Miércoles, 27 de enero de 2016

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La participación, un problema del sistema educativo y una oportunidad para el sistema de cuidados

Hay por lo menos dos concepciones de la participación presentes en las políticas públicas uruguayas.    Para una de ellas  la participación es principalmente un derecho de determinado sector social (por ejemplo, en nuestro país, entre otros casos la participación de los docentes en la educación, los trabajadores y los usuarios en la salud pública, los trabajadores, los empleadores y los pasivos en la seguridad social) y se ejerce a través de  representantes de cada corporación. Si bien no es imprescindible que existan organizaciones sociales, esta modalidad de participación se facilita y a la vez las promueve. Es, consecuentemente, una concepción que se sustenta y se instrumenta a través de quienes tienen el interés y la posibilidad de comprometerse militantemente. Por todo lo anterior la denomino como participación corporativa.

Para una segunda concepción, con un peso creciente en las políticas sociales, la participación consiste en la toma de decisiones y en el control del servicio o del bien recibido, por parte de los beneficiarios.  Es lo que ocurre por ejemplo en la salud, donde se elige el prestador y se lo puede cambiar una vez al año; también en la seguridad social, con distintas restricciones, el beneficiario elige y por lo tanto tiene cierto margen de control del prestador. Y los ejemplos más radicales y también más recientes son las asignaciones familiares y la tarjeta alimentaria, en donde se le dan los recursos para que sea cada beneficiario el que decide (en el caso de la alimentación dentro de un menú amplio de posibilidades), en qué va a utilizarlos, de acuerdo a sus necesidades, a su situación y a sus preferencias.  En base a lo anterior a esta concepción la denomino como participación basada en los beneficiarios.

Se pueden agregar otros tipos, pero serían tema de otra columna. Estos dos entre sí –y aún combinados con otros- no son excluyentes, de hecho en la salud o en la seguridad social se observan ambas modalidades.  Tienen aportes, limitaciones y carencias distintos y, a la vez, cada uno de ellos se implementa de formas más o menos virtuosas o más o menos perjudiciales en cada política.

La educación formal es una de las pocas políticas sociales que no incluye ninguna participación centrada en los beneficiarios, a lo que se agrega que es escasa su participación en la modalidad corporativa.  La única existente es local, a través de delegados de padres y alumnos en los Consejos de Participación de los centros estatales.   Si bien fueron establecidos por la Ley General de Educación de 2008, aún distan de haberse conformado y funcionar regularmente en un gran número de centros educativos.

La participación corporativa  es un factor importante de la crisis sorda y progresiva que sufre la educación. Fue el principal argumento para eliminar las innovaciones de la llamada reforma Rama (el estilo vertical de implementarla), aún cuando contaran con buenas evaluaciones de resultados o no contaran con ninguna evaluación.  Y ¡veinte años después! sigue logrando vetar o eliminar cambios, esta vez los que planteaban Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir al comienzo de esta administración. Entre las pocas prioridades que hoy –después de ese veto- anuncia el Ministerio de Educación para este año, están el Congreso educativo y el diálogo convocado por el Presidente Vázquez, dos instancias de participación corporativa que aparecen como muy poco creíbles, en tanto no hay una propuesta clara de política educativa del gobierno. Una evidencia, que se suma a muchas anteriores, que para ciertos sectores este tipo de participación parece ser un objetivo en si mismo

Por su parte el sistema de cuidados ha establecido un Comité Consultivo integrado por “delegados del PIT-CNT, de la sociedad civil organizada a través de organizaciones representativas en el ámbito de contenido de la ley, del sector académico especializado y de las entidades que prestan servicios de cuidados” (artículo 18 de la ley de creación), que corresponde a la modalidad corporativa. Dada la propia índole de los cuidados es particularmente relevante que las familias beneficiarias puedan decidir y controlar efectivamente los servicios que van a recibir. Por lo cual en el diseño importa combinar la modalidad corporativa, con herramientas de participación de las familias.  Para que ello sea posible se requiere fortalecer las capacidades tanto de las familias, como de quienes prestan el servicio de cuidado. Y se requiere que las familias usen y produzcan información oportuna, que les permita tomar decisiones y exigir responsabilidad y calidad respecto a los cuidados recibidos. Esto es crítico para quienes reciben cuidados financiados total o parcialmente por el sistema y también para aquellos que, a veces, con importante esfuerzo familiar, se hacen cargo de esos costos.

En síntesis, uno de los problemas que sufre el sistema educativo formal es hoy una  oportunidad para el sistema de cuidados. Ojalá la aproveche y en el futuro los logros y aprendizajes del segundo, le sirvan al primero.

Javier Lasida

Autor: Javier Lasida

Javier Lasida es Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Máster en Ciencias Sociales de FLACSO Buenos Aires y candidato a Doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Universidad Católica del Uruguay. Fue Director durante 6 años del Programa Projoven del Ministerio de Trabajo de Uruguay. Se ha desempeñado en roles de consultoría, gestión y evaluación de política educativa para varios gobiernos, instituciones privadas y organismos internacionales en Uruguay y varios países de la región. Es autor de libros y artículos en publicaciones académicas y en la prensa, en temas de su especialidad.