que debería desarrollar cada centro educativo.  Se opta por agregar una burocracia intermedia, que arriesga seriamente ser otra complicación, antes que un recurso, de los múltiples que le faltan hoy a las escuelas y a los liceos, a nivel local.  La decisión se retroalimenta con la disolución del  Programa Promejora,  que estuvo dirigido justamente a fortalecer la capacidad de los centros educativos de evaluarse, de diseñar y de implementar proyectos, coordinando con quienes se requiriera para llevarlos adelante.  La coordinación interinstitucional se ubicaba así en el papel de instrumento al servicio del logro educativo.

Hay una racionalidad política en estas decisiones (la creación de burocracias intermedias, el cierre del Promejora), que es  la de evitar zonas de fricción con los sindicatos, allí donde los sindicatos son más fuertes, que es justamente en los centros educativos.  Esta racionalidad se delinea con más nitidez en tanto se la  asocia  con una característica común que tienen  la mayoría de los intentos de cambio educativo desde el 2005, Plan Ceibal incluido, que es haber  colocado la gestión de cada innovación fuera de los centros educativos.  El resultado ha sido que las iniciativas se han implementado, pero no han incidido en la educación.

En conclusión, para evitar conflictos la estrategia de la ANEP es cuando menos equivocada, sino es que además está complicando todavía más, la ya difícil y a todas luces poco efectiva organización del sistema educativo.  Volviendo al principio, el estilo altisonante de la ministra y el perfil bajo de quienes dirigen la ANEP forman parte de una misma actitud de gobierno de la educación, preocupada más por disimular el fracaso que por encontrar las vías para enfrentarlo y superarlo.

Javier Lasida

Autor: Javier Lasida

Javier Lasida es Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Máster en Ciencias Sociales de FLACSO Buenos Aires y candidato a Doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Universidad Católica del Uruguay. Fue Director durante 6 años del Programa Projoven del Ministerio de Trabajo de Uruguay. Se ha desempeñado en roles de consultoría, gestión y evaluación de política educativa para varios gobiernos, instituciones privadas y organismos internacionales en Uruguay y varios países de la región. Es autor de libros y artículos en publicaciones académicas y en la prensa, en temas de su especialidad.