Viernes, 4 de mayo de 2018

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La universidad de educación y el concurso público

Hace un tiempo escribimos sobre la importancia de la Universidad de Educación para el país y la necesidad de encontrar acuerdos. En dicha oportunidad decíamos que la creación de la universidad de la educación es mucho más que la aprobación de un proyecto de ley. La creación de la universidad de la educación es la necesaria confluencia de las mejores tradiciones de la formación docente, la experiencia de nuestra universidad pública y la visión de futuro que permita incluir a todos en la generación de una nueva institucionalidad que salde una deuda histórica desde una perspectiva inclusiva con un claro propósito de transformar la realidad actual.

Hoy queremos volver sobre el mismo asunto y la necesidad de profesionalizar la formación de nuestros futuros docentes, lo que necesariamente pasa mucho más allá de la creación de una nueva entidad pública por medio de una ley aprobada a tales efectos.

Repasando el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo encontramos una sumatoria de entidades colegiadas que se crean, encontramos elecciones de segundo grado para los diferentes cargos y notamos, lo más preocupante en las actuales circunstancias, la ausencia de instancias profesionales de selección para los cargos de dirección y conducción de los centros educativos de rango universitario.

En el pasado reciente, uno de los acuerdos a los que se había arribado en el ámbito multipartidario, fue la necesidad de que los cargos de conducción de los centros educativos fueran provistos por concursos públicos de oposición.

Ello, lamentablemente, se ha eliminado en el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha remitido a consideración del Parlamento Nacional.

El gobierno establece que todos los cargos de conducción de los centros integrantes de la nueva universidad, más allá de los centrales, serán elegidos por las diversas estructuras que conforman su estructura de gobierno y no provistos por concurso.

Al importante aparato colegiado que se plantea para la conducción de la Universidad de la Educación, electa por todos los órdenes y sin participación alguna de los representantes de la ciudadanía, se le suma la ausencia del concurso para la dotación de los cargos de gestión, tal como estaba previsto en el proyecto de ley que tuviera media sanción en el período anterior.

Como ello fuera poco, establece la elección de segundo grado, lo que en los hechos implica que los órdenes no podrán elegir directamente a sus representantes para los órganos de conducción.

Es necesario actuar en función de la experiencia nacional, reivindicando al concurso como instrumento legítimo de competencia para ocupar lugares de jerarquía y en particular cuando de dirección y conducción de entidades universitarias se trata, todo ello más allá de la elección por parte de pares, en donde pueden influir diversas consideraciones más allá de la preparación para la función que se debe desempeñar.

No estamos de acuerdo con esta propuesta, a la que se suman otras cuestiones tales como la estructura colegiada corporativa a la que nos hemos referido, la exclusión de representantes de la ciudadanía en la conducción de la misma, la fragmentación y la ausencia de mecanismos rigurosos de selección para la provisión de los centros educativos.

Entendemos que tal como ha sido presentado el proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, no están dadas las condiciones para aprobarlo.

Lamentablemente y mientras estas visiones continúen imperando, los docentes deberemos seguir esperando nuestra titulación de rango universitario que nos ponga en condiciones de igualdad con colegas de otras partes del mundo.

Teresita González

Autor: Teresita González

Maestra especializada en la “Educación de niños con problemas originados en el desarrollo del desenvolvimiento psíquico”. Licenciada en Educación en la Universidad Mayor de Chile y cursa Licenciatura en Ciencias Históricas –Opción Investigación- en la UDELAR. Cuenta con posgrado de Perfeccionamiento para Directores. Fue Directora General del Consejo de Educación Inicial y Primaria (2000-2005), Consejera Interina del Consejo de Educación Secundaria (1998), Gerente de Programas Especiales y Experimentales (1996 -2000) e Inspectora Nacional de Educación Especial (1990-1995), entre otras funciones.