Lunes, 10 de abril de 2017

MENU

Laicidad, garantía de libertad

Decía Anatole France, escritor francés que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1921, que “todas las ideas sobre las cuales reposa la sociedad, han sido subversivas antes de ser tutelares.”

No siempre se reconoció que el ser humano, por su condición de tal, tiene un conjunto derechos que le son inherentes e inalienables, que la democracia es la única forma de gobierno compatible con la libertad de las personas, que la paz y la convivencia a partir de la tolerancia y la justicia social son objetivos a alcanzar. Llevó siglos, con avances y retrocesos, hacer de ellas las ideas tutelares de nuestro tiempo.

Por eso es bueno y necesario, recordar el derrotero, los mojones y los personajes que llevaron a consagrar esas ideas y valores, en su tiempo subversivos. Fundamentalmente para entender la necesidad de defenderlos y preservarlos ante los intentos, a veces velados, de desandar el camino recorrido.

Entre las ideas basales de nuestro modo de vida actual, está la de libertad de conciencia y su correlato, la laicidad, que tuvieron que abrirse paso dificultosa y paulatinamente hasta su consagración definitiva a partir de la Constitución de 1918.

En ese largo proceso, se destaca la fecha del 6 de abril de 1909, cuando el gobierno del presidente Claudio Williman promulgó la ley 3.441 que en lo medular estableció que “…queda suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado”.

El proyecto había sido presentado en 1908 por el diputado colorado por Tacuarembó Genaro Gilbert y fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio de ese mismo año y por el Senado, presidido por Feliciano Viera -que sería presidente de la República entre 1915 y 1919-, el 31 de marzo de 1909.

La ley vino a concretar las ideas que José Pedro Varela había expresado en su obra “La educación del pueblo” y que la ley de educación común de 1877 no había recogido en su totalidad.

Decía Varela en su obra: “Dos razones, igualmente poderosas, aconsejan la supresión en la escuela de la enseñanza dogmática. En primer lugar, el Estado es una institución política y no una institución religiosa. Apoyándose en los principios generales de la moral, tiene por función garantizar las personas y las propiedades, asegurando el reino de la justicia, y no debe favorecer una comunidad religiosa determinada, con prejuicio de las otras que pueden ser profesadas por algunos miembros de la comunidad. La escuela, establecida por el Estado laico, debe ser laica como él.”

Sin embargo, buscando apaciguar a quienes reclamaban el mantenimiento de la enseñanza de la religión católica en las escuelas, la ley de reforma escolar estableció que “es facultativo de la Comisión de Distrito establecer en la escuela o escuelas del Distrito la enseñanza de la Religión Católica Apostólica Romana o del Catecismo Católico, con arreglo a las disposiciones siguientes…”. Entre tales condiciones se establecía “que la enseñanza religiosa no minore ni haga descuidar las de las materias” establecidas en la ley, que “sólo pueda darse fuera de las horas de clase, antes de empezar o después de concluir la escuela, en el caso de que cualquiera de los padres de los niños…solicite por escrito….que la enseñanza de la Religión Católica o del Catecismo sea excluido de la escuela” y que “no podrá obligarse a ningún niño a que asista a la enseñanza de la religión católica o del catecismo contra la voluntad o sin el consentimiento de sus padres, tutores o guardianes.”

El carácter transaccional de la solución legal es evidente.

Por eso, procurando concretar cabalmente el ideal laicista de Varela, se aprobó la ley de 1909, que vino a sumarse a la larga lista de medidas impulsadas en ese sentido por el prestigioso pedagogo, injustamente olvidado, Abel J. Pérez, Inspector Nacional de Educación entre 1900 y 1916.

En efecto, la Comisión de Instrucción Pública de Diputados, informando el proyecto del diputado Gilbert, decía: “El proyecto….constituye una simpática y amplísima satisfacción a la libertad de conciencia….La actual enseñanza religiosa en la escuela pública contraría precisamente lo preceptuado por el artículo 141 (de la Constitución de 1830). Es en efecto inconciliable la libertad de pensamiento, la libertad de propaganda de las ideas con la enseñanza de una religión determinada, excluyente de toda dimensión en sus dogmas como lo es la católica.”

Y continuaba diciendo que la “Comisión entiende que la enseñanza de la religión debe reservarse a la familia del alumno, la cual sabrá la mejor forma de que el niño deba adquirirla, así como la extensión en que deba aprenderla.”

Conceptos todos de una actualidad que no debe sorprender si consideramos que ellos hacen a la esencia de la libertad en toda su extensión imaginable al decir de Artigas.

Libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de culto; todas estas manifestaciones de la libertad se garantizan en su ejercicio con la concepción de la laicidad que emana del texto parlamentario glosado y que es la única aceptable si no se la quiere desvirtuar con la consiguiente vulneración a la libertad.

La ley de 1909 se sancionó luego de un intenso debate con quienes se oponían a la supresión de la enseñanza de la religión católica en las aulas. El debate giró en torno al alcance del artículo 5º de la Constitución por entonces vigente (que establecía que la religión del Estado era la Católica Apostólica Romana), a las ideas pedagógicas de Jean Marie Guyau, filósofo francés de enorme influencia en la época. Se llegó a plantear la posibilidad de que el Estado sostuviera escuelas para cada una de las diferentes confesiones religiosas, propuesta ampliamente rechazada por entenderla incompatible con la construcción de una República de ciudadanos, iguales en derechos y obligaciones y de una sociedad tolerante e integrada.

Un debate que 108 años después algunos sectores de la opinión parecen querer reeditar y que otros toman y presentan como algo novedoso y acorde a los tiempos que vivimos, cuando en realidad no hay nada de nuevo ni de moderno.

Perforar la laicidad invocando la libertad de cultos, como se pretende aun cuando no se reconozca, lesiona la libertad de conciencia y de expresión.

Por eso debemos preservar la laicidad y su doctrina, el laicismo, tal como se han entendido en Uruguay desde aquellos debates francos y eruditos, muy distintos a los de hoy por cierto, que permiten contemplar a la vez todas las dimensiones de la libertad.

Porque pese a los innegables avances en derechos, éticos, de conocimiento y tecnológicos alcanzados por la Humanidad, nadie puede discutir, creo yo, que la libertad sigue siendo una idea subversiva.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UdelaR, 1991) Máster en Derecho de la Empresa (UM, 2000) Trabajó en ANCAP desde 1988, siendo designado Gerente de Abastecimientos en 2007. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UdelaR) entre 1987 y 1989. Fue colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Actualmente se desempeña como asesor del senador Dr. Pedro Bordaberry. Es autor del libro Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo, editado por la Fundación de Cultura Universitaria en 2004 y reeditado en 2009 y de Historia de un mito, editado por Random House Mondadori en 2011. Ex Prosecretario general del Partido Colorado.