Miércoles, 4 de julio de 2018

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La política de las tres “i”

57% habrían crecido las rapiñas en el primer semestre de este año. Es decir, más de 13 mil rapiñas en tan solo 6 meses.

64% aumentaron los homicidios en estos primeros seis meses de 2018. Lo que significan 215 asesinatos, 1 cada 20 horas.

En Progreso explotaron y robaron un cajero a 10 mts. de una Seccional Policial. Y en Montevideo asesinaron a un joven a media cuadra de la casa del Presidente y el homicida se fue en bicicleta. Desastre total. Caos absoluto.

Un gremio de taxista (SUATT) denuncia públicamente que en promedio ocurren 5 rapiñas a taxis por día.

En Lorenzo Geyres un pequeño pueblo del interior de Paysandú se produce el primer robo en 50 años.

En el Pinar, la policía llega en taxi por falta de patrullero a capturar a un delincuente detenido en un arresto ciudadano.

Quemaron la casa de una mujer que hizo un arresto ciudadano y balearon a vecino que quiso extinguir las llamas. El ladrón ya volvió al barrio; la víctima presentó siete denuncias y no tuvo respuesta.

Los robos y voladuras de los cajeros automáticos no paran y son parte del panorama cotidiano. Desde el 22 de octubre de 2017 hasta la fecha, ya ocurrieron 48. Y tan solo en junio hubo 13.

Matan, hieren y hasta rapiñan a los propios Policías.

Apenas se resuelve el 10% de los delitos según informa el ministro de la Suprema Corte de Justica, Dr. Jorge Chediak.

El mismo jurista, advierte que el notorio abuso del proceso abreviado que implica una drástica disminución de penas alienta la impunidad delictiva. Y sostiene que los delincuentes perciben que su confesión en el marco de un juicio abreviado redunda en una disminución de la pena. Otra consecuencia del nuevo CPP que tampoco se previó.

Solo el 20% de las formalizaciones de delitos con el nuevo CPP fueron a un juicio oral, según la Fiscalía. En el resto, 51,7% correspondió a procesos abreviados donde se llega a un acuerdo; en el 25,4% hubo suspensión del proceso; y el 2,9% fueron acuerdos reparatorios.

Esto denota un exceso de los procesos abreviados y de la suspensión condicional del proceso, que deberían ser la excepción y no la regla.

Se habla de más formalizaciones con el nuevo CPP, pero no se dice que los delincuentes formalizados por los delitos se van tranquilos para su casa. Cabe cuestionarse, ¿es admisible que la justicia penal sea materia de negociación con el delincuente?.

Los Fiscales reconocen que utilizan “juicio abreviado” para tapar falencias administrativas y falta de recursos. La presidenta de la Asociación de Fiscales, señala “Lamento decirlo, pero queremos evitar los juicios orales porque es un trastorno impresionante la búsqueda de evidencia”.

La Fiscal de Atlántida señalaba que tiene 1.000 casos denunciados en espera. Los fiscales de Salto, indican que se les acumularon cerca de 1.800 casos sin atender, entre los que se encuentran varias rapiñas. Y la presidenta del gremio de fiscales, dijo que tiene “860 casos en espera y está tratando unos 300”, “es imposible abarcar todos los trámites en un tiempo razonable. Se hace lo que se puede”. Panorama realmente desolador. Nada de esto parece lógico, ni razonable.

Por agredir y golpear a un compañero afrodescendiente y discapacitado, procesamiento sin prisión de 4 meses de libertad vigilada. Por abuso sexual y lesión a sus hijos menores, 4 meses de arresto en la casa. Por ensuciar dos placas, 6 meses de libertad vigilada. Parecería que algo no funciona bien.

Además, acuerdan reducción de pena en juicio abreviado para un hombre que abusaba de su hija en Paysandú. Prisión domiciliaria preventiva para un hombre que abusaba sexualmente de dos niñas en Rocha. Suspensión condicional del proceso y libertad a ladrones que robaron por estafa medio millón de dólares a cambio de devolver el dinero. Arresto domiciliario para pareja que robaba en la Costa de Oro. Y en otro caso, donde delincuentes aprovecharon un femicidio y robaron la casa de la víctima, por suspensión condicional del proceso, se los condenó a pagar $ 2.500 en 5 cuotas mensuales y trabajos comunitarios.

El nuevo Código del Proceso Penal irrumpió en pleno proceso de deterioro en tema seguridad y es un aporte que no contempla la realidad de nuestra delincuencia, ni contribuye a disminuir la inseguridad. Ahora se sienten aún más impunes.
La priorización de la “resolución de los conflictos” y no en la de la consecución de la “verdad material” detrás de los crímenes y su correspondiente sanción penal, parece un error. Mientras no se combata la impunidad las soluciones estará muy lejos.

Varias disposiciones del nuevo CPP juegan claramente a favor de la impunidad y alientan el delito. Hay que legislar pensando en las víctimas y en los ciudadanos honestos y trabajadores. No se arregla con más fiscales solamente. Son imprescindibles reformas legislativas urgentes al nuevo CPP.

En otro orden, hace un año, la “Inclusión Financiera” servía para explicar la baja de las rapiñas, y hoy a los mismos gobernantes les sirve para explicar el aumento delictivo.

El Subsecretario del Interior, dice ahora que: “el delincuente roba por menos monto y necesita robar más veces para sobrevivir”.

Ser ladrón no es un trabajo. Además los delincuentes no “necesitan” robar más porque hay menos plata circulando. Los ladrones “necesitan” ser detenidos, y la sociedad no “necesita” que un gobernante explique los móviles de los delitos, sino que los prevenga, los reprima, atrape a los delincuentes y los remita a la justicia.

Perece que no se termina de comprender que la culpa es de los delincuentes que delinquen, no del dinero y mucho menos de las víctimas.

El mismo gobernante un día declara que, “Es real la inseguridad que tiene la gente” y dos días después dice, “Nos quieren convencer (la oposición) que vivimos en un clima de inseguridad”.

La vicepresidente del país, en medio de ola de violencia y homicidios, dice que se requiere paciencia. Llevan 14 años gobernando y ¿se pide “paciencia”?.

Hay cero empatía con las víctimas. Nuevamente las máximas autoridades no concurrieron al sepelio y entierro del trabajador policial cruelmente asesinado por los delincuentes.

Si nos olvidamos de las víctimas, los delincuentes ganan.

El Ministro del Interior y el Fiscal General de la Nación, se pelean con acusaciones cruzadas por los medios de  prensa. El primero, acusa al código del proceso penal de “benigno”, que los delincuentes quedan libres y se vacían las cárceles. El otro le responde “zapatero a tus zapatos”. Mientras tanto la gente en la calle son las víctimas potenciales, en las que parecería que nadie repara. Lamentable panorama.

El aumento delictivo de la criminalidad del Ministerio del Interior se anuncian primero en el blog personal de un funcionario público del propio Ministerio del Interior y luego otros datos se filtran o adelantan por un periodista particular, en un medio de prensa. Pero los datos oficiales brillan por su ausencia. Y todo ello cuando el ministerio del Interior tiene y gasta más de 500 mil pesos mensuales en su Unidad de comunicación (Unicom). Esta política de comunicación del Ministerio resulta inédita e impropia.

En materia carcelaria ya van 9 reclusos asesinados dentro de los propios establecimientos carcelarios (donde se supone son cuidados por el Estado) y también se asistió a un motín con rehenes.

El ex presidente José Mujica admite, “La delincuencia nos pasó por encima”.

70 mil vecinos se organizan para tratar de protegerse de la inseguridad en grupos de “Vecinos Alerta”.

Se multiplican los arrestos ciudadanos e incluso algunos vecinos comienzan a realizar patrullajes comunitarios, con el peligro que todo ello conlleva.

Desde el ministerio se siguen dando, explicaciones, diagnósticos, justificaciones y responsabilizado a otros, con cero autocrítica.

Entre los puntos recurrentes del discurso de ministro se encuentra el de señalar qué cosas hicieron mal las víctimas.

Otra constante es que los responsables de la seguridad se dirigen a todo el mundo, menos a los delincuentes. Ha criticado a la prensa, a los fiscales, a los jueces, a la gente y hasta a las víctimas inocentes.  A los delincuentes, en cambio, nunca les dicen nada.

Todos los días una delincuencia desbocada afectan derechos como la libertad, vida y la integridad física de la población. Vulneran nuestros DD.HH. pero de estos DD.HH. poco se habla.

La gente siente que se encuentra como en lista de espera, para ser robada, rapiñada o asesinada.

Los barrios seguros de ayer hoy son inseguros y los barrios inseguros de ayer hoy son más inseguros. No sirve la autocomplacencia diciendo que otros países están peor.

Mejoró la seguridad, pero para los delincuentes. Parecería que es más seguro que no los agarren, que no los procesen, que no cumplan toda la pena, que tengan mayor impunidad, que actúen con menor riesgo, y que se salgan con la suya.

En contraste con nuestra triste realidad, En Argentina bajan los delitos de robos (7%) y homicidios (13%), mientras que aquí en Uruguay aumentan exponencialmente. Por su parte, en los Estados Unidos la tasa de homicidios cayó de 8,5 c/100 mil habitantes en 1988, a 5,3 c/100 mil habitantes en 2017. Y en Alemania la criminalidad se encuentra en el nivel más bajo en 25 años. Prueba de que se puede con buena gestión, estrategia y personas con idoneidad.

Un politólogo afirma que “el tema seguridad pública no mueve la aguja electoral”. Y no, seguramente no la mueva porque ya se la habrán robado, la aguja, el reloj y quien sabe cuántas cosas más.

Se han olvidado que la esencia de la política debe ser tratar de solucionarle las dificultades a la gente.

Y que en materia de seguridad pública lo que está en juego es la vida de las personas.

El problema es que en Uruguay estamos sometidos a la política de las tres “i”. Ineptitud (para llevar adelante políticas exitosas), irresponsabilidad (para cuidar a la gente) e insensibilidad (para con las víctimas).

Guillermo Maciel

Autor: Guillermo Maciel

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República; de la Universidad de la Empresa y de otros centros de estudios superiores. Director General del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay de 1999 a 2005. También se desempeñó como asesor del Ministro del Interior durante 1998. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República de 1996 a 1999. Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas. Consultor especializado en seguridad ciudadana; y autor de varios trabajos publicados sobre la materia.