Miércoles, 12 de julio de 2017

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Laicidad, tolerancia y burocracia

“Pero, ¿se permitirá a todo ciudadano que no crea más que a
su razón, y que piense lo que esa razón ilustrada o engañada le
dicte? Es muy necesario, siempre que no turbe el orden.”

Sólo los espíritus razonables piensan noblemente… Cicerón
recomienda: Charitas humani generis… Caridad, amor al
género humano; virtud desconocida de los embaucadores,
de los pedantes que argumentan y de los fanáticos que
persiguen.” (Voltaire, 1977)

 

A fuer de ser reiterativos, nos importa no pasar por indiferentes. Por tal razón, nos resulta difícil no reflexionar sobre lo que ha sido el tema recurrente durante la pasada semana: la laicidad. A partir de acontecimientos de pública notoriedad ocurridos en un liceo del Departamento de Salto, se ha venido debatiendo sobre el alcance de la laicidad en la educación. Tema relevante si los hay. A nosotros, la consideración del tema nos condujo a un planteo que vincula la laicidad con la tolerancia y con la burocracia que maneja el sistema educativo y los demás ámbitos del Estado.

Es de precepto comenzar por la conceptualización de la laicidad. No por tratarse de un concepto reiterada e insistentemente manejado, se le entiende siempre con la claridad del caso. El punto de partida de este principio se encuentra en el artículo 5º de la Constitución de la República: “…El Estado no sostiene religión alguna…”. Según esta disposición, el Uruguay es un Estado laico. No obstante, hay una relación con otras disposiciones del corpus iuris mencionado, tales como el artículo 54, en cuanto preceptúa “la independencia de su conciencia moral y cívica” y el artículo 58, donde se establece: “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie…”.

Más aún, podemos sostener que la laicidad está asociada, asimismo, con la libertad de expresión del pensamiento, prevista en el artículo 29 de la Constitución de la República: “Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.”

El laicismo ha sido a lo largo de la historia uruguaya sinónimo de pluralismo, de tolerancia, de respeto por las ideas ajenas. “El propio concepto de Estado social y democrático de derecho que recoge nuestra Constitución confirma inequívocamente este principio” (Risso, 2006).

En su visita a la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, nuestro presidente disertó sobre la laicidad –el texto completo de su discurso se puede leer en la edición del diario El País del 14 de julio de 2005-, emitiendo, en tal oportunidad, el siguiente concepto, entre otros: En nuestra opinión, la laicidad es un marco de relación en el que los ciudadanos podemos entendernos desde la diversidad pero en igualdad. La laicidad es garantía de respeto al semejante y de ciudadanía en la pluralidad.”

En cuanto a la laicidad en materia educativa, el artículo 11, inciso segundo de la Ley N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008, dispone que “los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance.” Y a texto expreso, el artículo 17 de la misma norma establece: “(De la laicidad).- El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias.”

La concepción de laicidad claramente abarca tanto el aspecto religioso como el político. Con la misma claridad se puede sostener que actuar laicamente no es eludir los contenidos indicados, sino tratarlos con la flexibilidad y objetividad necesarias para que el alumno disponga de la suficiente información que le permita construir críticamente sus saberes. Lo que el principio de laicidad expresamente impide es que se incida sobre el alumno dirigiendo su pensamiento y conduciéndolo hacia una posición religiosa determinada. Tampoco se le puede dirigir políticamente su pensamiento. En ambos casos se cae en el terreno del proselitismo.

Pero, humanos –y uruguayos- somos y del dicho al hecho, hay un gran trecho. Acontecimientos recientes y otros que no los son tanto, hacen que debamos recapacitar sobre la forma en que estamos actuando al respecto.

Si algo censurable y reñido con el principio de laicidad hubo en lo acontecido en el liceo de Salto, fue la divulgación de un folleto con una imagen religiosa. No ha quedado aclarado totalmente cómo se distribuyó, pero el hecho se dio. Es indudable que hay que determinar responsabilidades; así lo marcan las disposiciones constitucionales y legales supra transcriptas. Hay que ser muy cauto y respetuoso en el quehacer docente, redoblando esfuerzos cuando trabajamos con niños y adolescentes, en el entendido que “la educación es un proceso de mejora personal que reclama su direccionamiento hacia la verdad y libertad, entendida no como un hacer lo que se quiera sino como querer hacer lo que se debe.” (Delpiazzo, 2001)

Hablar sobre educación sexual y el aborto no transgrede, a nuestro saber y entender, norma de especie alguna. Es parte de la formación necesaria que debemos dar a nuestros niños y adolescentes para evitarle males mayores en su vida, aunque algunas representantes de ciertos movimientos feministas pro aborto hayan salido a rasgarse las vestiduras haciendo declaraciones condenables hacia el grupo que realizó la actividad. Es tan lícito hablar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo como en contra. Más aún, debe hacerse y que cada quien luego asuma la posición que considere adecuada. Apelamos a la tolerancia. Esta debe darse entre los hombres para posibilitar la convivencia y también desde quienes dirigen, para evitar que aquella se resienta. Acordemos que ser tolerante no implica mirar para el costado asumiendo las clásicas actitudes de los denominados monos sabios. Implica valoración adecuada de los hechos para poder determinar su real dimensión y significado.

Si los sucesos de Salto son violatorios de la normativa vigente en la materia, debe identificarse al o los responsables y sancionarse ipso jure. Nuestro sistema jurídico tiene previsto los mecanismos procesales –tanto judiciales como administrativos-, para poder solucionar los conflictos. Ambos procedimientos constituyen una garantía del estado de derecho, constitucionalmente consagrada. Ambos funcionan a través de los organismos judiciales o administrativos existentes al efecto. Son procesos burocráticos que, como tales, tienen su estructura y tiempos preestablecidos.

La burocracia uruguaya frecuentemente no respeta los tiempos, no obstante lo cual, frecuentemente, tampoco tiene consecuencias negativas. Más estricto es el control y más negativas las consecuencias, en los casos de no respetarse las formalidades de los procedimientos.

¿Por qué traemos esto a colación? Porque tenemos la sensación que en el episodio del liceo de Salto se actuó apresuradamente. Como se dice vulgarmente, “se cobró al grito de la tribuna”. En forma inmediata se responsabilizó a la Directora del liceo y se le aplicó una sanción preventiva grave que implicó separación del cargo y retención del cincuenta por ciento de sus haberes. Si bien la sanción está dentro de las previstas en la normativa vigente, por su severidad, es de estilo que para llegar a aplicarla se realice una investigación administrativa previa. Esto permitirá escuchar al imputado y permitirle organizar su defensa y presentar los descargos que considere procedentes. Es parte de la garantía de la que goza el administrado en nuestro sistema jurídico.

Esta celeridad y este celo desmedido en la defensa de determinados valores no ha sido la constante en los organismos educativos. Lentitud, ineficiencia burocrática y tolerancia en algunos casos, extrema rapidez burocrática e intolerancia en otros. Depende de que valores estén en juego. Pero no es bueno que la pasión prime sobre la razón y la norma.

Concluyo con el siguiente pasaje de La Política de Aristóteles, transcripto por Norberto Bobbio: “¿Qué es más útil, ser gobernado por el mejor de los hombres o por la mejor de las leyes?… los gobernantes necesitan la ley que da prescripciones universales, porque es mejor el elemento por el cual no es posible estar sometido a las pasiones que estar sujeto a aquel elemento para el cual las pasiones son connaturales. Ahora bien, la ley no tiene pasiones, cosa que necesariamente se encuentra en cualquier alma humana.” (Bobbio, 1991).

 


 

  • Bobbio, Norberto: El futuro de la democracia, 1991, Fundación de Cultura Económica, México.
  • Constitución de la República Oriental del Uruguay.
  • Delpiazzo, Carlos E.: Dignidad humana y Derecho, 2001, Universidad de Montevideo, Montevideo.
  • Ley de Educación N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008.
  • Risso Ferrand, Martín: Derecho Constitucional, T. I, 2006, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo.
  • Voltaire: Tratado de la tolerancia, 1977, Editorial Crítica, Barcelona.
Juan José Villanueva

Autor: Juan José Villanueva

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Doctor en Diplomacia egresado de la UDELAR. Profesor egresado del INET. Ha cursado la Maestría Educación y Sociedad de la UCUDAL y es Experto Universitario en Administración de la Educación (UNED). Ha realizado diversos cursos vinculados con el área educativa y jurídica. Fue docente de Educación Media Técnica (1974 – 2009), Docente del Instituto de Profesores Artigas y del INET. Coordinador de los Bachilleratos Tecnológicos de UTU, Director del Programa de Administración, Comercialización y Servicios y Secretario Docente del CETP – UTU (1996 – 2004). Coordinador Nacional de Derecho del Consejo de Formación en Educación (2009 – 2011) Ha asesorado y asesora a entidades educativas privadas y desempeña en funciones de Dirección. Es docente de Sociología en instituciones terciarias y universitarias privadas desde el año 2007 y ha realizado diversas publicaciones sobre temas educativos.