Martes, 19 de septiembre de 2017

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Libertad de expresión, libertad de ser

Desde el año 2004, cada 20 de setiembre, se celebra en Uruguay el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Así lo dispuso la ley Nº 17.778, promulgada el 24 de mayo de ese año, pero antes de su dictado, esa fecha ya era motivo de celebración asociada a la libertad de expresión.

Ello se debe a que un 20 de setiembre de 1870 culminó, con la conquista de la ciudad de Roma por las tropas italianas, el poder temporal de los pontífices católicos.  Éstos se habían erigido, a partir de la defensa doctrinal de su fe y de la pretensión de mantener el poder político alcanzado hacía casi mil años, en bastión de resistencia a las ideas de la Ilustración.

Téngase en cuenta que en 1864, a casi ochenta años de la Revolución Francesa y de la

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el Papa Pio IX había promulgado la encíclica Quanta Cura y el tristemente célebre Syllabus (Listado recopilatorio de los principales errores de nuestro tiempo). Allí se condenaba el racionalismo, el liberalismo, el socialismo, la autonomía de la sociedad civil, la libertad de pensamiento, la separación de la Iglesia y el Estado y en general todas las doctrinas humanistas.

Por eso la caída de Roma y del poder temporal del papado, tuvo un simbolismo cuyos ecos resuenan aún hoy, pese a que el tiempo ha demostrado que el dogmatismo, enemigo de la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, tuvo y tiene otras múltiples maneras de perseverar.

De las distintas manifestaciones de la Libertad, la libertad de expresión del pensamiento resulta indispensable para el crecimiento intelectual y moral del ser humano, porque permite echar a volar la imaginación y la inteligencia, causa y origen de toda creación humana.  Y porque ayuda a superar los preconceptos y el dogmatismo, a comprender que la verdad surge de la discusión y del intercambio de ideas, que la comprensión es la base de la tolerancia, necesaria para la convivencia humana y el progreso social.

Tolerancia que no nos impone aceptar o compartir opiniones que no son las nuestras, ni tampoco, por supuesto, renunciar a nuestras ideas y pensamientos y que resulta perfectamente compatible con el debate y la contraposición de ideas, siempre que se desarrollen en un clima de respeto hacia la persona de nuestro ocasional contradictor.

La libertad de expresión conlleva la libertad de pensamiento, la libertad de prensa y el derecho a la información, lo que implica buscarla y divulgarla. Es un derecho humano básico y significa la posibilidad de emitir cualquier opinión sin ser censurado.

Así lo reconoce la Constitución uruguaya, de clara impronta liberal, desde 1830: Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.” (Artículo 29).

Sin embargo, la inveterada pretensión de preservar la “verdad”, revelada o científica y de salvaguardar la paz y la seguridad, siguen llevando muchas veces a su vulneración, cuando no, lisa y llanamente, a su cercenamiento.

Hoy como ayer, quienes procuran limitar la libertad, lo primero que hacen es cercenar la libertad de expresión, porque no hay nada más liberador que el conocimiento y la información, que son su consecuencia.

Cierto es que si la imprenta, en el siglo XVI, significó un cambio trascendente en el acceso y difusión de las ideas, el desarrollo tecnológico y las redes informáticas han potenciado ese fenómeno a una escala aún desconocida.

Pero el mismo desarrollo tecnológico, ha potenciado un fenómeno que puede poner en riesgo la libertad de expresión del pensamiento. El denominado discurso políticamente correcto y la exigencia, muchas veces respaldada por las autoridades, de expresarse en el marco de sus parámetros, se ha erigido en una forma sutil de reprimir el derecho a expresar libremente las opiniones de quienes se apartan de él.

Es una situación que debe llamar a la reflexión, porque en definitiva estas prácticas nos hacen retroceder a la época de la caza de brujas, solo que en lugar de quemar vivas a las víctimas del dogmatismo, las exponemos al escarnio público y a la condena social en las redes.

Redes en las que se expresa, en muchos casos sin percatarse del alcance y las implicancias que conlleva, la idea de que la mayoría está legitimada a censurar a la minoría, peligro del  que el  ensayista estadounidense Lysander Spooner  (1808-1887), advirtió cuando dijo que “decir que las mayorías por ser tales tienen el derecho de imponer reglas a las minorías, es equivalente a decir que las minorías no tienen ni deberían tener ningún derecho, salvo aquel que las mayorías se complazcan en darles.”

Una idea que también se ve reflejada en leyes en las que se limita la libertad de expresión invocando la protección y la promoción de múltiples derechos.

La búsqueda de la verdad basada en la razón, requiere de la libertad de cuestionar la verdad tradicional o mayoritariamente aceptada. Por eso, la libertad siempre será preferible al mejor intencionado de los controles.

Por eso es necesario que el Estado se mantenga neutral y que se abstenga de actuar o de tomar partido en cuestiones de índole religioso y filosófico.

Es lo que en Uruguay conocemos por laicidad, algo imprescindible para para el ejercicio pleno de las libertades y derechos de todos.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Abogado y funcionario. Actualmente es Ministro de la Corte Electoral. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue Prosecretario General del mismo. Es miembro de diversas instituciones culturales y sociales. Colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Es autor de los libros Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional.