Martes, 31 de julio de 2018

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La seguridad ciudadana y el Proceso Penal en el Uruguay

En el Uruguay se dio el caso –tal  vez único en los anales de la legislación-  de un Código del Proceso Penal que fue aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el Ejecutivo, pero que, a pedido del Judicial fue dejado en suspenso  “sine die” y sustituido por otro diez años después.  La ley que aprobó el Código  – después de una intensa discusión parlamentaria- debió entrar en vigencia en diciembre de 1997, pero nunca se aplicó por lo que podría decirse que no pasó de ser un simple proyecto. La explicación que se dio para  que se dispusiera la suspensión, fue que el Poder Judicial no disponía de medios para poner en práctica una reforma que no sólo introducía el proceso oral en materia penal (ya regía con buenos resultados en lo civil desde más de diez años antes) sino que además incorporaba nuevos juzgados para el seguimiento de las penas y otras reformas, para lo cual no se disponía de los recursos económicos necesarios. En la clasificación reconocida de los modelos del proceso penal, podría decirse que el código aprobado,  no era ni inquisitivo ni acusatorio, sino mixto, con elementos como la oralidad, la inmediatez y concentración, que lo aproximaban al modelo acusatorio.

La creación del referido Código, respondió a una de las sugerencias de una Comisión de técnicos,  representantes de todos los partidos con representación parlamentaria, que entre otras cosas aconsejaba la modificación del Código de proceso escrito vigente desde 1981. Esa comisión  se instaló, por un acuerdo político, poco antes de que asumiera el  nuevo gobierno  que presidiría por segunda vez el Dr. Julio María Sangunetti, a partir del 1o. de marzo de l995. Desde el Ministerio del Interior, a cargo del prestigioso jurista Dr. Didier Opertti, quien suscribe estas líneas como Subsecretario y el Dr. Daniel Lamela, como Director General, con la colaboración inestimable de la Catedrática y ex Ministra, Dra. Adela Reta y los ex  magistrados Dra. Balbela y el Dr. Tommasino, entre otros,  se elaboraron las bases del proyecto del nuevo Código, cuya redacción final se encargó, a los Doctores Oscar Peri Valdez, ex juez y luego Fiscal de Corte y al conceptuado abogado penalista y profesor, Dr. Amadeo Otatti.

Se coincidía en la necesidad de sustituir el Código vigente desde 1981 (Decreto-Ley No. 15032 de 7/7/80) introduciendo el proceso oral, abreviando los trámites para lograr una mayor concentración e inmediatez,  reconociendo la participación de la víctima y dando más garantías a la defensa, eliminándose las limitaciones para su intervención en el  llamado presumario por el secreto de las actuaciones, cuya constitucionalidad era cuestionada. Pero en cuanto al modelo general del proceso –más allá de las reformas mencionadas –  y siguiendo las respetada opinión de la Dra. Reta, se optó por mantener el modelo inquisitivo clásico –  en el que el juez conduce e instruye el proceso y ordena la prueba –  no solo por ser acorde a nuestra tradición  en la materia (que se extendía a la vigencia del primer Código de Instrucción Criminal de 1889) sino por entender que ofrecía mayores garantías y resultaba más acorde al estilo al estilo de las indagatorias y costumbres forenses. Unánimemente se reconocía que el nuevo Código constituía un gran avance con respecto al anterior.

La opción se hizo a pesar de la oposición de los partidarios del modelo anglosajón del proceso acusatorio, que ya había sido adoptado por varios países latinoamericanos y contaba con muchos adeptos en el ámbito académico, quienes consideraban que era la oportunidad de desplazar las atribuciones de instrucción  del juez al fiscal de la causa, actuando en el área administrativa coadyuvante de la jurisdiccional, con poderes que excedían a los que tradicionalmente siempre se le reconocieron como representante del Estado en las causas de orden público.  El fundamento mayor esgrimido por los partidarios de esta tesis es que de ese modo se le aseguraría a la  defensa una garantía de igualdad  y al propio juez –  que había instruido el proceso, una mayor independencia, sustrayéndolo del compromiso de  seguir interviniendo en él para dictar el fallo de primera instancia. Se afirmaba que en tal caso las facultades de acusador y de juez recaían en una misma persona y el juez no sería neutral, ya que actuaria como acusador en vez de ser un observador imparcial externo.

La iniciativa para el inicio de la acción penal le corresponde en este modelo que por eso se denomina acusatorio,  al fiscal que recibe la “noticia criminis”, de la policía o del denunciante o actuando de oficio. En tal caso el juez sólo  celebra una audiencia para la “formalización” de la causa que lleva adelante el fiscal y  –salvo casos excepcionales  en que por su gravedad, el peligro de evasión o entorpecimiento del proceso, puede corresponder el pedido de  prisión preventiva del fiscal por un término prudencial– el procesado permanece en libertad hasta que se dicte el fallo. En este modelo, recogido del derecho anglosajón (donde la intervención del Jurado es otro elemento característico que no es recogido en otras legislaciones y no lo era en este caso) el fiscal interviniente gestiona la prueba y, en algunos procesos, tiene facultades para llegar a acuerdos para la reducción de la pena que pedirá al juez en la acusación, cuando los encausados colaboren con el esclarecimiento de los delitos o se pongan de acuerdo con la víctima para la reparación del daño, en causas menores y en lo que se denomina procesos abreviados, vías alternativas para la solución del conflicto, mediación extraprocesal,  procesos restauratorios o suspensión del proceso a cambio de condiciones u obligaciones.

En los dos modelos, el inquisitivo y el acusatorio, se parte de la base del principio general  indiscutido de que todas las personas deben ser consideradas inocentes de cualquier hecho delictivo hasta que se pruebe lo contrario. En el Código derogado, de trámite escrito, el procesamiento, salvo ciertas excepciones, implicaba la prisión preventiva del imputado. Pero las demoras en su tramitación y el hacinamiento en las cárceles donde los presos sin condena eran la gran  mayoría, favorecían la aplicación de otros  mecanismos procesales – para tratar de reparar esa situación injusta y a la vez disminuir el número de presos – que  se fundaban en su eventual recuperación durante el proceso o durante el cumplimiento de la pena. Entre esos mecanismos cabe mencionar la excarcelación provisional (en los casos en que no puede recaer pena de penitenciaría) la prisión domiciliaria y, para los delitos muy menores,  las penas sustitutivas de la privación de libertad. Para otras situaciones se previeron instrumentos como la libertad condicional, la anticipada, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el sobreseimiento y la gracia, que -aunque también se fundamentan  en la  eventual inocencia o presunción de rehabilitación  de los presos – coadyuvan al descongestionamiento de los establecimientos carcelarios. Un caso aparte – con el mismo fundamento – es el de las llamadas “salidas transitorias”, de confusa definición y contralor, que desgraciadamente han servido para que en muchos casos los delincuentes aprovechen esas salidas para cometer nuevos delitos.

En Uruguay, las aplicación de estos instrumentos (el nuevo Código ya eliminó la libertad condicional y la suspensión condicional de la ejecución de la pena) mereció serias críticas – por los abusos a que pueden conducir, desvirtuándose el fundamento de la punición y favoreciendo   el aumento comprobado de los delitos en cantidad y gravedad, la propagación alarmante del narcotráfico – poco gravitante en épocas anteriores –   y la creciente sensación de inseguridad ciudadana en el siglo XXI  (que se ha constituido en la mayor preocupación según las encuestas de opinión). Todo ello abrió el camino para que se replanteara la discusión de estos temas.

Sumándose a lo anterior  la creciente participación de menores en el aumento de la criminalidad, se realizó un plebiscito para abatir el límite de la edad de imputabilidad, llevándolo a 16 años, aunque con limitaciones, que –luego de una intensa discusión pública – no alcanzó las mayorías necesarias para su aprobación. Y fue entonces que se replanteó el tema de la reforma del  Código del Proceso Penal  vigente desde 1981, dejando definitivamente sin efecto el aprobado en 1997 y luego suspendido, para dictar uno nuevo que siguiera el modelo del proceso acusatorio, con las características ya mencionadas (con exclusión del Jurado) Esta reforma  obtuvo un respaldo casi unánime y fue finalmente aprobada, entrando en vigencia el nuevo Código  a partir de 1º de noviembre de 20l7. El trámite de las causas anteriores se continuaría por el régimen viejo. En el ínterin se introdujeron otra serie de reformas, como la creación de una nueva jurisdicción para el crimen organizado y la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público y Fiscal, que pasó a ser la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado (un grado menos de la autonomía por servicios prevista en la Constitución) que lo desvinculó de la dependencia directa del Ministerio de Educación y Cultura. El titular de la Fiscalía de Corte pasó a ser así el jerarca máximo de todos los fiscales – como forma de garantizar aún más la independencia técnica que, por otra parte, siempre se les reconoció bajo el régimen anterior –  con miras a la reforma que introduciría el  régimen acusatorio-

El escaso tiempo de aplicación del nuevo Código de modelo acusatorio, no permite sacar conclusiones definitivas respecto del acierto de su implantación.      Obviamente, la opinión pública conmovida por el avance de la criminalidad que se registraba en un país considerado siempre como muy seguro, hizo que los impulsores del nuevo régimen, y especialmente el Fiscal del Corte, Dr. Jorge Díaz (una figura de pública notoriedad)  se apresuraran a explicar que el Código no apuntaba a la reducción de la delincuencia sino al establecimiento de un régimen más justo, de trámite oral más abreviado y consecuentemente de más rápida definición. Se hizo caudal, también de que la implantación de los juicios más abreviados y vías alternativas,  favorecería  la disminución de la acumulación de procesos innecesarios en los juzgados, en causas de escasa importancia, por la aplicación del principio de oportunidad. Al mismo tiempo se tomaron medidas para asegurar el funcionamiento del nuevo régimen: se nombraron nuevos jueces y fiscales y se procedió a su adiestramiento, no obstante lo cual se advirtió que de todas maneras podrían plantearse algunas dificultades, por lo menos en los primeros tiempos de su aplicación.

Es explicable que, frente al auge de la delincuencia de los últimos años,  la gente no especializada en esta clase de temas se sorprendiera cuando supo que –salvo los casos graves ya mencionados – los encausados permanecerían en libertad luego de la formalización del proceso, hasta la conclusión de la causa con la absolución o la condena.  Se esperaba otra cosa. Para la opinión popular el tema no pasaba por la protección de los victimarios (aun conociendo el hacinamiento de las cárceles) sino de las víctimas y de la población en general,  principalmente por el auge de las rapiñas a mano armada, el aumento de los homicidios [1]  los arrebatos, hurtos y el narcotráfico. Equivocadamente o no la discusión pública giraba en torno del límite de la edad de imputabilidad, el agravamiento   de las penas de los delitos más graves o el aseguramiento de los presos peligrosos en prisiones adecuadas, cuestionándose la cantidad y calidad de los establecimientos carcelarios existentes. Si se tiene en cuenta que en 1997, cuando se aprobó la primera reforma suspendida del Código anterior, existían aproximadamente tres mil reclusos y que en el momento de entrar en vigencia el nuevo,  a fines del año 2017, superaban los once mil, se comprende que la actividad policial y judicial –con la consiguiente repercusión pública – aparecía sobrecargada, cuestionándose en vastos sectores la falta de  eficacia de su actuación  e incluso reprochándosele a la justicia un permisivismo excesivo, que se manifestaba en la reincidencia delictiva que rondaba el 60% y se observaba en el hecho de que pudieran estar en libertad delincuentes con sobrados antecedentes, que volvían a delinquir después de haber cumplido penas mínimas.

Es necesario destacar que a esa altura ya la intervención de la defensa en los sumarios -uno de los aspectos más cuestionados del Código de 1980 entonces vigente –   había sido contemplada por una ley y que también se había instrumentado un régimen de reparación para las víctimas en los casos cada vez más frecuentes de homicidios.  Todo esto hace que  sea fácil comprender que el tema se introdujera en los vaivenes de la política  cotidiana, cosa que antes no había ocurrido, en un tema que exige más que todo políticas de Estado.

Superada por los hechos la insostenible opinión manejada por algún ministro al comienzo,  de que todo no pasaba de ser una cuestión de “sensación térmica”, se sucedieron las interpelaciones a nivel parlamentario, el manejo de estadísticas contradictorias y en definitiva se produjo  la politización del tema, con la discusión de la etiología de los delitos, de sus múltiples causas  y sus aspectos ideológicos, desde luego los más opinables y probablemente los más inconducentes, cuando lo que está en juego es el derecho a la seguridad consagrado en el artículo 7º de la Constitución.  Esa discusión siempre resultó improductiva y  tal vez por ello –  con el agregado de que los aspectos más cuestionados no pasaban por el trámite de los procesos penales –  la introducción de la reforma no se hizo en el momento más propicio. La gente pudo pensar que un tema tan discutido pudo ser la puerta de entrada de una solución, pero, ya en la actualidad, a mediados de 20l8, pese a las promesas del gobierno de disminuirla,  la criminalidad –sobre todo las rapiñas y homicidios y el tráfico de drogas –  ha seguido aumentando, sumándose a ello los reiterados delitos de violencia doméstica, los femicidios (neologismo para lo que con anterioridad se denominaban crímenes pasionales)  las violaciones, acosos y  otros delitos sexuales.[2] Hay fundamentos para considerar que se ha producido una delictivización de buena parte del cuerpo social (valga este otro neologismo de nuestra autoría) no solo en los sectores más carenciados, dado que también se ha producido la comprobación de numerosos casos de corrupción en el ámbito político y delitos de “guante blanco”. En términos generales, el fenómeno se atribuye en la mayoría de los casos a la fragmentación de la sociedad, a sus desigualdades y también   a la pérdida de valores, al consumismo desbordante, a la desintegración de la familia y la pérdida de autoridad en el núcleo familiar, así como por la desviación de las buenas costumbres arraigadas en el pudor y el honor,  todo ello en el marco de una tendencia de violencia creciente. Se ha dicho también que este es un fenómeno que afecta en general a  las sociedades que comparten el modelo liberal  y democrático  del llamado mundo occidental. Pero esto no es así porque en muchos de esos países  como los europeos no ocurre, por lo menos con las mismas características e intensidad y hay estudios que demuestran que la criminalidad ha existido en todas las épocas de la humanidad y que tal vez en la actual tiene volúmenes menores.

De todos modos lo que va quedando claro es que  estos hechos, por lo menos en nuestro país y en otros de nuestro continente, responderían en definitiva a  la aparición de un cambio cultural dentro de la sociedad, de signo negativo,  que resulta cada vez más difícil de abordar para encontrar el camino de una efectiva solución.

Pese a que ya se ha dicho que el escaso tiempo de su aplicación no permite extraer conclusiones definitivas respecto del acierto de su implantación, el nuevo Código  del Proceso Penal está siendo objeto de graves críticas y ya se piensa en modificarlo.  Los fiscales se quejan de un aumento insoportable de trabajo y se da el caso insólito de que la asociación gremial que integran, está ya proponiendo medidas de lucha sindical para lograr determinadas reformas y especialmente reclamar el nombramiento de muchos nuevos fiscales. Una fiscal que denunció públicamente y con dureza su situación, fue trasladada y el Dr. Gustavo Zubía  – de participación en casos notorios- renunció a su cargo, cuestionando la actuación de la Fiscalía General de la Nación. En un informe de la Suprema Corte de Justicia se ha hecho saber que desde la aplicación del nuevo código los  casos de prisión preventiva han sufrido una disminución del 39%. También se han formulado críticas respecto del relacionamiento de la policía con los fiscales y de estos con los jueces. El Ministro del Interior, a quien la oposición acusa de ineficiencia y reclama su renuncia, ha deslizado también la necesidad de introducir reformas al nuevo régimen, particularmente en lo referente a la permanencia en libertad de encausados con antecedentes y la importancia de que se cumplan las penas para evitar la reincidencia. En muchos casos se ha criticado también la celebración de acuerdos, promovidos por los fiscales actuantes con los defensores,  para la disminución de las penas  o su ejecución, en los llamados juicios abreviados o por las vías alternativas de solución de los conflictos, cuando la disminución de la pena acordada es seguida por la petición de la libertad anticipada.

Por otro lado los representantes del gobierno responden diciendo que se está dotando a la policía de los más modernos medios de combate al delito, reestructurando sus servicios, facilitando el patrullaje, la interceptación de mensajes delictivos  y la instalación de cámaras de videovigilancia de los lugares públicos. La construcción de un nuevo establecimiento carcelario en Montevideo, bajo una nueva modalidad de participación pública y privada, está siendo llevada adelante y su puesta en funcionamiento aligeraría el actual hacinamiento.  En la actualidad se ha comprobado que con la utilización de teléfonos celulares,  hay jefes de bandas que operan desde las propias cárceles. Todos esperan que la instancia presupuestal que se abrirá este año 2018 con la Rendición de Cuentas, sea la vía apropiada para  la asignación de nuevos recursos, lo que sería imposible en el próximo por ser preelectoral. Pero el déficit fiscal que arrastran las cuentas públicas y el endeudamiento del Estado establecen trabas difíciles de sortear, en un país donde las cargas fiscales ya son muy altas.

Bien decía el Maestro Carnelutti que el gran dilema del Derecho Penal es que no puede castigar sin juzgar, pero tampoco juzgar sin castigar. Por eso se debe apuntar más a la disminución de los delitos que a las formalidades para su castigo; a la prevención y disuasión más que a la represión y en esto la policía y la justicia comparten la misma responsabilidad.

A esta altura cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo hacían los jueces  que llevaban adelante los procesos para impartir justicia  bajo el régimen anterior, sin quejarse, enfrentando las mismas circunstancias? La justicia uruguaya siempre fue respetada por su independencia, sus garantías y en general el  acierto de sus decisiones, más allá de haber sido criticada por la excesiva duración de los procesos. ¿Cómo es posible que a pocos meses de asumir sus nuevas funciones ya los fiscales digan que les resulta poco menos que imposible cumplir eficazmente con sus cometidos por sobrecarga de trabajo? ¿Esto descalifica el nuevo proceso Penal acusatorio?

Nuestra opinión es que no, más allá de que deban introducirse determinadas reformas. Esto no es culpa del régimen procesal en sí, como no lo había sido por el anterior, sino de la forma en que se aplica y en definitiva del cuadro global de la sociedad en que se inscribe el fenómeno delictivo. El secreto del presumario para la averiguación de la mayoría de los delitos comunes, guarda entre las paredes de los juzgados  las insuficiencias que se escondían y ahora se visualizan, cuando la instrucción de las causas quedaba más en las manos de los  funcionarios que recibían la prueba, que de los fiscales que recibían los expedientes en sus oficinas o de  los jueces que dictaban sentencias en sus despachos.

El ex Fiscal de Corte Dr. Rafael Ubiría, refiriéndose a los procesos  que se seguían por el Código anteriormente vigente, afirmaba:

“La práctica judicial indica que –por lo menos en nuestra capital – el juez realiza una delegación de funciones en sus funcionarios administrativos y no procede directamente a la investigación de los hechos…No es el juez el verdadero instructor sino los funcionarios administrativos quienes por delegación recepcionan las diversas evidencias. El juez supervisa dicha tarea.”[3] Y la misma observación formulaba respecto de los fiscales que no asistían a esas diligencias delegadas.

Esto por supuesto no era lo que establecía el Código y constituía una desviación de la práctica impuesta por las insuficiencias de personal, sedes inapropiadas, útiles obsoletos y condiciones de trabajo que se agravaron por el aumento de los delitos. Con esas mismas insuficiencias –  que la oralidad y publicidad del nuevo proceso por la eliminación del presumario  ya no pueden ocultar –  tampoco puede funcionar adecuadamente el nuevo Código, por lo que la dificultad no estriba (ni estribó nunca) en el modelo procesal seguido, inquisitivo, acusatorio o mixto,  sino en las carencias mencionadas que es lo que lo que se está reclamando se subsane. A ello debe agregarse que las reformas introducidas exigen sin duda una dedicación horaria mayor y una dedicación profesional mucho más exigente de parte de los operadores del nuevo régimen procesal, desde luego, con el adecuado aumento en sus retribuciones si correspondiere. Pero también debe haber una mayor coordinación con la policía como autoridad administrativa, cuya fundamental  participación  en la averiguación de los delitos no puede verse  disminuida. El propio Director Nacional de la Policía, Mario Layera, en recientes declaraciones [4]que han despertado un gran revuelo,  se ha quejado públicamente de que esa coordinación no existe y ha hecho pronósticos sombríos de futuro si esta situación permanece incambiada, atribuyendo en buena medida a la reforma del Código la pérdida de atribuciones de la policía que favorecen a la delincuencia. No contamos con una verdadera policía judicial y con la aplicación del nuevo Código está quedando en evidencia que los funcionarios policiales se relacionaban mejor con los jueces, cuando conducían el proceso, que con los fiscales que han asumido esa tarea. Esto nos trae al recuerdo la sabia advertencia de la doctora Adela Reta, que con su capacidad y experiencia, aconsejaba que era ventajoso un régimen mixto, como el aprobado en 1997, que tenía las virtudes  del actual, como la oralidad y la inmediatez,  pero manteniendo al juez con su respetado magisterio profesional, como conductor del proceso. En el fondo, los fiscales, como acusadores,  son magistrados   representantes del interés público que quedan a mitad de camino, entre los abogados que actúan con una visión particular del caso que asumen como defensores y los jueces que tienen la investidura superior para hacer justicia. Los jueces instructores siempre rehuyeron el protagonismo público que actualmente se observa en la actuación de los fiscales, encargados de los casos de mayor notoriedad. Eso se debió a que los jueces  tal vez por su propia formación – como lo  enseñaba Couture-  siempre prefirieron la sobriedad de su gabinete de estudio a la exposición pública. El sistema acusatorio tiene ese gran defecto, que se ha puesto de manifiesto invariablemente en los países en que se aplica. No hace falta  ver las películas que tratan de casos judiciales, para advertir que el proceso   estadounidense, que muchos tomaron como modelo, no puede ser considerado como  ejemplo  de nada, salvo en cuanto a la eficiencia de su régimen penintenciario.  La justicia en Estados Unidos donde los fiscales suelen negociar las penas con los abogados de los encausados para obtener información por la delación,  es una especie de trueque que desnaturaliza el fundamento moral del  proceso y del poder punitivo del Estado. No es extraño que por su notoriedad muchos de esos fiscales se hayan valido de ella para convertirse en políticos.

Es comprensible que el cerrojo impuesto por las organizaciones criminales, obligue a que la delación sea tomada como un instrumento indispensable para combatirlas por la declaración de los cómplices o coautores. Pero no puede aceptarse como ya lo prevenía Mittermaier al analizar la validez de las pruebas, que ello ocurra cuando se sospecha que el delator espera para sí una ventaja directa. Por eso advertía; “Se han visto algunas veces criminales que cuando han conocido  no poder librarse de la pena se han esforzado en su desesperación en arrastrar a otros ciudadanos al abismo en que ellos caían…” Por tal razón, estos procedimientos – que han cobrado estado público en casos notorios de corrupción  como el de la Fifa o el Lavajato- sólo pueden  ser aceptados con las mayores garantías y no generalizarse para simplificar los procesos.

De todos modos, sancionado el nuevo Código, es de esperar que lo anterior no suceda en un país que como el nuestro tiene una cultura jurídica inspirada en otros valores. Las dificultades anotadas pueden y deben superarse introduciéndose a la mayor brevedad las  reformas que  reclaman todas las partes. Y así  lo ha entendido el Poder Ejecutivo que ya ha remitido al Parlamento una serie de reformas al Código del Proceso Penal y tienden a dotar de un fuerte respaldo a la intervención policial para practicar detenciones e investigaciones, modificar los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva y excluir la libertad anticipada en los casos de existencia de antecedentes por delitos graves o medie acuerdo entre el fiscal y el defensor, excluyéndose a los reincidentes de la posibilidad de aguardar en libertad el fallo  o  convenir penas inferiores a las mínimas en los delitos graves.

Pero, como conclusión, debe quedar en claro  que si lo que se  pretende lograr es la plena recuperación del derecho fundamental a la seguridad, el camino no pasa por los instrumentos procesales para castigar el delito –que en definitiva no guardan tantas diferencias sustanciales en cualquiera de los modelos – sino por la implantación  de un cambio cultural que pase por la recuperación de los valores esenciales de la sociedad  y se ponga  un efectivo freno a la delincuencia que proteja a las víctimas,  desprendiéndose de  una falsa tolerancia hacia los que infringen la ley.

Cuando los delincuentes le teman a la ley y a quienes la defienden,  la sociedad dejará de tener miedo y se sentirá segura.

 


 

[1] Actualmente, a mediados de 2018, en un país con una población que ronda los 3.350.000, habitantes se  estima que se produce casi un homicidio por día.
[2] La ley que permitió el consumo legal de marihuana, a través del cultivo regulado y a distribución controlada  en farmacias, no evitó el funcionamiento de bocas de venta clandestinas y su amento en zonas rojas y  carenciadas, fundamentalmente de la llamada pasta base, cocaína y  otros alucinógenos.
[3] “El proceso penal uruguayo. Virtudes y defectos” Seminario organizado por SERPAJ –on line – WWW Serpaj. Org. uy
[4] Diario “El Observador” Ed. 12/5/18.

Washington Bado

Autor: Washington Bado

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex presidente del Consejo Niño – actual I.N.A.U - y Subsecretario del Ministerio del interior