Jueves, 24 de diciembre de 2015

MENU

La obra pública y el futuro del Uruguay

Desde el siglo XVIII ya no se duda de la importancia de las obras públicas en el desarrollo económico de los países, como condición necesaria para que catalizar el proceso de crecimiento económico.

Así lo entendía claramente Adam Smith en su Tratado sobre el Origen de la Riqueza de las Naciones desde mediados del 1700 y hacía distinción entre las obras que eran de todos los ciudadanos, que debían de ser realizadas como cometido principal del Estado y que debían ser atendidas por los recursos generales del Estado, y aquellas que solo beneficiaban a una parte de los ciudadanos y podían ser atendidas por los usuarios que pagarían por ellas, tanto para su construcción como para el repago de los empréstitos que fueran necesarios o para el funcionamiento y mantenimiento de las mismas.

Ese era un tiempo en que el servicio que se prestaba en el territorio era el transporte físico de los bienes y de las personas y en que ni la energía ni las comunicaciones formaban parte de ese conjunto que hoy llamamos la infraestructura.

Smith ya identificaba claramente las obras que se pagarían por los impuestos y las que se pagarían por los precios, dos conceptos que después de perder importancia en el inicio del siglo XX, se recobraron sobre su final y el inicio del siglo XXI, bajo lo que se denominaron genéricamente privatizaciones, primero bajo los gobiernos liberales –desde Thatcher en Inglaterra a Menem en Argentina– y acuerdos de participación público privada (PPP) después, por parte de los gobiernos socialistas en Europa o en América.

En la actualidad, el mundo entero comparte la necesidad del desarrollo de la infraestructura como condición necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social. Se critica a América Latina por el bajo nivel de inversión en infraestructura, en particular si se le compara con la inversión en infraestructura de los países del sudeste asiático y China que son tomados como referencia. Menos de un 3% del PBI versus un 5 a 7% del PBI.

Alcanzar a cerrar esta brecha es un asunto de recursos.

La infraestructura se compone de los activos en sí mismo, de la capacidad de las instituciones de generarlos y desarrollarlos, y de la capacidad de poder generar los recursos correspondientes para conservarlos, reponerlos y acrecentarlos. Es cuestión de que estas 3 dimensiones funcionen en simultánea: obras, instituciones y recursos.

En el mundo de hoy podemos identificar varias capas (layers en Inglés) de infraestructura, que se han ido superponiendo con el paso del tiempo, desde el transporte hasta las redes de comunicación:

  • La capa del transporte
  • La capa de la energía
  • La capa de los servicios públicos
  • La capa de los edificios
  • Las redes de comunicaciones

La sociedad y su vida–la superestructura–se apoya sobre las capas de la infraestructura, sin las cuales la sociedad tendría enormes dificultades para procesar su vida cotidiana y productiva.

Parecería que no requiere demostración que la prioridad es mantener los servicios que actualmente se prestan, que si alguno de los servicios disminuyó su calidad, ésta se recupere, y que cada tanto tiempo, cuando las infraestructuras culminen su vida útil, sean reemplazadas por otras actualizadas que se proyecten hacia un nuevo ciclo de vida útil futura.

Cuando estas prioridades se han atendido debidamente, recién es momento de ponerse a considerar nuevas infraestructuras y cuando se consideran, al mismo tiempo, se deben de prever los recursos para mantener y reponer dichas infraestructuras a futuro.

Esto es aplicable a todas las infraestructuras y la fundamentación hasta resulta obvia.

Sin embargo lo obvio es frecuentemente dejado de lado y la visión del gobernante se encandila con nuevos proyectos que permiten cortar cintas, hablar de ampulosidades proyectivas y generar polémica sobre las obras nuevas, pero sin tener en cuenta el panorama general de necesidades y las prioridades.

Tampoco se tiene en cuenta  la economía de escala de la infraestructura, que resulta de hacer obras para que duren y efectivizar un mantenimiento preventivo o una  rehabilitación intensiva de una infraestructura y no estar permanentemente remendando por hacer trabajos de poca duración o por hacer trabajos con visión de corto plazo.

Por último y no menor, la calidad de lo que se hace, merece observaciones mayores. Las disculpas son muchas. Que las empresas no estimulan la calidad, que la mano de obra no está capacitada, que los materiales, que los equipos, que los sindicatos, que se ha perdido el orgullo por la obra bien ejecutada y tantos más. Pero lo que no hay duda es que la construcción hoy es de calidad inferior a la de la primera mitad del siglo XX, a pesar de tener más recursos tecnológicos y una educación superior.

Para verlo más claramente, es una buena práctica aterrizarlo en la realidad de la vida cotidiana.

Es un tema recurrente que las escuelas y liceos no comienzan las clases en fecha por las condiciones edilicias precarias–ya que no se hizo el mantenimiento necesario durante las vacaciones. Es habitual que se generen conflictos gremiales por las condiciones de los lugares de trabajo del Estado porque el organismo no previó recursos para la infraestructura. Es regular que la población se queje del estado de las carreteras y que, cuando se reparan, duren poco, porque como hay pocos recursos se hacen obras precarias. Es también casi un dogma que la recolección de basura sea un tema insoluble solamente en Uruguay, o que la variación de las condiciones de entrega de la energía generen todo tipo de inconvenientes a los usuarios.

Cada gobierno piensa en lo que corresponde a su período y se desentiende de lo que le pase al siguiente y esto lleva indefectiblemente a la pérdida de economías de escala que, por ejemplo en el caso de las carreteras, causa que se termine gastando 4 veces más que si se hubieran realizado obras mirando el corto, mediano y largo plazo.

Pensemos qué habría pasado en Montevideo si en lugar de haber construido las calles de hormigón en la primera mitad del siglo XX se hubieran construido los pavimentos económicos que ha construido la IMM en los últimos 25 años, pavimentos que se deterioran al cabo de 5 años de vida en barrios donde casi no hay tránsito.

¿Qué habría pasado si las escuelas y liceos públicos de la misma época se hubieran construido con la calidad de las obras realizadas en los últimos 30 años? ¿Alguien cree que una escuela de hoy durará lo que duraron la escuela Chile o la Brasil o el liceo Miranda?

Un hospital de hoy–que, de paso, podemos decir que no se hacen más–¿duraría lo que duró el Maciel, o el Pereira Rossell o el Pasteur?

¿Alguien piensa que el saneamiento de Montevideo en construcción en los últimos 25 años durará lo que duró la red Arteaga del siglo XIX o la Planta de Aguas Corrientes que sigue siendo básicamente la misma de los concesionarios del siglo XIX y aún dando servicio?

El país ha perdido el rumbo en infraestructura y mientras no se reencuentre con lo que manda el buen arte técnico y económico, la brecha de infraestructura seguirá ampliándose frente a otros países que han sabido enfocar sus inversiones para obtener el máximo de resultado y así apuntalar el desarrollo.

 

Lucio Cáceres

Autor: Lucio Cáceres

Ing. Civil, egresado de la Universidad de la República. Vicepresidente de la Academia Nacional de Ingeniería Asesor de empresas de construcción privada y de mantenimiento a partir de 2005. Asesor Regional en Infraestructura (ingeniería de infraestructuras, ingeniería del transporte, evaluación de proyectos, asociaciones público-privadas y concesiones). Realiza Evaluación económica de proyectos de inversión para OEA. Ha trabajado junto a UNOPS en proyectos de infraestructura (aeropuertos , puertos y carreteras), asesorando a gobiernos y los inversores institucionales. -Ministro de Transporte y Obras Públicas entre 1995-2005 -Director Nacional de Vialidad entre 1985-1989 -Profesor de la Universidad de la República , 1975-2010 , UM ( 2011 ) Y -Profesor del curso Máster de la Universidad de Piura, Perú ( 2012-2013 ) , -Consultor para el Banco Mundial, el BID , la CAF y los gobiernos de China, -Paraguay , Panamá , Argentina , Chile, Perú, El Salvador, Honduras y Colombia