Viernes, 7 de julio de 2017

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La Justicia tiene la palabra

Nos hemos sorprendido con las recientes declaraciones del Presidente Vázquez al ejercitar una defensa de Raúl Sendic, su vicepresidente y ex compañero de fórmula en la última elección.

Sin entrar en el fondo de los diversos temas que han ocasionado una andanada de críticas al comportamiento ético, político, institucional de Sendic, Vázquez intenta bajar la pelota y pasar mensajes.

Por un lado, se excusa de analizar las causas y eventuales responsabilidades, partiendo de la base que varias causas judiciales que lo involucran están en esa órbita y, respetando la independencia de poderes, se exime de comentarios.

En segundo lugar, para dar destaque a su intento de defensa, titula la repercusión crítica de todo los temas que últimamente han rodeado al vicepresidente de “Bullying político”.

Pues bien, interpretemos primero la analogía que intentó realizar Vázquez.

Bullying es un anglicismo que no figura en nuestro idioma pero que cada vez se utiliza con mayor frecuencia en nuestro lenguaje y que significa acoso, toda forma de maltrato físico, verbal o sicológico en forma reiterada y a lo largo del tiempo que se practica principalmente en el ámbito escolar o su entorno. Intervienen un acosador y un acosado, donde el primero intenta ejercer el dominio para sentirse poderoso y ser reconocido. El segundo, es sumiso, tiene baja autoestima, es inseguro y presenta reducida capacidad de defenderse.

Los casos de “bullying” revelan un abuso de poder en el que el acosador logra la intimidación del acosado que percibe al otro como más fuerte, generando un cuadro de afectación sicológica que altera su comportamiento y desempeño.

¿Pero de quién hablaba Vázquez, entonces?

Del Vicepresidente de la República, del número dos del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Asamblea General, de quien lo suplanta cuando viaja al exterior y que lo subrogará en el caso de su eventual fallecimiento o incapacidad durante este periodo.

No podemos calificar entonces a Raúl Sendic como una persona carente de poder, legítimamente electo por las reglas electorales uruguayas, por lo que parece confusa la analogía que pretendió hacer cambiando los roles habituales de acosador y acosado.

¿A quién se refería que tuviera más poder que Sendic?

¿A la oposición, a la prensa, a su propio partido?

Algo deslizó cuando se refirió a “autofagia”, intentando claramente pasar un mensaje político  a la interna, por lo que interpretamos que las críticas y revelaciones que más comprometieron a Sendic provienen de su propio partido político y desnudan duras batallas internas en el Frente Amplio que, en su lucha por mantener el poder posicionando mejor a uno u otro sector, comprometen la propia gestión en curso, restando casi la mitad del mandato.

Lo que debe analizarse es que esta catarata de críticas tiene un principal responsable que es el propio Raúl Sendic pero que no debería tampoco cargar solo con toda la culpa de lo que se le acusa.

Hoy el foco crítico está en su gestión al frente del Directorio de Ancap en el periodo 2010/2013, en la que se generaron resultados ruinosos para la principal empresa uruguaya, si bien siguieron por el mismo camino después de su salida.

El uso indebido de las tarjetas corporativas es un hecho condenable pero menor si comparamos con todo lo demás. Solamente ha tenido notoriedad por el escándalo superlativo que significa el hecho de que al principio de esta administración, Ancap estaba técnicamente quebrada, con un endeudamiento superior a su patrimonio, siendo necesario capitalizarla en más de 900 millones de dólares.

Pero nos debemos preguntar en relación a la ruinosa administración de Ancap:

¿La responsabilidad debe recaer solamente sobre Sendic?

¿Que hizo el equipo económico anterior durante su gestión?

¿Qué rol cumplió el ex presidente Mujica, la OPP y su equipo económico paralelo?

Vayamos un poco más atrás.

Hay muchos paralelismos en la estrategia política del MPP y de Mujica con el PT de Lula.

De acuerdo con las leyes electorales de Brasil, Lula cumplió con dos mandatos de 4 años en el que preparó cuidadosamente a su sucesora, Dilma Rousseff.

Primero, designándola Ministro de Minas y Energía, sorprendiendo con su nombramiento al asumir la primera presidencia, enfrentando con su experiencia de Secretaria de esa cartera en el estado de Rio Grande do Sul, la crisis energética que enfrentaba Brasil.

El cargo de Ministro de Energía es acumulativo con la presidencia del Directorio de Petrobras y Electrobras, las gigantes empresas estatales de energía.

Con el escándalo del mensalao y la condena por corrupción del Chefe da Casa Civil (Jefe de Gabinete) José Dirceu, Lula mueve rápidamente las fichas designando y generando otro salto político para Dilma, quien es la primera mujer nombrada a ocupar el cargo.

No obstante el complejo rol de articulador político del Jefe de gabinete, Dilma no deja la presidencia del Consejo de Administración de Petrobras.

De ese cargo, salta a la presidencia y su reelección, terminando destituida en 2016, tras juicio político generado por “maquillaje de balances” que constituyeron, según el parlamento, crimen de responsabilidad.

Si bien el delito atribuido a Dilma es de rebuscada interpretación, está claro que tiene altos indicios de corrupción.

Aún bajo investigación judicial, Petrobras está en el centro de la investigación y fue la que originó la operación Lava-jato (hidro lavado), nombre atribuido por la Policía Federal a una investigación que inicialmente buscaba combatir el lavado de dinero practicado por un operador de cambio, dueño de una estación de servicio.

De este simple delito, se desentramó un vasta operación de corrupción, partiendo del buque insignia del proyecto político de Lula y el PT, la mayor empresa de América Latina, Petrobras.

Petrobras contrataba y sobrefacturaba obras de infraestructura, puertos, refinerías, terminales petroleras, plataformas de prospección por valores multimillonarios a un grupo de empresas constructoras que rápidamente institucionalizaron como coima el 5% del costo de la obra.

Está comprobado que el dinero generado por la sobrefacturación y coimas fue utilizado para el uso personal de directores, compra de voluntades políticas y financiación de campaña de políticos del gobierno y aliados, estimándose los desvíos en más de U$S 7 mil millones.

Volviendo al Uruguay, está claro que Ancap fue utilizado también como buque insignia de la administración Mujica y que Raúl Sendic hacia parte del proyecto político de sucesión presidencial.

¿O nos olvidamos de las diversas manifestaciones de Mujica y su entorno respecto de la preferencia por Sendic (mi pollo) como futuro líder político, antes que cayera en desgracia?

Todo ese déficit, todos esos malos negocios que por mucho tiempo deberán pagar los uruguayos, no fueron solamente hechos de mala gestión, hacían parte de una estrategia política mucho más allá de una proyección personal.

Una investigadora parlamentaria sobre los negocios y la gestión de Ancap integrada por todos los partidos políticos reveló mucha información. El Frente Amplio usó su mayoría para aprobar una declaración manifestando la comisión investigadora la no existencia de actos de corrupción. La oposición dice lo contrario y eleva los antecedentes a la justicia.

Luego de dos años, poco ha surgido desde el Poder Judicial.

Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a la información y  conozca la explicación de tan malos resultados de una empresa estatal gigante y monopólica, revelando o no la existencia de actos de corrupción.

Hay mucho para investigar.

La sociedad uruguaya espera un pronto pronunciamiento.

El Poder Judicial debe estar a la altura de las circunstancias, manifestándose con independencia y haciendo cumplir la ley y la Constitución.

La Justicia de Brasil, en el caso Lava-jato, ha sido un ejemplo.

Fernando Mattos

Autor: Fernando Mattos

Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul- Brasil . Ex presidente de la Sociedad Criadores de Braford y Cebu del Uruguay. Ex miembro de ISEF International Stocksman Educational Foundation-Houston. Ex presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Ex miembro de la Junta Directiva del INAC. Ex presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. Ex Presidente de la Fundación Pro Cría Oriental de apoyo a pequeños productores. Productor rural en los departamentos de Tacuarembó y de Cerro Largo.